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Mientras médicos de distintos puntos del país cumplen una semana de movilizaciones y una huelga nacional en reclamo de mejores condiciones laborales, reajustes salariales y respuestas del Gobierno, el vicepresidente Pedro Alliana apareció participando de actividades vinculadas al Mundial de Rally en Itapúa.

Alliana incluso acompañó al múltiple campeón mundial Sébastien Ogier durante una actividad relacionada con la competencia, una imagen que rápidamente generó un fuerte contraste político con el escenario que atraviesa actualmente el sistema de salud.

El Rally del Paraguay constituye uno de los eventos deportivos internacionales más importantes que recibe el país y representa una importante vidriera para Itapúa y para Paraguay. Sin embargo, la presencia del vicepresidente en actividades recreativas vinculadas al evento ocurre mientras los gremios médicos mantienen una medida de fuerza y reclaman una respuesta concreta del Poder Ejecutivo.

Mientras una parte importante del personal de blanco exige mejores condiciones para trabajar y advierte sobre las dificultades que atraviesan hospitales y servicios públicos, una de las principales autoridades del Ejecutivo eligió mostrarse disfrutando de uno de los principales espectáculos deportivos del fin de semana.

La discusión, por tanto, no pasa por cuestionar la realización del rally ni su importancia económica y turística, sino por la oportunidad política de la imagen.

¿Es conveniente que el vicepresidente aparezca jugando al “rallysta” mientras continúa un conflicto que afecta directamente al sistema de salud y a miles de pacientes?

En política, las imágenes también comunican prioridades. Y en medio de una huelga médica, la escena protagonizada por Alliana difícilmente pase desapercibida.

Tags: “Pedro Alliana”, “huelga de médicos”, “Rally del Paraguay”, “Itapúa”, “Salud Pública”, “Gobierno”, “política nacional”

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, pidió a dirigentes y referentes colorados de Asunción intensificar el trabajo territorial en respaldo a la candidatura de Camilo Pérez para la Intendencia capitalina, de cara a las elecciones municipales de 2026.

Durante una reunión con dirigentes de base, Latorre sostuvo que, pese a los resultados favorables que algunas mediciones otorgan al candidato del oficialismo, la campaña todavía está lejos de estar definida y advirtió que no existe margen para relajarse.

El titular de Diputados insistió en mantener los recorridos por los diferentes barrios de Asunción y fortalecer el contacto directo con los electores. Según explicó, las actividades territoriales tienen convocatorias muy variadas, desde pequeñas reuniones con cinco o seis personas hasta encuentros de mayor participación.

Latorre también pidió cautela respecto a las encuestas y sondeos que posicionan favorablemente a Camilo Pérez, señalando que esos números no deben ser interpretados como una victoria anticipada.

Durante el encuentro también se hizo referencia al plan de gobierno presentado por Pérez, que incluye propuestas para la digitalización de la administración municipal, el reordenamiento financiero de la Comuna, mejoras en seguridad, recolección de residuos y reparación de calles.

Con el calendario electoral avanzando, el oficialismo colorado busca reforzar su estructura territorial en Asunción y evitar que una eventual ventaja en las mediciones genere relajamiento entre sus dirigentes y operadores políticos.

La senadora Yolanda Paredes cuestionó el rechazo del oficialismo a un proyecto que plantea un arancel compensatorio a las cajetillas de cigarrillos para financiar al sector salud. Afirmó que no se puede priorizar a empresas vinculadas a Horacio Cartes por encima de las necesidades de la población.

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, criticó la postura del oficialismo frente al proyecto de ley que propone aplicar un arancel compensatorio a las cajetillas de cigarrillos con el objetivo de generar recursos para el sector de la salud.

La iniciativa fue planteada en medio de los reclamos del sistema sanitario, marcado por denuncias de desabastecimiento de medicamentos e insumos, deudas con proveedores y una huelga general de médicos que exige un reajuste salarial.

Desde sectores del Poder Ejecutivo y Legislativo sostienen que actualmente no existen recursos suficientes para atender las exigencias planteadas por los profesionales de blanco.

Ante este escenario, legisladores de la oposición presentaron un proyecto que busca establecer un arancel compensatorio por cada caja de cigarrillos de 20 unidades.

El senador colorado Natalicio Chase cuestionó la iniciativa y sostuvo que aprobarla significaría “desvestir un santo para vestir a otro”.

Paredes respondió directamente a esa posición y afirmó que no se puede priorizar a empresas vinculadas al presidente de la ANR, Horacio Cartes, por encima de las necesidades de la ciudadanía.

“La empresa de Cartes no puede siempre estar por sobre las necesidades de la población. Sabemos que necesitamos más plata. No puede ser que ellos sigan protegiendo a los empresarios amigos en detrimento del personal de salud, de la atención médica, de la compra de medicamentos”, expresó.

La legisladora agregó que, si el oficialismo rechaza obtener recursos del sector tabacalero, deberá encontrar otras fuentes de financiamiento.

“No le quieren sacar la plata a la tabacalera de Cartes, pues bien, que busquen dinero donde sea, pero que si no tienen, que inventen”, cuestionó.

El debate se produce mientras los médicos mantienen una huelga general en reclamo de un reajuste salarial, señalando que sus remuneraciones permanecen congeladas desde 2012.

La diputada Rocío Vallejo sostuvo que la terna para la Contraloría parece encaminada a favorecer la reelección de Camilo Benítez y advirtió que el PLRA corre riesgo de perder el espacio que históricamente ocupa en la Subcontraloría.

La diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, cuestionó el escenario político abierto tras la conformación de las ternas para la Contraloría General de la República (CGR) y afirmó que el proceso apunta a la continuidad del actual contralor, Camilo Benítez.

“Así como está, yo creo que la terna está para Benítez”, expresó la legisladora al referirse a la definición realizada en el Senado.

Vallejo centró además su preocupación en la elección del próximo subcontralor. Según señaló, existe la posibilidad de que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) pierda el espacio que tradicionalmente ocupa dentro de la institución.

“Evidentemente, la terna está hecha para Camilo. La de subcontralor es en la que existe el peligro de que el pequeño espacio que tiene el PLRA pueda ser perdido”, sostuvo.

La diputada indicó que ahora las negociaciones pasarán a la Cámara de Diputados, donde los votos liberales podrían ser determinantes tanto para la designación de Benítez como para la eventual conservación de la Subcontraloría.

“Vamos a ver las negociaciones en Diputados en cuanto a los votos de los liberales para Camilo y eventualmente conservar, por lo menos, la Subcontraloría para Paiva. Pero las cartas están echadas”, afirmó.

La definición final queda ahora en manos de Diputados, en medio de cuestionamientos de sectores de la oposición sobre el equilibrio político dentro de uno de los principales organismos de control del Estado.

El exministro Arnaldo Giuzzio protagonizó un tenso episodio al término de una jornada de su juicio oral, cuando increpó a los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce. La Asociación de Agentes Fiscales calificó lo ocurrido como una presunta amenaza y pidió a la Corte Suprema medidas urgentes de seguridad. El episodio también abre interrogantes sobre el tratamiento mediático que reciben figuras políticas según su sector de pertenencia.

Arnaldo Giuzzio volvió a quedar en el centro de la controversia tras protagonizar un fuerte cruce con los fiscales que sostienen la acusación en el juicio oral que enfrenta por presunto cohecho pasivo agravado.

El episodio ocurrió el 24 de agosto, al finalizar una de las jornadas del juicio. Mientras la fiscala Verónica Valdez brindaba declaraciones a la prensa, Giuzzio intervino y posteriormente se dirigió al fiscal Jorge Arce. Entre otras expresiones, lanzó un desafiante “vamos a hablar después”.

La situación fue considerada suficientemente grave por la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, que solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia medidas urgentes de seguridad para Valdez y Arce. Según el gremio, Giuzzio habría proferido amenazas directas contra los representantes del Ministerio Público, en un episodio registrado en video y difundido públicamente.

Giuzzio, por su parte, sostiene que no amenazó a los fiscales y que sus expresiones fueron un reclamo por la falta de investigación de una denuncia presentada contra Horacio Cartes.

¿Y si hubiese sido Hernán Rivas?

El episodio deja además una pregunta incómoda sobre el tratamiento político y mediático de determinados protagonistas.

¿Qué habría ocurrido si Hernán Rivas, actualmente también sometido a juicio oral por el caso de su cuestionado título universitario, hubiese apuntado a los fiscales que lo acusan y lanzado una expresión similar?

Probablemente la reacción política y mediática habría sido mucho más intensa.

En el caso de Giuzzio, pese a que el propio gremio fiscal consideró necesario solicitar protección, el episodio no tuvo inicialmente una repercusión proporcional a la gravedad institucional que denunciaron los agentes.

Más aún, el exministro encontró espacios mediáticos para exponer su versión y presentarse como víctima de una supuesta persecución política.

La crítica, entonces, no pasa por impedir que Giuzzio ejerza su defensa —un derecho que le corresponde—, sino por exigir el mismo parámetro para todos.

Si increpar y lanzar advertencias contra fiscales es grave cuando lo hace un dirigente de un determinado sector político, también debe serlo cuando quien protagoniza el episodio es una figura enfrentada al oficialismo.

La vara de la justicia puede discutirse en tribunales. La vara del periodismo también merece ser observada cuando parece cambiar según quién sea el acusado.