El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, confirmó que el Presupuesto General de la Nación para 2027 será tratado entre el jueves y viernes de esta semana. El Gobierno de Pedro Alliana pretende introducir modificaciones para reducir gastos considerados superfluos y destinar mayores recursos a servicios esenciales. En medio de la crisis financiera de Ueno Bank y los cuestionamientos a las instituciones, también se refirió a la posibilidad de impulsar un juicio político contra el fiscal general del Estado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció que el tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027 fue reprogramado para los días jueves 12 y viernes 13 de noviembre, a pedido del Poder Ejecutivo, que busca incorporar modificaciones antes de su aprobación.
La decisión responde a la intención del presidente de la República, Pedro Alliana, de revisar la distribución de los recursos públicos, eliminar gastos considerados innecesarios y fortalecer sectores que enfrentan importantes demandas ciudadanas.
“En el espíritu del presidente Alliana, como en el nuestro, está el de generar recortes a los gastos superfluos para optimizar gastos y poder invertirlos en servicios críticos como son la salud, la educación, la seguridad y la generación de infraestructura”, manifestó Latorre.
Sin embargo, el titular de Diputados reconoció que todavía no se definieron los rubros específicos que sufrirán recortes ni el alcance que tendrán los ajustes dentro de los tres poderes del Estado.
La principal interrogante será determinar si las modificaciones representarán una verdadera reducción del gasto público o simplemente una redistribución de partidas presupuestarias.
Salud pública: medicamentos y atención de calidad entre las prioridades
Latorre también informó sobre una reunión mantenida con el vicepresidente de la República, Antonio Barrios, quien cumple funciones de enlace constitucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
Durante el encuentro abordaron la necesidad de introducir cambios en el sistema sanitario, particularmente en lo relacionado con el abastecimiento de medicamentos y la calidad de los servicios ofrecidos por los hospitales públicos y el Instituto de Previsión Social (IPS).
“La intención es que las familias paraguayas, cuando acudan a un centro de salud, a un hospital del Ministerio de Salud Pública o del Instituto de Previsión Social, puedan contar con un servicio de calidad y encontrar medicamentos”, expresó.
El legislador mencionó, además, las conversaciones con representantes de la industria farmacéutica para avanzar en soluciones que permitan mejorar la provisión de insumos y medicamentos.
El desafío será convertir esos compromisos en medidas concretas, especialmente ante los constantes reclamos ciudadanos por las deficiencias en la atención sanitaria.
Crisis de Ueno Bank: Latorre defiende la respuesta del Congreso
Consultado sobre las consecuencias institucionales de la crisis de Ueno Bank, el presidente de Diputados defendió la actuación del Parlamento y destacó la aprobación acelerada de medidas destinadas a proteger a los ahorristas, principalmente a los pequeños depositantes.
También recordó el tratamiento del juicio político contra el entonces presidente de la República y los acuerdos alcanzados para la elección de nuevas autoridades.
“Dentro de esa lógica creo que está habiendo una respuesta de la institución”, sostuvo.
Sus declaraciones se producen en un escenario de fuertes cuestionamientos a los organismos de control y supervisión financiera, cuya actuación continúa generando interrogantes sobre las responsabilidades institucionales en la crisis bancaria.
Juicio político al fiscal general: no descarta el análisis
Otro de los temas abordados fue la posibilidad de impulsar un juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ante los cuestionamientos relacionados con la actuación del Ministerio Público.
Latorre evitó pronunciarse anticipadamente a favor o en contra de una eventual iniciativa y aseguró que cualquier planteamiento será estudiado sobre la base de documentos y antecedentes.
“Vamos a ir analizando cada situación conforme a la información que se exponga y, por supuesto, los documentos presentados”, afirmó.
El titular de la Cámara Baja insistió en que su responsabilidad es garantizar un procedimiento institucional, sin adelantar decisiones.
“Me toca ejercer un delicado rol institucional y cubrir de institucionalidad este tipo de procedimientos. Voy a proceder de la misma manera que procedimos con el juicio político del presidente de la República, analizando todos los datos, todos los detalles de cada situación y teniendo una posición y una decisión informada”, sostuvo.
Entre las promesas de austeridad y las exigencias ciudadanas
El presidente de Diputados cerró sus declaraciones señalando que el mensaje del Ejecutivo es mantener el trabajo legislativo enfocado en las necesidades de la población.
“Lo que nos pidió es que hagamos lo que siempre tratamos de hacer: trabajar para la gente”, expresó.
No obstante, el verdadero examen político del Gobierno de Alliana y del Congreso estará en los números del PGN 2027: cuánto se recortará de los gastos administrativos, qué sectores deberán ajustarse y cuánto dinero adicional llegará efectivamente a hospitales, escuelas y seguridad pública.
La promesa de austeridad deberá traducirse en decisiones verificables. En un escenario de crisis y desconfianza institucional, los anuncios por sí solos ya no serán suficientes.
