Tres funcionarias denunciaron un presunto esquema de recaudación ilegal en el despacho de la senadora cartista Zenaida Delgado. Aseguran que debían entregar sus bonificaciones mensuales, endeudarse para conseguir nombramientos y enfrentar amenazas de despido si no cumplían con las exigencias económicas. La legisladora niega las acusaciones y anuncia acciones legales.
Cargos públicos convertidos en un negocio millonario, según denunciantes
Una grave denuncia de presunta corrupción sacude nuevamente al Congreso Nacional. Tres funcionarias señalaron directamente a la senadora Zenaida Delgado como supuesta responsable de un mecanismo de cobros irregulares que habría convertido contratos, bonificaciones salariales y nombramientos permanentes en una fuente de recaudación privada.
Los testimonios divulgados este lunes 26 de octubre, a través de una investigación periodística de Radio Monumental, describen un sistema en el que los trabajadores debían entregar parte de sus remuneraciones para conservar sus puestos y pagar sumas de hasta G. 100 millones para acceder a un nombramiento.
Según las denunciantes, el supuesto esquema afectaría a entre 15 y 20 funcionarios del Congreso Nacional.
El primer negocio: cobrar por trabajar
El mecanismo denunciado comenzaría con la contratación de funcionarios a quienes se asignaban cargos con bonificaciones por responsabilidad.
Sin embargo, según los testimonios, esos beneficios económicos no quedaban en manos de los trabajadores, sino que debían ser entregados periódicamente a la legisladora.
Los montos exigidos habrían oscilado entre G. 1.350.000 y G. 2.500.000 mensuales, dependiendo del salario y la función asignada.
Una de las denunciantes resumió el presunto sistema con una afirmación contundente:“Somos más de 15 funcionarios, toditos estamos con cargos, ¿y por qué el cargo? Porque cada persona que tiene un cargo tiene una bonificación y esa bonificación es justamente para la senadora”.
Entre los ejemplos mencionados figura un cargo denominado Director de Asuntos Entrantes, con una remuneración de G. 12.300.000, que incluía una bonificación de G. 2.800.000.
De acuerdo con las denunciantes, los pedidos de dinero eran constantes y se realizaban mediante mensajes, transferencias bancarias o intermediarios.
El segundo negocio: hasta G. 100 millones por un nombramiento
La segunda etapa del presunto esquema consistiría en exigir pagos millonarios a funcionarios que aspiraban a obtener estabilidad laboral mediante nombramientos permanentes.
Las cifras denunciadas van desde G. 20 millones hasta G. 100 millones.
Algunas trabajadoras afirmaron que, ante la imposibilidad de reunir esos montos, habrían sido presionadas para contratar préstamos bancarios y créditos a través de la Caja Parlamentaria.
Una de ellas aseguró haber entregado G. 50 millones mediante préstamos, quedando comprometida con cuotas mensuales cercanas a G. 5 millones.
Otra relató que consiguió G. 15 millones para responder parcialmente a una exigencia inicial de G. 50 millones. Posteriormente, según su testimonio, habría recibido un nuevo pedido de G. 100 millones.
Las denunciantes sostienen que quienes se negaban a pagar o no completaban las sumas requeridas quedaban expuestos a la desvinculación, incluso después de haber entregado importantes cantidades de dinero.
Funcionarios endeudados y amenazas de despido
Uno de los aspectos más delicados de las denuncias es la supuesta utilización de la inestabilidad laboral como mecanismo de presión.
De acuerdo con los testimonios, los funcionarios que todavía no habían adquirido estabilidad podían ser separados de sus puestos, generando nuevas vacancias que permitirían repetir el presunto mecanismo de cobros.
Una de las denunciantes afirmó haber perdido su empleo después de entregar dinero para obtener un nombramiento, mientras continuaba obligada a pagar los créditos contraídos.
Otra aseguró haber recibido una intimación extrajudicial destinada, según su interpretación, a impedir que divulgara información relacionada con los supuestos pagos.
Apuntan a otros funcionarios del Congreso
Los testimonios también mencionan a personas que presuntamente habrían intervenido en distintas etapas del mecanismo denunciado.
Entre ellas figura Norma Cardozo Vázquez, directora de Talento Humano del Senado, quien, según las denunciantes, habría manejado información sobre cupos disponibles para nombramientos.
También mencionan a Rafael García, vinculado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso, por una supuesta intervención en la gestión de créditos.
Las funcionarias sospechan, además, que determinadas resoluciones salariales y administrativas habrían contado con el aval del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez. Estas afirmaciones constituyen sospechas de las entrevistadas y no acreditan por sí mismas participación irregular de los funcionarios mencionados.
Otro nombre señalado es el de Fátima Agüero, exfuncionaria cercana a Delgado, procesada en 2024 por un supuesto esquema de venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS).
Según los relatos, Agüero habría actuado como intermediaria para el ingreso de personal y posteriormente en la entrega de notificaciones e intimaciones.
Zenaida Delgado niega las acusaciones y Bachi anuncia un sumario
Tras hacerse públicas las denuncias, la senadora Zenaida Delgado rechazó las acusaciones y sostuvo que las exfuncionarias fueron desvinculadas por presuntas irregularidades, entre ellas lesión de confianza y falsificación de firmas. También anunció que emprenderá acciones legales.
Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, manifestó que solicitará la apertura de un sumario para investigar los hechos denunciados y aseguró que no protegerá a legisladores que incurran en conductas indebidas.
Un escándalo que exige respuestas institucionales
Las acusaciones plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación, la asignación de bonificaciones, los nombramientos y los controles administrativos dentro del Congreso Nacional.
De comprobarse los hechos denunciados, no se trataría simplemente de pedidos irregulares de dinero, sino de una posible estructura de aprovechamiento de cargos públicos para obtener beneficios económicos particulares.
La gravedad de los testimonios exige una investigación independiente que permita determinar si existieron transferencias indebidas, presiones laborales, intermediación irregular o responsabilidades administrativas y penales.
La pregunta que queda instalada es contundente: ¿los cargos del Senado se asignan por capacidad y necesidad institucional o pueden convertirse en mercancía política para beneficio de quienes controlan los nombramientos?
Por el momento, las acusaciones deben ser investigadas y las responsabilidades individualizadas conforme a las pruebas.
