Categoría: Gobierno

  • Cámara confirma que Luis Riart no puede acceder a libertad condicional

    Cámara confirma que Luis Riart no puede acceder a libertad condicional

    La Cámara de Apelación confirmó el rechazo al pedido de libertad condicional presentado por la defensa del exministro de Educación Luis Riart, condenado a tres años de prisión por lesión de confianza en el marco de la compra irregular del edificio Excelsior.

    El Tribunal ratificó que Riart no reúne actualmente los requisitos legales para acceder al beneficio, debido a que cumple su condena bajo prisión domiciliaria y no se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario.

    Según el fallo, esta condición resulta determinante para evaluar el otorgamiento de la libertad condicional.

    Riart cumple su pena desde diciembre de 2024. Previamente permaneció durante casi seis meses recluido en la Agrupación Especializada.

    La condena guarda relación con la adquisición del edificio Excelsior por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), operación en la que la Justicia determinó la existencia de un perjuicio patrimonial al Estado. El inmueble fue adquirido por un monto superior a su valuación, bajo el argumento de una supuesta urgencia institucional.

    Además, quedó establecido que la defensa del exministro no podrá presentar una nueva solicitud de libertad condicional durante los próximos seis meses, salvo que se produzca una modificación en su situación de reclusión.

    Gentileza: Mega TV

  • ISAÍAS FRETES SE MOLESTÓ POR CONSULTA SOBRE FALTA DE MEDICAMENTOS EN IPS

    ISAÍAS FRETES SE MOLESTÓ POR CONSULTA SOBRE FALTA DE MEDICAMENTOS EN IPS

    El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, protagonizó un tenso momento con una cronista durante una entrevista con medios de comunicación, luego de ser consultado sobre la falta de medicamentos e insumos en la previsional.

    Ante el cuestionamiento, Fretes reaccionó con visible molestia y pidió a la periodista que no “instale” esa versión, en medio de un intercambio por la situación que atraviesan los asegurados.

    “No instalen eso”, expresó el titular del IPS durante la conversación con la prensa.

    Pese a su reacción, Fretes reconoció que actualmente persiste un 19% de faltantes de medicamentos e insumos. Sin embargo, defendió los avances registrados durante su gestión y mencionó aspectos que, según sostuvo, muestran una mejora dentro de la institución.

    El episodio se produjo en medio de los constantes reclamos de asegurados por dificultades para acceder a determinados medicamentos y prestaciones en distintos centros asistenciales del IPS.

    Fretes insistió en destacar los avances alcanzados por su administración, aunque el reconocimiento de que todavía existe un porcentaje de faltantes volvió a poner el foco sobre uno de los principales cuestionamientos que enfrenta actualmente la previsional.

  • Latorre convoca a gremios médicos para buscar alternativas ante la huelga nacional

    Latorre convoca a gremios médicos para buscar alternativas ante la huelga nacional

    El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció que este miércoles la Mesa Directiva recibirá a representantes de los gremios médicos, en medio de la huelga nacional que lleva adelante el sector. El objetivo será escuchar sus reclamos y analizar posibles alternativas que permitan atender las reivindicaciones sin afectar la prestación de los servicios de salud.

    Latorre sostuvo que mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios debe ser una prioridad para el Estado, al mismo tiempo de garantizar una atención pública de calidad para la ciudadanía.

    “Siempre el desafío es fortalecer las capacidades de todo el Estado, fortalecer las capacidades del sistema de salud”, expresó.

    El titular de Diputados señaló que la salud pública debe ser entendida como un derecho fundamental y consideró necesario generar mejores condiciones para que los trabajadores puedan cumplir adecuadamente sus funciones.

    “Vamos a estar teniendo una reunión con los gremios médicos, una reunión de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados este miércoles, para ver cómo podemos colaborar con esta situación”, adelantó.

    Además de los reclamos salariales y laborales planteados por los médicos, Latorre afirmó que Paraguay necesita avanzar hacia una reforma más profunda del sistema sanitario.

    “Yo soy convencido que tenemos que hacer una reforma profunda de un sistema de salud que sencillamente no está a la altura de las necesidades ni de la satisfacción de los usuarios”, manifestó.

    Entre los principales desafíos mencionó la necesidad de reducir la fragmentación del sistema sanitario, disminuir el gasto que actualmente deben asumir directamente los pacientes y avanzar hacia un acceso universal, oportuno y temprano a los servicios.

    La reunión prevista para este miércoles buscará abrir una instancia institucional de diálogo en plena medida de fuerza, con el desafío de encontrar mecanismos que respondan a los reclamos del sector médico y, a la vez, garanticen la continuidad de la atención a la ciudadanía.

  • FILIZZOLA RESPALDA HUELGA MÉDICA Y CUESTIONA AL GOBIERNO

    FILIZZOLA RESPALDA HUELGA MÉDICA Y CUESTIONA AL GOBIERNO

    El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), expresó su respaldo a la Huelga Nacional de Médicos iniciada este lunes y cuestionó duramente la situación que atraviesa el sistema de salud pública.

    Los profesionales médicos reclaman mejores condiciones laborales, disponibilidad de insumos básicos, un reajuste salarial equivalente a 2,8 salarios mínimos y el pago correspondiente por feriados trabajados.

    A través de su cuenta en X, Filizzola manifestó su apoyo a las reivindicaciones del sector y recordó que, según señaló, los médicos llevan 14 años sin ajustes salariales.

    “Mi firme apoyo a los médicos de todo el Paraguay en su justa lucha por condiciones laborales dignas. Ningún sistema de salud puede sostenerse si no reconoce, valora y remunera adecuadamente a sus profesionales”, expresó.

    El legislador sostuvo además que la salud pública atraviesa una crisis que, a su criterio, el Gobierno ya no puede ignorar. Entre los principales problemas mencionó la falta de medicamentos e insumos, las elevadas deudas con proveedores y el avance de tercerizaciones dentro del sistema.

    Filizzola también recordó las recientes movilizaciones de enfermeras y pacientes, señalando que distintos sectores vienen reclamando mayores recursos y mejores condiciones de atención.

    “Mi solidaridad con todos los trabajadores de blanco y con los pacientes que padecen las consecuencias de esta crisis. Defender a quienes sostienen la salud pública es defender el derecho a la salud de toda la ciudadanía”, afirmó.

    Por su parte, la médica y exsenadora Desirée Masi cuestionó el comunicado del Instituto de Previsión Social (IPS), que aseguró que mantendría sus servicios con “normalidad” pese a la huelga.

    Masi puso en duda el concepto de normalidad utilizado por la previsional y apuntó contra la falta de insumos y las largas esperas para acceder a consultas con especialistas.

    “¿Con ‘normalidad’ significa que van a tener al menos insumos básicos? ¿Y las citas con especialistas no tendrán espera de 4, 6 meses o más? Porque eso no es normal”, cuestionó.

  • Cartismo define nombres para la Contraloría y crecen críticas por copamiento

    Cartismo define nombres para la Contraloría y crecen críticas por copamiento

    La Cámara de Senadores tendrá esta semana una definición clave sobre la futura conducción de la Contraloría General de la República (CGR). Para este martes está prevista una reunión de la bancada de Honor Colorado, en la que se analizarán los nombres que integrarían las ternas para contralor y subcontralor general.

    Aunque formalmente siguen en carrera decenas de postulantes, dentro del Congreso cobra fuerza la posibilidad de que el actual contralor Camilo Benítez Aldana, de extracción colorada, sea incluido para buscar su reelección.

    Para la Subcontraloría aparece entre los principales nombres Armindo Torres, actual director de Declaraciones Juradas de la institución y también vinculado a la ANR.

    De concretarse ambas designaciones, la conducción de la Contraloría podría quedar íntegramente en manos de referentes colorados, un escenario cuestionado por sectores de la oposición, que advierten sobre un eventual copamiento político de un organismo encargado precisamente de controlar la utilización de los recursos públicos.

    Honor Colorado define su postura

    La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado remitió una nómina de 36 candidatos, algunos postulados únicamente para uno de los cargos y otros para ambas posiciones.

    Sin embargo, las definiciones políticas dentro de Honor Colorado serán determinantes debido al peso que posee el oficialismo en la Cámara Alta.

    Referentes del sector, entre ellos el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, y el líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, ya se habían referido públicamente a la posibilidad de que ambos cargos sean ocupados por representantes colorados.

    Actualmente, Camilo Benítez ocupa la Contraloría, mientras que la Subcontraloría está encabezada por Augusto Paiva, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

    PLRA retiró sus candidaturas

    Ante las críticas al proceso, el Directorio del PLRA resolvió retirar las candidaturas partidarias, argumentando que no pretende legitimar un procedimiento que considera políticamente condicionado.

    Pese a esa determinación, algunos referentes liberales permanecen dentro de la nómina remitida al Senado.

    Entre ellos aparecen el diputado Jorge Ávalos Mariño y el propio Augusto Paiva, actual subcontralor.

    La permanencia de estos nombres refleja además diferencias internas respecto a la postura adoptada por la conducción partidaria.

    Una definición con fuerte impacto institucional

    La Contraloría General de la República tiene entre sus principales funciones fiscalizar el patrimonio público y controlar la ejecución presupuestaria de las instituciones del Estado.

    Por ese motivo, la eventual presencia de dos representantes de un mismo sector político en la conducción del organismo genera cuestionamientos sobre su independencia frente al Poder Ejecutivo y al oficialismo parlamentario.

    La reunión de Honor Colorado prevista para este martes será, por tanto, determinante para conocer si el sector termina respaldando a Camilo Benítez para la Contraloría y a Armindo Torres para la Subcontraloría.

    Posteriormente, corresponderá al Senado avanzar con la conformación de las ternas y continuar el procedimiento constitucional para la designación de las nuevas autoridades.

  • CARTISMO BLINDA A LOS MINISTROS DE PEÑA

    CARTISMO BLINDA A LOS MINISTROS DE PEÑA

    Desde que Santiago Peña asumió la Presidencia en agosto de 2023, ninguno de sus ministros llegó a ser sometido a una interpelación en el Congreso, pese a los distintos pedidos impulsados principalmente por sectores de la oposición.

    La mayoría de Honor Colorado en ambas cámaras permitió hasta ahora frenar iniciativas contra al menos cinco ministros del Ejecutivo, cuestionados por situaciones que abarcan desde presuntas irregularidades administrativas y falta de medicamentos hasta actuaciones policiales y accidentes con víctimas fatales.

    Uno de los casos más recientes es el de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, cuya interpelación es promovida por legisladores opositores tras la muerte de seis personas en Pedrozo, Ypacaraí. Sin embargo, desde el oficialismo ya adelantaron que existen pocas posibilidades de que la iniciativa reúna los votos necesarios.

    Reuniones en lugar de interpelaciones

    El artículo 193 de la Constitución Nacional establece que las cámaras del Congreso pueden citar e interpelar a ministros y otros altos funcionarios para que respondan públicamente sobre aspectos vinculados con sus funciones.

    En varios casos, sin embargo, el Senado optó por convocar a las autoridades cuestionadas a reuniones de la Mesa Directiva en lugar de avanzar con una interpelación formal.

    Esta modalidad volvió a utilizarse con Centurión, quien fue citada a brindar explicaciones sobre las condiciones de las rutas y particularmente sobre el tramo de Pedrozo donde ocurrió el último accidente fatal.

    El propio líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, calificó este tipo de encuentros como una “actividad controlada”.

    La Cámara de Diputados también tiene pendiente el tratamiento de un pedido de interpelación contra la ministra, aunque referentes del oficialismo ya manifestaron su rechazo.

    Una interpelación tiene además una consecuencia política adicional: una vez concluida, el Congreso puede analizar un eventual voto de censura, previsto en el artículo 194 de la Constitución.

    Ángel Barchini, el primer caso

    El primer intento de interpelación durante el gobierno de Peña ocurrió en octubre de 2023 contra el entonces ministro de Justicia, Ángel Barchini, quien era cuestionado por la crisis penitenciaria y por denuncias relacionadas con supuestos vínculos con grupos criminales.

    El Senado rechazó el pedido y, semanas después, una iniciativa similar tampoco prosperó en Diputados. Barchini terminó renunciando meses más tarde en medio de una creciente presión política.

    Barán fue cuestionada en dos ocasiones

    La ministra de Salud, María Teresa Barán, también logró evitar dos intentos de interpelación.

    El primero fue presentado en julio de 2024 debido a la falta de medicamentos e insumos para pacientes oncológicos y alcanzaba además al director del Instituto Nacional del Cáncer, Raúl Doria.

    En marzo de 2025 volvió a plantearse una interpelación después de la muerte de un bebé en el Hospital Regional de Villarrica, establecimiento que había sido recientemente habilitado y que posteriormente fue objeto de cuestionamientos sobre sus condiciones de funcionamiento.

    En ambos casos, la mayoría oficialista evitó que la ministra compareciera bajo la figura constitucional de la interpelación.

    Riera acudió al Senado, pero no fue interpelado

    En octubre de 2025, la Bancada Democrática presentó un pedido de interpelación contra el ministro del Interior, Enrique Riera, y el entonces comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez.

    El planteamiento surgió tras los cuestionamientos por la actuación policial durante la denominada marcha de la Generación Z.

    Riera acudió posteriormente al Senado para brindar explicaciones, aunque su comparecencia tampoco se realizó bajo el mecanismo formal de interpelación.

    Caso Baruja y el departamento para “Chaqueñito”

    En marzo de 2026, la oposición impulsó la interpelación del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, tras las denuncias por la adjudicación de un departamento al exsenador Javier “Chaqueñito” Vera.

    La vivienda, valuada en alrededor de G. 370 millones, fue cuestionada por la rapidez con que se habrían realizado los trámites y por el supuesto trato privilegiado.

    En Diputados, varias sesiones quedaron sin cuórum mientras el pedido permanecía pendiente. Baruja finalmente acudió a reuniones de las mesas directivas de ambas cámaras para brindar explicaciones, pero no fue sometido a una interpelación.

    Centurión, el nuevo caso

    Ahora la atención está puesta en Claudia Centurión.

    Senadores opositores sostienen que el MOPC no adoptó medidas suficientes para reducir los riesgos en el tramo de Pedrozo, donde seis personas murieron recientemente y donde ya se había producido otro grave accidente con seis fallecidos en 2024.

    Además del pedido de interpelación, un grupo de legisladores presentó una denuncia penal contra la ministra, el viceministro Hugo Arce, otros funcionarios y representantes del Consorcio Rutas del Este.

    Pese a ello, el escenario político dentro del Congreso vuelve a favorecer al Ejecutivo, ya que Honor Colorado cuenta con los votos necesarios para bloquear el avance de la iniciativa.

    También evitaron interpelaciones durante este periodo otras autoridades, entre ellas el expresidente del Instituto de Previsión Social Jorge Brítez, el titular del Indert Francisco Ruiz Díaz y el director del Instituto Nacional de Estadística Iván Ojeda.

    Durante el anterior gobierno de Mario Abdo Benítez, en cambio, llegaron a concretarse interpelaciones a autoridades como Eduardo Petta y Juan Ernesto Villamayor.

    La sucesión de casos vuelve a colocar en discusión el peso de la mayoría oficialista en el Congreso y el alcance efectivo de uno de los principales mecanismos constitucionales de control político sobre el Poder Ejecutivo.

  • Centurión comparece hoy ante el Senado por tragedia de Pedrozo y estado de las rutas

    Centurión comparece hoy ante el Senado por tragedia de Pedrozo y estado de las rutas

    La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, participará hoy de una reunión de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, donde deberá brindar explicaciones sobre la situación de las rutas del país y, especialmente, sobre las condiciones del tramo de Pedrozo, Ypacaraí, donde seis personas murieron recientemente en un accidente de tránsito.

    La convocatoria fue realizada por el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, en medio de los cuestionamientos surgidos tras la tragedia y las denuncias sobre una supuesta falta de medidas preventivas en la zona.

    El caso generó especial preocupación debido a que en el mismo sector ya se había registrado en 2024 otro accidente con seis víctimas fatales. Desde sectores de la oposición cuestionan que, pese a esos antecedentes, no se hayan implementado soluciones suficientes para reducir el riesgo en el lugar.

    Pedidos de interpelación

    La presencia de Centurión ante la Mesa Directiva se produce además en momentos en que legisladores opositores impulsan su interpelación.

    En la Cámara de Diputados también fue presentado un pedido que deberá ser analizado en sesión, aunque su aprobación dependerá de los votos y del respaldo que pueda conseguir entre las distintas bancadas.

    Durante la reunión, la ministra deberá explicar las actuaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como las decisiones adoptadas luego del accidente.

    Una de las primeras medidas fue el retiro del semáforo instalado en la zona. La señalización había sido cuestionada debido a las características del tramo y al riesgo que representaría para los vehículos pesados detenerse en una pendiente o sector con dificultades para el frenado.

    Denuncia penal contra autoridades del MOPC

    Centurión también enfrenta una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por un grupo de senadores de la oposición.

    La denuncia menciona supuestos hechos de homicidio doloso en grado de dolo eventual, homicidio culposo, lesiones culposas e intervenciones peligrosas.

    La presentación también alcanza al viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce, otros funcionarios de la cartera estatal y al Consorcio Rutas del Este, encargado de obras y mantenimiento vial en la zona de Pedrozo.

    Será el Ministerio Público el encargado de analizar los antecedentes y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal.

    Senado plantea endurecer medidas de seguridad vial

    En medio del debate generado por la tragedia, Basilio Núñez planteó avanzar con nuevas medidas destinadas a mejorar la seguridad vial.

    Entre las propuestas mencionó la implementación del sistema de puntos en las licencias de conducir, mediante el cual los conductores pierden puntos de acuerdo con la gravedad de las infracciones cometidas.

    Cuando el conductor agota el puntaje disponible, su licencia puede ser suspendida o inhabilitada y deberá cumplir determinados requisitos para recuperarla.

    Desde la Agencia Nacional de Tránsito señalaron que este mecanismo está previsto para comenzar a aplicarse desde enero de 2027. Sin embargo, Núñez consideró que el proceso debería adelantarse ante la declaración de emergencia en materia de seguridad vial.

    El titular del Senado también mencionó como tareas pendientes el fortalecimiento de la educación vial, cambios en las normativas de inspección técnica vehicular y del seguro obligatorio, mayor incorporación de tecnología en las rutas, cursos obligatorios para acceder a licencias y sanciones más severas para conductores que utilicen el celular o manejen bajo los efectos del alcohol.

    Asimismo, planteó reforzar los controles sobre el uso obligatorio del casco y mejorar la infraestructura vial en los puntos considerados de mayor riesgo.

    La comparecencia de Centurión se desarrollará en un escenario de fuerte presión política sobre el MOPC, mientras familiares de las víctimas y sectores del Congreso reclaman respuestas sobre las condiciones de seguridad del tramo donde ocurrió la tragedia.

  • Senado inicia proceso para integrar terna de la Defensoría del Pueblo

    Senado inicia proceso para integrar terna de la Defensoría del Pueblo

    La Cámara de Senadores dará inicio hoy a la primera jornada de audiencias públicas para los cargos de defensor del Pueblo y defensor adjunto, dentro del proceso de selección de nuevas autoridades de la institución.

    La audiencia comenzará a las 10:00, con una tolerancia de 20 minutos, y se desarrollará en la Sala de Sesiones del Senado, ubicada en el tercer piso del Congreso Nacional.

    Para esta primera jornada fueron convocados Rafael Ávila, Natalia Sosa Flores, Federico Génez, Isidro Miño, Alejandro Castillo y Álex Benítez.

    De acuerdo con lo informado por Humberto Fernández, director de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, las audiencias se realizarán todos los lunes y jueves, en el mismo horario y lugar, hasta completar la exposición de los 67 aspirantes a los cargos de defensor del Pueblo y defensor adjunto.

    ¿Cómo será la elección?

    El procedimiento establece que el Senado deberá conformar una terna de candidatos, mientras que posteriormente será la Cámara de Diputados la encargada de elegir al nuevo defensor del Pueblo.

    A diferencia del proceso de selección de autoridades de la Contraloría General de la República, para la Defensoría del Pueblo la conformación de la terna en el Senado se realiza por mayoría simple, mientras que la designación final en Diputados requiere una mayoría de dos tercios.

    Debate sobre la duración del mandato

    Los mandatos de Rafael Ávila y Natalia Sosa Flores tienen como fecha de vencimiento prevista el próximo 10 de noviembre.

    Sin embargo, existen cuestionamientos respecto al plazo correspondiente al actual defensor del Pueblo. La Constitución Nacional establece un mandato de cinco años y Ávila asumió como titular en septiembre de 2022, lo que podría llevar a interpretar que su periodo se extendería hasta 2027.

    Desde el Senado señalaron, no obstante, que Ávila se desempeñaba anteriormente como defensor adjunto y asumió la titularidad en reemplazo de Miguel Godoy, por lo que su designación habría correspondido a la continuidad de aquel periodo y no al inicio de un nuevo mandato completo.

  • Juicio a Hernán Rivas continúa mañana y Petta podría declarar

    Juicio a Hernán Rivas continúa mañana y Petta podría declarar

    El juicio oral y público al exsenador cartista Hernán Rivas, acusado por el supuesto uso de un título falso de abogado, continuará mañana desde las 08:30 en el Palacio de Justicia. Entre los testigos pendientes se encuentra el exministro de Educación Eduardo Petta, quien ya prestó juramento y se espera que declare ante el Tribunal de Sentencia.

    En la última audiencia fueron convocados nueve testigos, aunque solamente cuatro alcanzaron a prestar declaración. Otros cinco quedaron pendientes, entre ellos Petta, quien estaba al frente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cuando se produjo la inscripción del título de Rivas.

    El exministro ya había negado públicamente cualquier responsabilidad en el caso. Sostuvo que nunca firmó el título ni el certificado de estudios de Rivas y aseguró que ordenó una auditoría luego de recibir un informe del entonces director de la Unidad Anticorrupción del MEC, José Casañas Levi.

    “Yo nunca firmé el título de Rivas, mucho menos el certificado de estudios”, había manifestado Petta al rechazar las versiones que lo vinculaban con supuestas irregularidades en la inscripción.

    Un trámite realizado en tiempo récord

    Durante la última jornada del juicio declaró Dora Cabañas, exdirectora académica de la Universidad Sudamericana, institución que expidió el título de Rivas. Ante el Tribunal reconoció que retiró del MEC el documento certificado en apenas un día, pese a que este tipo de procedimiento normalmente requiere un plazo mucho mayor.

    Según los antecedentes expuestos durante el juicio, la solicitud correspondiente al título fue presentada el 8 de junio de 2020 a las 17:00, mientras que Cabañas retiró el documento al día siguiente, 9 de junio, a las 14:10.

    El diputado Raúl Benítez, uno de los principales denunciantes del caso, había señalado durante su declaración que, de acuerdo con los documentos analizados, entre el dictamen de aprobación y la resolución de inscripción habrían transcurrido apenas seis minutos.

    Pese a reconocer la rapidez del procedimiento, Cabañas sostuvo ante el Tribunal que, a su criterio, el título no puede ser considerado irregular simplemente porque se encuentra registrado oficialmente.

    También declararon la exsecretaria general de la Universidad Sudamericana Nancy Barúa; el exasesor del MEC Hermann Weisensee; y Casimiro Ortiz, exdirector de Registro de Títulos del Ministerio de Educación.

    El Tribunal de Sentencia está integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo.

    Testigos aseguran que nunca vieron a Rivas en la universidad

    La Fiscalía presentó una lista de 69 testigos dentro del proceso. Ya prestaron declaración, entre otros, los periodistas Santiago González y Orlando Bareiro, Hernán José Weisensee, Jorge Ariel Cantero, la exsenadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez.

    Kattya González sostuvo durante su declaración que sus cuestionamientos al caso Rivas tuvieron consecuencias políticas y afirmó que incluso recibió advertencias para que bajara el tono de sus denuncias.

    También señaló que, a su criterio, el movimiento Honor Colorado protegió políticamente a Rivas durante varios años.

    Otro de los puntos relevantes del juicio fue la declaración de personas que cursaron la carrera de Derecho en la sede de Luque de la Universidad Sudamericana entre 2012 y 2015. Los exestudiantes afirmaron que nunca vieron a Hernán Rivas asistir a clases y que recién lo conocieron a través de los medios de comunicación por su actividad política.

    Entre ellos se encuentran Guillermo Guido Gauto, Livio Antonio Díaz Flores, Elía Ramón González y Lourdes Mabel Giménez.

    Rivas llegó a desempeñarse como diputado, senador y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) utilizando el título de abogado cuya autenticidad ahora es objeto del juicio.

    La denuncia inicial también mencionó como supuestos encubridores a Eduardo Petta, al exrector de la Universidad Sudamericana Euclides Acevedo y al exdecano Óscar Rodríguez Kennedy. Estos últimos ya declararon durante el proceso, al igual que el exsenador Enrique Bacchetta.

    El exsenador Rivas se expone a una eventual pena de hasta 11 años y seis meses de prisión, según la acusación presentada en su contra.

  • Lizarella propone feriado por la Reforma Protestante y genera posiciones divididas

    Lizarella propone feriado por la Reforma Protestante y genera posiciones divididas

    La senadora Lizarella Valiente planteó la posibilidad de que el 31 de octubre, Día de la Reforma Protestante, sea considerado feriado nacional, en reconocimiento al sector evangélico del país.

    La parlamentaria se refirió al tema al responder una consulta realizada por una cronista de un medio de comunicación y comparó la iniciativa con otras fechas que ya cuentan con un reconocimiento dentro del calendario nacional.

    “Hasta nuestro riquísimo vori vori tiene su día  Este sector también merece tener ese reconocimiento en el calendario”, expresó Valiente.

    El planteamiento no tardó en generar posiciones divididas. Mientras un sector acompaña la propuesta y considera que la comunidad evangélica merece contar con una fecha de reconocimiento, otros cuestionan que el Congreso destine tiempo a este tipo de iniciativas cuando, según señalan, existen asuntos de mayor urgencia para la ciudadanía.

    Las críticas también apuntan al rol de los parlamentarios y a las prioridades legislativas. Desde sectores contrarios al proyecto se preguntan si una senadora de la Nación debería impulsar este tipo de propuestas frente a otras problemáticas sociales y económicas que requieren respuestas.

    Por otro lado, quienes respaldan la iniciativa defienden el derecho de la comunidad evangélica a contar con un reconocimiento dentro del calendario nacional, de manera similar a otras fechas religiosas y culturales.

    El planteamiento abre así una discusión sobre las prioridades del Congreso y sobre si el 31 de octubre debería convertirse en feriado nacional.