Mientras la Municipalidad de Asunción permanece intervenida por orden del Ejecutivo, la Junta Municipal opera sin límites, sin controles ni fiscalización efectiva, expandiéndose como una estructura paralela dentro del Estado. El interventor Carlos Pereira no tiene atribuciones para revisar ni investigar lo que ocurre en este órgano legislativo comunal, lo que deja un vacío institucional peligroso. Y en Ciudad del Este, la historia se repite con Ramón Ramírez, quien tampoco puede tocar a la Junta.
En este escenario de impunidad funcional, los medios de comunicación quedan como la única barrera de control ciudadano. Y lo que se encuentra al observar de cerca es alarmante: la Junta Municipal de Asunción actúa como una mini municipalidad, con sus propias direcciones, secretarías y centenares de funcionarios que, en muchos casos, ni siquiera tienen espacio físico donde cumplir sus funciones.
Según datos de la propia plantilla salarial de junio, en la Secretaría Privada de la Junta hay 78 funcionarios activos. A esto se suman 26 personas más en la Dirección de Gabinete, todos supuestamente con asistencia regular, aunque físicamente no caben en las oficinas asignadas. El colmo de la desproporción: la Junta mantiene una nómina que supera los 1.100 funcionarios, muchos de ellos sin función clara o documentada.
En teoría, la intervención municipal busca transparentar la gestión y corregir irregularidades. Pero en la práctica, las Juntas Municipales permanecen blindadas. Ni el interventor, ni el Ejecutivo, ni la Contraloría han puesto la lupa sobre el funcionamiento real de estos cuerpos legislativos comunales, convertidos hoy en espacios de blindaje político y de colocación masiva de operadores.
Este descontrol institucional no solo compromete la eficiencia del Estado, sino que pone en jaque los recursos públicos. ¿Quién controla a la Junta? ¿Quién audita los sueldos, la asistencia, la productividad? Por ahora, nadie. Y el silencio institucional se vuelve cómplice.
