AREGUÁ. La Contraloría General de la República (CGR) afirma que en la rectificación de la rendición de cuentas presentadas por la Gobernación de Central se incluyó la contratación de obras que ya fueron ejecutadas antes de la promulgación de la Ley Nº 6641/2020 de emergencia sanitaria por covid-19, que impulsó la reactivación económica en el XI departamento. El ente contralor confirmó que el gobernador Hugo Javier González (ANR- HC) es el principal responsable de velar por los recursos, pero le recomendó fortalecer su control interno.
La Contraloría General de la República (CGR) fiscalizó las 14 obras hechas por la oenegé G Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) por un valor de G. 5.105 millones, otorgados por la Gobernación de Central, administrada por Hugo Javier González Alegre.
La institución departamental recibió del Ejecutivo en diciembre de 2020 la suma de US$ 1 millón (G. 6.382 millones), de fondo covid-19, en el marco de la Ley Nº 6641/2020, para la reactivación económica en el departamento Central.
En la rendición de cuentas de la Gobernación aparecen facturas clonadas, anuladas, comprobantes sin recibos de cancelación, empresas fantasmas, entre otras anomalías. La causa es investigada por el Ministerio Público y fueron imputadas 16 personas, entre ellas Hugo Javier y Tadeo Álvarez, presidente de CIAP, por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa.
Al respecto, en el informe final de fiscalización el equipo auditor observó al gobernador Hugo Javier sobre la rectificación de la rendición de cuentas presentada por la Gobernación de Central, donde “se incluyó la contratación de obras que ya se encontraban ejecutadas al momento de la firma del contrato, y por otro lado, la recepción definitiva de una obra sin que la misma esté efectivamente terminada”.
Esto confirma la sospecha de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Secretaría de Estado de Tributación (SET), de Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y del Ministerio Público.
La verificación se realizó a través de imágenes satelitales obtenidas mediante el programa “Google Earth Pro”, sobre la “construcción asfalto de acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario del departamento Central, ramal de Capiatá – Areguá”.
“Se verificó que esta obra se encontraba ejecutada ya en octubre de 2020, dos (2) meses antes de la firma del contrato y del acta de inicio (2//12/2020), inclusive antes de la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Gobernación del Departamento Central y la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional que es el 18/11/2020″, dice el informe.
Además se agrega que el 25/02/2021 se firmó el acta de recepción final de la obra. Según factura a nombre de CIAP, de Tadeo Álvarez, la obra costó G. 390.860.000 y supuestamente fue hecha por el ingeniero civil Óscar Morel Oses, imputado en la causa.
También, en el contrato de transferencia de recursos, firmado el 05/02/2021, fecha posterior a la fecha del contrato, se lee en su cláusula quinta de “verificación”, que “la Gobernación de Central controlará la correcta ejecución de la transferencia a través de los órganos competentes para el efecto”.
“Dudas temporales”
En su descargo, el gobernador Hugo Javier no supo explicar el pago por una obra ya existente desde dos meses antes del desembolso del fondo covid, de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones). Sostiene que dicha obra fue realizada “respetando los parámetros establecidos en la ley de Reactivación Económica Nº 6641/2020″.
Sigue diciendo que “las erogaciones y pagos por esta obra fueron realizadas exclusivamente dentro de un solo rubro y una sola ejecución presupuestaria, habiéndose pagado al costo de mercado, sin que ello represente un daño patrimonial a los fondos públicos o al presupuesto de la Gobernación del departamento Central”.
Es más, solicitó al equipo auditor verificar íntegramente la obra respecto al costo y los pagos, ya que “si bien pueden estipularse dudas temporales, no existen daños patrimoniales que puedan afectar el erario público”.
Obra inconclusa
En el segundo punto de la observación uno, se destaca una obra inconclusa y totalmente pagada, referente a la construcción de un empedrado de la calle Padre Pío de la compañía Itapuamí de Luque. El acta de recepción final de la obra fue firmada el 10/05/2021, sin embargo, al 29/05/2021 se constata que los trabajos no estaban concluidos.
Según rendición de cuentas del gobernador Hugo Javier la obra costó G. 815.180.860 y estuvo a cargo del ingeniero Óscar Morel Oses, quien fue contratado por la oenegé CIAP.
En su defensa, el administrador departamental respondió bajo los mismos términos referidos al asfaltado que ya existía dos meses antes del desembolso del fondo covid-19. Insistió en que las dudas son temporales y que no existe daño patrimonial.
Refutaron descargo
El equipo auditor en la evaluación del descargo del gobernador de Central, Hugo Javier González, dice que dicho “descargo remitido no se refiere a la observación realizada por la Contraloría General de la República”.
En cuanto al asfalto en el acceso al Consejo Regional de Salud y del Parque Sanitario se afirma que la Gobernación no presentó «evidencias de que dicha obra no se haya pagado con otro fondo o no pertenezca a otro contrato anterior”. La Contraloría sostiene que la obra ya había sido ejecutada dos meses antes de la promulgación de la ley de emergencia sanitaria.
Referente al empedrado sin terminar en Luque, aseguran que “no es correcto que se emita la recepción definitiva de la obra sin que la misma esté concluida”.
Los auditores se ratificaron en las observaciones y aseguran que no existió el debido control interno de los recursos transferidos a CIAP. A pesar de las groseras faltas cometidas por el mismo gobernador Hugo Javier que no vigiló con celo el manejo de los recursos de la institución, la CGR le recomendó “fortalecer el control interno” para la protección de los recursos invertidos.
Fuente: abc.com.py
