Con 23 votos a favor, 19 en contra y una abstención, el senador Hernán Rivas obtuvo el permiso para apartarse temporalmente de sus funciones legislativas, en una sesión marcada por la división política y los cuestionamientos sobre la legalidad de la medida.
El resultado se dio pese a los intentos de la oposición y de sectores de la disidencia colorada de bloquear la aprobación, al sostener que este tipo de permisos no corresponde para legisladores, sino únicamente en casos vinculados al ejercicio de funciones diplomáticas o cargos en el Poder Ejecutivo. Desde esos bloques advirtieron que la decisión sienta un precedente que desdibuja los límites constitucionales.
El propio Rivas participó de la sesión extraordinaria y votó a favor de su pedido, en medio de la controversia que persiste en torno a su supuesto título de abogado, causa que recientemente fue objeto de un sobreseimiento que generó reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos.
A esto se suma un nuevo frente de conflicto: la fiscala Patricia Sánchez lo señaló como presunto responsable de amenazas en su contra, tras haber impulsado el proceso relacionado con el caso. Este elemento profundiza el clima de tensión en torno al legislador, cuyo caso continúa generando repercusiones más allá del ámbito judicial.
Mientras tanto, la aprobación del permiso deja abierta una discusión de fondo en el Senado: hasta qué punto las mayorías circunstanciales pueden habilitar decisiones que, según sus detractores, bordean los límites de la Constitución y debilitan la institucionalidad.
