La elección del próximo contralor general de la República avanza en el Senado en medio de un antecedente que golpea directamente la credibilidad de una de las principales instituciones de control del Estado: tres excontralores generales terminaron condenados por la Justicia.
Daniel Fretes Ventre, Óscar Rubén Velázquez y Enrique García, quienes ocuparon la titularidad de la Contraloría General de la República (CGR) en diferentes periodos, enfrentaron procesos penales que derivaron en condenas, aunque con desenlaces judiciales distintos.
Tres excontralores frente a la Justicia
Daniel Fretes Ventre, contralor entre 1995 y 2000, fue condenado en 2006 a 12 años de prisión por hechos vinculados a su administración. Sin embargo, posteriormente fue absuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que argumentó la existencia de dudas. Su expediente estuvo marcado por años de dilaciones y cuestionamientos sobre la actuación del sistema judicial. Fretes Ventre falleció en diciembre de 2021.
Óscar Rubén Velázquez, quien encabezó la institución entre 2010 y 2015, recibió una condena firme de cuatro años de cárcel por cobro indebido de honorarios y otros hechos punibles. El caso alcanzó gran repercusión pública y fue conocido como el de la “secretaria vip”. En octubre de 2022 obtuvo la libertad condicional.
El tercer caso corresponde a Enrique García, condenado a dos años de prisión con suspensión de la ejecución de la pena por producción y uso de documentos no auténticos e instigación a un subordinado a cometer un hecho punible, en el proceso conocido como caso Ivesur. La condena fue confirmada posteriormente por instancias judiciales.
Estos antecedentes vuelven a cobrar relevancia mientras el Congreso analiza quién estará al frente de una institución encargada, precisamente, de fiscalizar la utilización de los recursos públicos y detectar posibles irregularidades dentro del Estado.
Una institución con amplios poderes de control
La Contraloría General de la República tiene rango constitucional y constituye uno de los pilares del sistema de control estatal. Entre sus atribuciones se encuentran la fiscalización de ministerios, gobernaciones, municipalidades, entes descentralizados y empresas públicas.
También tiene a su cargo el análisis de la ejecución presupuestaria, el control de las declaraciones juradas de bienes y la elaboración de informes técnicos sobre la administración de los recursos públicos.
La importancia del cargo se refleja en que numerosos casos de corrupción e irregularidades administrativas comenzaron a partir de auditorías realizadas por la CGR. Sus observaciones sirvieron como base para investigaciones del Ministerio Público, procesos judiciales, pedidos de intervención, juicios políticos y renuncias de autoridades.
En los últimos años, la institución tuvo una participación relevante en auditorías realizadas al Instituto de Previsión Social, municipalidades, gobernaciones y otras entidades públicas. Los controles detectaron obras inconclusas, pagos sin documentos respaldatorios, deficiencias en las rendiciones de cuentas e inconsistencias patrimoniales de funcionarios.
Avanza el proceso en el Senado
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores continúa este lunes 20 de julio con las audiencias públicas para elegir al próximo contralor y subcontralor general de la República.
Los postulantes presentan sus propuestas de gestión, planes de transparencia y mecanismos para modernizar los sistemas de auditoría. Varios candidatos coincidieron en la necesidad de incorporar nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer los controles y agilizar la detección de irregularidades.
La recomendación que emita la comisión no será vinculante. La decisión final quedará en manos del pleno de la Cámara de Senadores, donde cada legislador deberá votar por los candidatos que integrarán las ternas correspondientes.
El mandato del actual contralor, Camilo Benítez, se encuentra próximo a concluir y su nombre aparece nuevamente dentro del proceso de selección.
La elección se produce en un escenario especialmente sensible. El próximo titular de la CGR no solamente tendrá la responsabilidad de controlar el manejo de miles de millones de guaraníes del Estado, sino también el desafío de recuperar la confianza ciudadana en una institución cuyo historial quedó marcado por los procesos y condenas contra varios de sus propios exjefes.
