La asignación de una vivienda financiada por el MUVH al senador genera interrogantes sobre los criterios utilizados y su capacidad de pago una vez que deje el cargo.
La adjudicación de un departamento de alto valor al senador Javier “Chaqueñito” Vera por parte del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) comenzó a generar cuestionamientos públicos sobre los criterios utilizados para otorgar el financiamiento.
De acuerdo con los datos conocidos, la cuota del inmueble rondaría los G. 3 millones mensuales durante un plazo de 20 años, lo que abre interrogantes sobre cómo el legislador afrontaría el compromiso financiero una vez que finalice su mandato parlamentario en 2028.
El caso también reavivó el debate sobre el acceso real de los ciudadanos a los programas de vivienda del Estado, especialmente en relación con los requisitos y parámetros establecidos por el propio MUVH para acceder a estos beneficios.
La periodista Rocío Pereira da Costa planteó públicamente la controversia al señalar: “La gente que trabaja honestamente, ¿va a tener la misma suerte de obtener este financiamiento sin cumplir estrictamente los parámetros del MUVH?”.
Las dudas se centran en si las condiciones aplicadas al caso del senador se ajustan realmente a los criterios técnicos y sociales que rigen los programas habitacionales, o si se trata de un tratamiento preferencial.
El tema volvió a instalar el debate sobre la transparencia en la asignación de viviendas financiadas por el Estado, especialmente cuando los beneficiarios ocupan cargos públicos o cuentan con exposición política.
