Categoría: Gobierno

La Justicia resolvió desestimar la denuncia penal presentada contra el exdiputado Orlando Arévalo, su esposa Carolina González y la fiscala Sandra Ledesma por supuestos hechos de tráfico de influencias, lavado de dinero y otros delitos.

La decisión fue adoptada por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, mediante el Auto Interlocutorio N.º 273, de fecha 19 de agosto. El magistrado hizo lugar al requerimiento presentado por el fiscal Francisco Cabrera, quien sostuvo que no se reunieron elementos suficientes para sostener los hechos punibles denunciados.

La causa se había iniciado a partir de una denuncia presentada por María José Bareiro Duré, representante de la empresa Rehobot Construcciones, en medio de un conflicto relacionado con trabajos realizados en la vivienda del matrimonio Arévalo-González.

Según la denuncia, existía un saldo pendiente por la remodelación del inmueble y, tras los reclamos de la constructora, supuestamente se habría recurrido a influencias políticas y acciones judiciales para presionar a la empresaria. Entre los hechos denunciados figuraban lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias, extorsión, soborno agravado y persecución de inocentes.

Sin embargo, el Ministerio Público concluyó que los elementos recabados durante la investigación no permitían sostener esas acusaciones. En el caso del supuesto tráfico de influencias y soborno agravado, la Fiscalía señaló que no pudo acreditarse la existencia de un esquema de favores o contraprestaciones.

Respecto al presunto lavado de dinero, tampoco se pudo determinar en esta causa la existencia de un hecho precedente que permitiera configurar ese delito. No obstante, los antecedentes patrimoniales fueron remitidos a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para evaluar si corresponde abrir una investigación independiente.

Con la resolución de Otazú, el expediente será remitido nuevamente al Ministerio Público para su archivo. La desestimación, sin embargo, no impide que la causa pueda ser reabierta en caso de que aparezcan nuevos elementos que modifiquen las circunstancias consideradas por la Justicia.

Paraguayo “Payo” Cubas comenzó a mover el tablero de la oposición con miras a las elecciones generales del 2028. El líder de Cruzada Nacional planteó públicamente una eventual dupla presidencial integrada por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, y la senadora Yolanda Paredes, dejando su propio nombre fuera de la chapa.

La propuesta fue realizada a través de las redes sociales de Cubas, quien aseguró que respaldaría a la fórmula Estigarribia–Paredes tanto en una eventual preinterna opositora con padrón abierto como posteriormente en las elecciones generales.

Cubas incluso presentó una proyección propia sobre cómo podrían distribuirse los votos entre algunas de las principales figuras que hoy aparecen dentro de la oposición.

Según sus números, la dupla Ricardo Estigarribia–Yolanda Paredes alcanzaría entre el 43% y 46%; una fórmula integrada por Miguel Prieto y Salyn Buzarquis, entre 34% y 38%; mientras que Kattya González y Carlos Mateo Balmelli quedarían entre 19% y 23%. Se trata de una estimación difundida por el propio Cubas y no de resultados de una interna o medición oficial.

El dirigente justificó su propuesta señalando, entre otros factores, la estructura política de Estigarribia dentro del PLRA, el caudal electoral obtenido por Paredes en las elecciones de 2023 y los más de 690.000 votos que consiguió él mismo en las últimas presidenciales.

Yolanda no confirma, pero tampoco cierra la puerta

Yolanda Paredes respondió que actualmente no existe ninguna dupla definida y consideró que primero la oposición debe establecer reglas claras para definir a sus candidatos.

La senadora sostuvo que la discusión formal debería darse después de las elecciones municipales y que todavía debe resolverse si la oposición recurrirá a internas, encuestas u otro mecanismo para conformar una chapa única. No obstante, ante la posibilidad de asumir un desafío electoral de mayor envergadura, manifestó sentirse preparada “intelectual y moralmente”.

La discusión se instala mientras Ricardo Estigarribia ya confirmó públicamente sus aspiraciones presidenciales y promueve una competencia opositora con reglas claras para definir la fórmula que enfrentará al Partido Colorado en 2028.

Soledad Núñez, candidata a la Intendencia de Asunción por la Alianza Juntos por Asunción, mantuvo un encuentro con representantes de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (CISPY), con quienes abordó propuestas para mejorar la recolección, clasificación y disposición final de los residuos en la capital.

La candidata señaló que uno de los principales desafíos para una futura administración municipal será cambiar la manera en que la ciudad gestiona sus desechos, apostando por la educación ciudadana, el reciclaje y un sistema más eficiente de recolección.

“Un verdadero universo de oportunidades existe en el manejo adecuado de los residuos, donde el rol de la Municipalidad debe ser el de reeducar a los vecinos y transformar por completo la disposición final de los mismos”, expresó Núñez.

Durante el encuentro, la candidata conoció el funcionamiento y el potencial de las industrias dedicadas al reciclaje y al aprovechamiento sustentable de residuos.

Núñez explicó además que su programa de gobierno contempla un capítulo específico sobre limpieza permanente e inteligente de Asunción, que incluye medidas relacionadas con la recolección, clasificación y disposición final de los residuos.

La propuesta apunta a avanzar hacia una ciudad más limpia, incorporando al reciclaje como parte de la gestión municipal y promoviendo una mayor participación de vecinos y empresas del sector.

El candidato a intendente de Asunción por la Lista 1, Camilo Pérez, presentó este jueves su Plan de Gobierno y detalló los principales ejes que plantea impulsar en caso de llegar a la Municipalidad de la capital.

El acto contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, además de otras autoridades y dirigentes del Partido Colorado.

Durante la presentación, Pérez aseguró que su propuesta apunta a enfrentar algunos de los principales problemas de Asunción, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad con menos baches, mayor limpieza y seguridad, además de una administración municipal más moderna, digital, eficiente y transparente.

El candidato sostuvo que pretende desarrollar un modelo de gestión basado en capacidad técnica, experiencia y resultados. “Me considero un gestor, una persona que sabe articular las organizaciones que tiene cerca para hacer que las cosas pasen”, expresó.

Según explicó, su eventual administración tendrá tres grandes ejes: la recuperación de la salud financiera de la Municipalidad, la reorganización de las direcciones y funcionarios municipales y la digitalización de los servicios y procesos internos.

Deuda y bonos municipales

Uno de los puntos centrales de su propuesta está relacionado con la delicada situación financiera de la comuna capitalina.

Pérez señaló que la Municipalidad mantiene alrededor de USD 120 millones en bonos y aseguró que buscará refinanciar esa deuda en condiciones más favorables.

“Vamos a salir a recuperar esos bonos y financiar más barato. Ya conseguimos al 6,3%, que es un tercio más barato de lo que se paga, con un año de gracia para poder tener un respiro en nuestro primer año de administración municipal”, afirmó.

El candidato también indicó que se encuentra trabajando con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para buscar una salida a la deuda que, según sostuvo, mantiene el Estado con la Municipalidad de Asunción.

El monto mencionado ronda los G. 365.000 millones, equivalentes aproximadamente a USD 60 millones.

Ley de Capitalidad

Pérez también planteó como uno de sus objetivos avanzar con la denominada Ley de Capitalidad, con la intención de conseguir mayores recursos para Asunción atendiendo su condición de capital del país y las obligaciones adicionales que implica recibir diariamente a miles de personas provenientes de otras ciudades.

Con estas propuestas, el candidato colorado busca instalar la gestión financiera y administrativa como uno de los principales ejes de su campaña rumbo a la Intendencia de Asunción.

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, dispuso el retiro del semáforo instalado en el cruce Pedrozo, sobre el km 47,2 de la ruta PY02, luego del accidente que dejó seis personas fallecidas y que desató fuertes cuestionamientos políticos y ciudadanos hacia la gestión del MOPC en la zona.

Según informó la cartera de Obras Públicas, los trabajos para retirar el dispositivo comenzarán este viernes 21 de agosto, aproximadamente a las 07:00. Antes de esa intervención, el cruce será cerrado mediante barreras New Jersey de hormigón.

La decisión se produce en momentos en que Centurión enfrenta cuestionamientos desde distintos sectores políticos por las condiciones de seguridad del tramo y por las medidas implementadas antes de la tragedia. Legisladores incluso plantearon pedidos de explicaciones y eventuales acciones contra autoridades de la institución.

Con el cierre definitivo de la intersección, los conductores deberán utilizar los retornos habilitados sobre la ruta PY02. Los vehículos que salgan de Hugua Hû con dirección a Caacupé o Ciudad del Este tendrán que utilizar el retorno ubicado en el km 45,8. Ese mismo punto será empleado por quienes circulen desde Caacupé hacia Pirayú o necesiten realizar un retorno.

Por su parte, quienes salgan de Pirayú con dirección a Asunción deberán dirigirse al retorno del km 48,6. También deberán utilizarlo quienes circulen desde Asunción hacia Hugua Hû.

La Patrulla Caminera tendrá presencia en los retornos y en ambos lados de la antigua intersección, incluyendo las zonas de Hugua Hû, Pedrozo y Kurusu Peregrino. También participarán banderilleros de la empresa concesionaria para orientar a los automovilistas.

El MOPC anunció además el refuerzo de la señalización, controles de velocidad y nuevas indicaciones para que los vehículos pesados circulen por el carril derecho. A los camioneros se les advertirá sobre la utilización del freno motor durante el descenso y sobre la ubicación de la rampa de frenado de emergencia.

En Kurusu Peregrino, la Patrulla Caminera realizará controles obligatorios a todos los camiones que desciendan por el cerro y verificará el peso de las cargas mediante una báscula móvil.

El retiro del semáforo constituye una de las primeras modificaciones concretas adoptadas por el MOPC después de la tragedia. Sin embargo, continúan los cuestionamientos sobre por qué estas medidas de seguridad no fueron implementadas previamente y sobre las responsabilidades en torno al esquema vial que funcionaba en el lugar.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-Capital), anunció su respaldo al proyecto de ley que busca endurecer las penas para los hechos de corrupción y sostuvo que el combate contra este flagelo debe abarcar tanto al sector público como al privado.

Durante el tratamiento de la iniciativa en la Cámara Baja, Latorre afirmó que la corrupción constituye un problema que atraviesa distintos ámbitos de la sociedad y remarcó que la respuesta debe ir acompañada de una lucha firme contra la impunidad.

“La corrupción es un problema transversal que atraviesa absolutamente todos los sectores de la sociedad, el sector público y el sector privado”, señaló.

El titular de Diputados sostuvo que el endurecimiento de las sanciones representa una señal política importante, aunque advirtió que el aumento de las penas, por sí solo, no resolverá el problema.

“Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas”, expresó.

Pide una Justicia más eficiente

Latorre también puso el foco en el funcionamiento del sistema judicial y señaló que el país necesita una Justicia capaz de responder de manera equilibrada y oportuna ante los hechos de corrupción.

“Tenemos que trabajar en el sistema de justicia, para que verdaderamente pueda existir justicia en el Paraguay. Una justicia equilibrada, una justicia oportuna, porque la justicia tardía tampoco es justicia”, manifestó.

El diputado afirmó además que la clase política tiene la responsabilidad de enviar señales concretas a la ciudadanía sobre su voluntad de enfrentar la corrupción.

“Nosotros, la clase política, tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, sostuvo.

Finalmente, adelantó su acompañamiento a la propuesta y reconoció que la modificación legislativa no constituye una solución definitiva, aunque la calificó como un paso concreto para endurecer la respuesta del Estado.

El proyecto modifica varios artículos del Código Penal y de la Ley Nº 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias.

La iniciativa fue aprobada en general por la Cámara de Diputados y continuará su estudio con las modificaciones planteadas durante el tratamiento legislativo.

La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que busca declarar como Área Silvestre Protegida bajo dominio público al Parque Mbaracayú, ubicado en el Área Habitacional Nº 4 de Ciudad del Este.

La iniciativa, impulsada por el senador Javier Zacarías Irún, pretende otorgar mayor protección jurídica a uno de los espacios verdes de la capital de Alto Paraná, en medio de antecedentes de conflictos e intentos de ocupación del lugar.

Durante el tratamiento en particular, la senadora Yolanda Paredes planteó varios cambios al proyecto original. Entre ellos, propuso modificar la categoría de manejo de “parque urbano” a “paisaje protegido”, además de incorporar expresamente la superficie comprendida dentro del área.

El texto también establece que Itaipú Binacional tendrá participación en la administración y protección del espacio, en coordinación con la Municipalidad de Ciudad del Este y bajo fiscalización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

La superficie señalada en el proyecto corresponde a aproximadamente 6,2 hectáreas, donde también se encuentra una naciente cuya conservación quedaría contemplada dentro de la protección legal.

Zacarías Irún defendió la propuesta señalando que se trata de un espacio verde estratégico para Ciudad del Este debido a su ubicación y valor ambiental.

El parque se encuentra entre las áreas habitacionales 4 y 8, frente al Hospital Regional y en inmediaciones de la supercarretera, en una zona altamente urbanizada de la ciudad.

Con la aprobación del Senado, el proyecto continuará su trámite legislativo debido a las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.

La propuesta busca establecer herramientas legales que permitan impedir futuras ocupaciones o intervenciones que puedan afectar el área verde y garantizar su conservación para uso de la comunidad.

Un grupo de senadores presentó un proyecto de ley que busca declarar el 31 de octubre como Día Nacional de la Iglesia Evangélica en Paraguay, con el argumento de reconocer su aporte histórico, cultural, social, educativo, humanitario y espiritual en el país.

La iniciativa es impulsada por los senadores Lizarella Valiente, Gustavo Leite, Orlando Penner y Blanca Ovelar, y establece además la participación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en la conmemoración.

Según el proyecto, el MEC, a través del Viceministerio de Culto, deberá incorporar la fecha al calendario escolar e impulsar actividades vinculadas a la celebración y difusión del aporte de las iglesias evangélicas.

La propuesta, sin embargo, podría ir más allá de una simple fecha conmemorativa. La senadora Lizarella Valiente adelantó que durante el estudio en comisiones planteará que el 31 de octubre sea declarado feriado nacional.

Valiente reconoció que la mayoría de la población paraguaya profesa la religión católica, pero defendió la iniciativa señalando que las iglesias evangélicas promueven principios y valores que, según expresó, tienen alcance universal.

La legisladora destacó especialmente la promoción de las buenas costumbres, los valores y la defensa de la familia, siempre dentro de lo establecido por la Constitución Nacional.

El proyecto deberá ahora atravesar el análisis de las comisiones correspondientes antes de llegar a una eventual votación en el pleno.

La propuesta se suma a otras iniciativas impulsadas recientemente en el Congreso para establecer distintas fechas conmemorativas a través de leyes. En los últimos meses, el Senado trató proyectos similares relacionados con días nacionales y fechas de reconocimiento institucional.

De prosperar la modificación anunciada por Valiente, el debate no solamente girará alrededor del reconocimiento a las iglesias evangélicas, sino también sobre la conveniencia de sumar un nuevo feriado al calendario nacional.

El senador liberal Éver Villalba, en representación del bloque opositor, presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue la eventual responsabilidad penal de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, tras el accidente ocurrido en Pedrozo que dejó seis personas fallecidas.

La presentación también alcanza al viceministro de Obras, Hugo Arce, a funcionarios vinculados al área y a representantes del Consorcio Rutas del Este, encargado de trabajos de construcción y mantenimiento vial en la zona donde se produjo la tragedia.

Villalba había adelantado antes de la sesión del Senado que la bancada democrática preparaba una acción penal a raíz de lo ocurrido. Finalmente, la denuncia fue formalizada con el pedido de que el Ministerio Público determine si existieron responsabilidades por las condiciones de seguridad del cruce semafórico.

El legislador sostuvo que la investigación debería analizar posibles hechos de homicidio culposo e incluso dolo eventual, argumentando que las autoridades ya conocían los antecedentes de peligrosidad del lugar.

Según Villalba, en el mismo cruce ya se había registrado en 2024 otro grave accidente de características similares, por lo que cuestionó que, dos años después, no se hayan aplicado medidas suficientes para evitar una nueva tragedia.

Para el senador, este antecedente es clave para establecer si existió conocimiento previo del riesgo y una eventual omisión de las autoridades responsables.

La denuncia ahora queda en manos del Ministerio Público, que deberá analizar los elementos presentados y determinar si corresponde abrir una investigación penal contra la ministra, el viceministro, otros funcionarios y los responsables del consorcio mencionado.

La tragedia de Pedrozo elevó la presión política sobre Claudia Centurión y el MOPC, mientras desde sectores de la oposición también se reclaman explicaciones sobre las condiciones de seguridad vial y las decisiones adoptadas en ese tramo.