


La iniciativa propone modificar el esquema vigente, que actualmente otorga a los beneficiarios poco más de G. 700.000 mensuales, con el objetivo de garantizar un ingreso que cubra de manera más adecuada las necesidades básicas de este sector de la población.
Los impulsores del proyecto sostienen que el monto actual resulta insuficiente frente al costo de vida, especialmente para las personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad, quienes dependen de este ingreso para cubrir gastos esenciales.
De aprobarse la propuesta, los beneficiarios pasarían a percibir el salario mínimo completo, en un intento por mejorar su calidad de vida y brindar mayor protección social a uno de los sectores más sensibles de la sociedad.
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