Daños patrimoniales al Estado sin mayores avances en las investigaciones
Camilo Benítez "nosotros trabajamos con muchísima objetividad, con imparcialidad y muchísima transparencia"
El Ministerio Público recibió solo en 2020 un total de 52 reportes de indicios de hechos punibles que causaron un daño patrimonial al Estado de casi G. 375.000 millones, sin resultados de investigación.
Un total de 52 hallazgos de hechos irregulares se dieron el año pasado tras auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en diversas instituciones, que causaron un daño patrimonial al Estado paraguayo de G. 374.965.076.604.
Todos los hechos fueron reportados al Ministerio Público, ya que la Contraloría no tiene facultad para investigar hechos punibles. Sin embargo, no se dieron mayores avances en las investigaciones, ni hubo imputados o procesados por ninguno de los casos.
Entre los casos de irregularidades se encuentran municipios de 11 departamentos, que generaron un perjuicio de más de G. 361.000 millones.
En cuanto a gobernaciones, la del Departamento de Caaguazú fue la única en la que fue detectado un hecho irregular, con un daño de más de G. 8.000 millones.
Otro caso llamativo fue el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines (Cjpeba), donde se detectó un perjuicio de G. 570 millones.
También en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se encontró un perjuicio de más de G. 704 millones.
Igualmente, en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), con una cifra de más de G. 1.624 millones.
Y, finalmente, en el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) el monto del perjuicio fue de más de G. 2.669 millones.
El contralor general Camilo Benítez, quien esta semana entregó el balance de su gestión al Congreso, señaló que la Contraloría es una de las instituciones del Estado con mayor capacidad técnica y calidad en recursos humanos. “Los auditores de la Contraloría son personas muy objetivas. Nosotros trabajamos con muchísima objetividad, con imparcialidad y muchísima transparencia, esos son los condimentos que debe tener la gestión de cualquier contralor”, aseguró.
Mencionó que se ya trabajan en la reglamentación de la ley de control de las binacionales, que deberán ser auditadas, en un hecho histórico y luego de una gran resistencia sobre todo del Partido Colorado para revisar la ejecución de los recursos de Itaipú y Yacyretá.
En referencia a la afinidad histórica de los contralores con el partido de gobierno, Benítez apuntó que es necesario que el proceso de auditoría de la Contraloría también sea transparentado.
“Que los trabajos se realicen con absoluta imparcialidad, que uno no vea a quién está auditando por el color del partido que pertenece o la orientación ideológica y, en segundo lugar, trabajar con transparencia”, manifestó.
Otro punto importante que destacó el contralor es que los trabajos de auditoría que se realizan también deben ser revisados.
“Es decir, los procesos de auditoría también se deben transparentar, de manera que también nuestro trabajo pueda ser revisado”, resaltó.
Reconociendo que la Contraloría es la máxima instancia de control del Estado, Benítez comentó que para que puedan ser controlados, todos los informes de la institución son publicados en la página web.
“Y pueden ser objeto de revisión por la ciudadana misma. Si es que nosotros hicimos un informe que le blanquea a una autoridad que está cometiendo alguna irregularidad, ese informe es revisable. Entiendo que no es revisable por otra instancia administrativa, pero sí los trabajos se pueden transparentar”, aclaró.
El contralor precisó que los funcionarios están preparados para el desafío de auditar las binacionales, independientemente de quién sea el contralor.
Fuente: ultimahora.com