Una nueva operación financiera bajo cuestionamiento salpica al Banco Nacional de Fomento (BNF). La entidad estatal habría otorgado préstamos por más de G. 300.000 millones a Ueno Bank mediante operaciones interbancarias de corto plazo, conocidas como call money. Ahora, la gran incógnita es cuánto de ese dinero regresó efectivamente a las arcas del banco público.
Según informaciones difundidas, los préstamos habrían sido concedidos mediante operaciones financieras con plazos de devolución de hasta 30 días.
La revelación genera interrogantes sobre los controles internos del BNF, los criterios utilizados para autorizar semejantes movimientos y la evaluación de los riesgos que representaba prestar recursos a una entidad que posteriormente terminó sometida a un proceso de resolución bancaria.
EL CONGRESO PEDIRÁ EXPLICACIONES
Ante estos antecedentes, desde el Congreso se anuncia un pedido de informes al Banco Nacional de Fomento para determinar el monto exacto de las operaciones, las fechas de los desembolsos, los funcionarios que las autorizaron y, fundamentalmente, cuánto dinero fue recuperado.
También será necesario establecer si existieron renovaciones de los préstamos, qué tasas de interés se aplicaron y si quedaron obligaciones pendientes al momento de la caída de Ueno Bank.
¿QUIÉNES AUTORIZARON LOS PRÉSTAMOS Y DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
La controversia se suma a los cuestionamientos por la exposición de fondos de instituciones públicas en Ueno Bank.
Hasta el momento, no se cuenta con una confirmación pública verificable de cuánto de los supuestos G. 300.000 millones fue efectivamente devuelto al BNF.
El caso exige respuestas documentadas y transparencia sobre las decisiones financieras adoptadas por las autoridades de la banca estatal.
Porque la pregunta ya no es solamente cuánto dinero prestó el BNF, sino quién autorizó esas operaciones, bajo qué condiciones y cuánto dinero público permanece comprometido.
