Política

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  • Miguel Prieto acompañó a Johana Ortega al Abasto, en una visita con más simbolismo que impacto electoral

    Miguel Prieto acompañó a Johana Ortega al Abasto, en una visita con más simbolismo que impacto electoral

    El ex-intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acompañó a la diputada y aspirante a la intendencia de Asunción, Johana Ortega, durante un recorrido por el Mercado de Abasto. En la visita, permisionarios del lugar manifestaron su preocupación por la falta de seguridad y reclamaron mayor presencia policial ante hechos delictivos recurrentes que afectan tanto a comerciantes como a clientes.

    Sin embargo, el recorrido no estuvo exento de cuestionamientos políticos. De acuerdo con datos electorales y antecedentes de comicios anteriores, una parte significativa de los permisionarios del Mercado de Abasto —al igual que los del Mercado 4— no figura con domicilio electoral en Asunción, sino en ciudades del área metropolitana o del interior del país, lo que reduce considerablemente el impacto electoral directo de este tipo de visitas.

    Pese a ello, Ortega sostuvo que su presencia en el lugar respondió a la necesidad de “escuchar los reclamos de la gente” y tomar nota de las demandas vinculadas a seguridad, ordenamiento y condiciones laborales. No obstante, críticos señalan que la actividad se inscribe más en una estrategia de instalación mediática que en una propuesta concreta, considerando que la diputada no presentó planes específicos, cifras de inversión ni coordinación institucional clara para abordar la problemática expuesta.

    La participación de Miguel Prieto, ex-jefe comunal de otra ciudad y referente político de la oposición, también generó lecturas políticas. Para algunos sectores, la escena buscó proyectar una imagen de respaldo y construcción de liderazgo nacional, aunque sin atender la particularidad de que el Abasto es un espacio donde confluyen trabajadores que, en su mayoría, no definen su voto en la capital.

    En un contexto de campaña anticipada, la visita deja planteado el debate sobre si estas recorridas responden a una genuina intención de construir soluciones de fondo o si se trata de gestos simbólicos orientados a la exposición pública, sin correlato real en términos de gobernabilidad, planificación y alcance electoral efectivo.

    Asunción enfrenta problemas estructurales de seguridad, informalidad y abandono que requieren políticas integrales y sostenidas, más allá de recorridos puntuales y discursos de ocasión.

  • Paraguay obtiene grado de inversión de Standard & Poor’s tras dos años y medio de gestión del gobierno

    Paraguay obtiene grado de inversión de Standard & Poor’s tras dos años y medio de gestión del gobierno

     Paraguay logró un nuevo grado de inversión otorgado por la agencia internacional Standard & Poor’s (S&P), consolidando un reconocimiento global a la solidez macroeconómica y fiscal del país. Este avance fue destacado tanto por el Ejecutivo como por el Ministerio de Economía y Finanzas como un hito para la inserción financiera internacional de Paraguay.

    El presidente Santiago Peña valoró el logro como un momento histórico para la economía paraguaya, resaltando que alcanzar el grado de inversión no solo representa mayor confianza por parte de los mercados, sino también una plataforma para atraer más inversiones, empleo y oportunidades para la ciudadanía. En un mensaje divulgado por la Presidencia, Peña afirmó que este reconocimiento internacional “ratifica el rumbo económico planteado por el Gobierno” y que se trata de “un proceso serio y de largo plazo que proyecta mayor estabilidad y crecimiento para el país”.

    El mandatario subrayó que la calificación de S&P refleja no solo las cifras macroeconómicas sino también el compromiso del país con planes estructurales orientados a fortalecer finanzas públicas y la credibilidad internacional.

    El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, destacó que la calificación concedida por S&P responde al trabajo de los últimos dos años y medio del actual gobierno, periodo en el cual se implementaron políticas fiscales, ajustes estructurales y medidas de convergencia económica consideradas en el análisis de la agencia internacional.

    Valdovinos explicó que la evaluación de S&P toma en cuenta el desempeño económico sostenido durante ese lapso, y que el resultado positivo implica mejores condiciones para la financiación externa del país, reflejo de la disciplina fiscal y las reformas impulsadas por su cartera en coordinación con otros sectores del Ejecutivo.

    La calificadora, además de elevar la nota crediticia, puso énfasis en las perspectivas de crecimiento económico de Paraguay y la estabilidad de sus fundamentos macroeconómicos, lo que podría contribuir a reducir el costo del financiamiento y atraer flujos de capital a mediano y largo plazo.

    Desde el Gobierno sostienen que este nuevo grado de inversión representa un impulso para consolidar proyectos de desarrollo, promover empleo y estimular iniciativas productivas en todo el territorio nacional.

  • A Ultranza Py: misma causa, distinto trato judicial

    A Ultranza Py: misma causa, distinto trato judicial

    Mientras la esposa de Marset está en prisión, el senador Erico Galeano sigue libre. El caso A Ultranza Py, considerado el mayor golpe al narcotráfico en la historia reciente del Paraguay, volvió a poner en evidencia una realidad incómoda: la Justicia actúa con dureza cuando no hay poder político de por medio, pero se vuelve lenta y complaciente cuando los imputados ocupan cargos institucionales.

    La situación de Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset y madre de sus hijos, contrasta de manera brutal con la del senador colorado Erico Galeano, ambos imputados dentro del mismo esquema criminal.

    De prófuga internacional a extraditada

    Gianina García Troche fue detenida en julio de 2024 en el Aeropuerto de Barajas, Madrid, cuando intentaba ingresar a España con pasaporte uruguayo, luego de haber sido expulsada de Dubái, donde la familia Marset se encontraba radicada. Sobre ella pesaba una notificación roja de Interpol y llevaba dos años prófuga de la justicia paraguaya.

    Tras varios meses de proceso judicial en España, ese país priorizó el pedido de extradición de Paraguay por sobre el de Bolivia. García Troche renunció a solicitar asilo, lo que allanó el camino para su traslado.

    Finalmente, el 21 de mayo de 2025 fue extraditada a Paraguay, arribando a Asunción bajo un fuerte operativo de seguridad, con acompañamiento de autoridades paraguayas y respaldo del gobierno de los Estados Unidos.

    Hoy, está privada de libertad y sometida al proceso penal.

    Los cargos: lavado y organización criminal

    El Ministerio Público paraguayo la imputa por lavado de activos y organización criminal, atribuyéndole un rol clave en la estructura financiera del esquema liderado por Sebastián Marset.

    Según la acusación fiscal: Constituyó sociedades comerciales. Abrió y administró cuentas bancarias. Diseñó estructuras para blanquear y mover dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína. Aseguró la circulación de las ganancias del narcotráfico en Paraguay y otros países.

    Por estos hechos, enfrenta una expectativa de pena que va de 5 a 15 años, pero que podría llegar hasta 25 años de prisión, atendiendo la gravedad y el carácter transnacional de la organización criminal. Además, en Bolivia también existen procesos abiertos en su contra.

    El contraste

    Mientras García Troche fue perseguida internacionalmente, detenida, extraditada y encarcelada, el senador Erico Galeano, imputado por:

    • Prestar su aeronave a la organización de Marset e “Insfrán”.
    • Brindar apoyo logístico directo al esquema narco.
    • Obtener beneficios económicos del narcotráfico.
    • Lavar dinero mediante la compra de un inmueble de lujo en Altos, Cordillera, continúa el proceso en libertad, sin prisión preventiva ni medidas que reflejen la gravedad de los hechos atribuidos por la propia Fiscalía.

    Misma causa, distinta justicia

    Ambos están imputados dentro del mismo expediente. Ambos son señalados como piezas funcionales a una red que, desde 2019, compraba cocaína en Bolivia, la ingresaba a Paraguay y la enviaba a Europa por vía marítima.

    La diferencia no está en la causa. No está en la prueba. No está en la gravedad de los delitos. La diferencia está en el poder político.

    Una justicia selectiva

    El mensaje que deja A Ultranza Py es demoledor: cuando el imputado no tiene fueros, la justicia actúa con rapidez y contundencia; cuando tiene banca política, el sistema se vuelve garantista hasta la parálisis.

    Gianina García Troche está presa, extraditada y con una expectativa real de décadas en prisión.
    Erico Galeano sigue libre, activo y protegido por el sistema.

    Y esa desigualdad no es un error judicial: es una decisión política disfrazada de legalidad.

    Porque cuando el narcotráfico llega al Congreso y no hay cárcel, el problema ya no es solo criminal: es institucional.

  • Orlando Arévalo renuncia al movimiento Honor Colorado

    Orlando Arévalo renuncia al movimiento Honor Colorado

    El dirigente político Orlando Arévalo presentó su renuncia formal, irrevocable y definitiva al movimiento Honor Colorado, según consta en una nota dirigida a Horacio Cartes, líder del espacio y presidente del Partido Colorado.

    En el documento, fechado en Lambaré el 17 de diciembre de 2025, Arévalo sostiene que la decisión fue tomada tras un prolongado proceso de reflexión y diálogo con su equipo político, y aclara que no se trata de una determinación impulsiva ni circunstancial, sino de una definición “coherente y responsable” en el contexto actual.

    Arévalo afirma que, a lo largo de su trayectoria dentro del movimiento, actuó con lealtad, disciplina y compromiso político, incluso en momentos difíciles, y recuerda que optó por someterse a la justicia como un acto de transparencia, “no como admisión de culpa”, con el objetivo de aclarar su situación personal y evitar que Honor Colorado cargue con sospechas que —según expresa— no le corresponden.

    Sin embargo, denuncia que no encontró respaldo ni contención política, y que fue dejado de lado pese a haber sido uno de los diputados más votados del movimiento en el Departamento Central. En ese sentido, cuestiona duramente a sectores de la conducción actual, a los que acusa de concentrar poder sin asumir responsabilidades políticas, utilizando su figura como “carne de cañón” en disputas internas.

    “El distanciamiento no fue casual”, señala, y sostiene que esta lógica es contraria a los valores de compañerismo, lealtad y responsabilidad política que deberían regir a un movimiento que aspire a perdurar.

    Finalmente, Arévalo concluye que ya no existen las condiciones políticas, humanas ni éticas para continuar dentro de Honor Colorado, y define su renuncia como un acto de coherencia personal y dignidad política. No obstante, expresa un agradecimiento personal a Horacio Cartes por el trato y el apoyo brindado en distintos momentos.

  • Basilio Núñez insiste en habilitar a ex presidentes como senadores activos, pese a la prohibición constitucional

    Basilio Núñez insiste en habilitar a ex presidentes como senadores activos, pese a la prohibición constitucional

    El senador Basilio “Bachi” Núñez volvió a insistir en una interpretación que colisiona frontalmente con la Constitución Nacional, al promover que los ex presidentes de la República, actualmente senadores vitalicios, puedan ejercer una vida política activa, incluyendo la posibilidad de postularse y asumir bancas en el Congreso.

    Núñez sostiene que la Corte Suprema de Justicia habría “interpretado” la Constitución y que, en consecuencia, los ex mandatarios Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes debieron jurar y asumir como senadores activos, argumento que vuelve a instalar un debate ya resuelto desde el punto de vista constitucional.

    El artículo 189 de la Constitución Nacional es categórico y no deja margen de interpretación ambigua:

    “Los ex presidentes constitucionales de la República serán senadores vitalicios, con voz pero sin voto.”

    El texto constitucional establece claramente que el cargo de senador vitalicio es honorífico, no electivo, y sin derecho a voto, lo que implica que no forma parte del Senado activo ni habilita a ejercer funciones legislativas plenas.

    ¿Puede la Corte cambiar la Constitución?

    Especialistas en derecho constitucional coinciden en que la Corte Suprema no puede modificar el texto constitucional mediante una interpretación, ya que cualquier alteración del estatus de los senadores vitalicios requiere necesariamente una reforma constitucional, sea por enmienda o convención, tal como lo establecen los propios mecanismos previstos en la Carta Magna.

    Una ley ordinaria, una resolución parlamentaria o una interpretación judicial no pueden alterar derechos, deberes ni categorías constitucionales, menos aún cuando el texto es explícito

    La insistencia de Núñez reabre una discusión que ya generó fuertes tensiones institucionales en el pasado, particularmente en los intentos de habilitar políticamente a Horacio Cartes, quien incluso llegó a jurar simbólicamente como senador activo, en medio de cuestionamientos legales y políticos.

    Para sectores de la oposición y del constitucionalismo, estas iniciativas erosionan la seguridad jurídica y buscan forzar la Constitución para acomodarla a intereses coyunturales, debilitando el principio de supremacía constitucional.

    La Constitución es clara:
    Los ex presidentes no pueden ser senadores activos.
    Tienen voz, pero no voto.
    Cualquier cambio exige reforma constitucional.

    Insistir en lo contrario no solo carece de sustento jurídico, sino que plantea un riesgo institucional, al instalar la idea de que la Constitución puede ser reinterpretada según conveniencias políticas del momento.

  • Johana Vega sale en defensa de su pareja y cuestiona a la Contraloría: “Petropar es apetecible por el dinero y el poder”

    Johana Vega sale en defensa de su pareja y cuestiona a la Contraloría: “Petropar es apetecible por el dinero y el poder”

    La diputada nacional Johana Vega salió públicamente en defensa de su pareja, Eddie Jara, en medio de las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) a su declaración jurada de bienes. La legisladora no solo rechazó los señalamientos, sino que acusó directamente al órgano contralor de “mentir” y de actuar con criterios selectivos.

    Según manifestó Vega, las observaciones formuladas por la CGR “no son reales ni se ajustan a la verdad”, y responden —a su criterio— a intereses políticos vinculados al cargo que ocupa su pareja. “Hay muchos que están detrás del cargo de Eddie Jara”, afirmó, sugiriendo una presión sistemática sobre su entorno familiar.

    La diputada sostuvo que Petropar, institución clave del Estado, se convirtió en un foco de disputa debido al volumen de recursos y al poder de decisión que implica su conducción. “Petropar es apetecible por el dinero y el poder que se tiene en el cargo”, puntualizó, dejando entrever que los cuestionamientos tendrían más relación con una puja política que con supuestas irregularidades administrativas.

    En ese sentido, Vega reclamó a la Contraloría que aplique la misma vara de control a todos los funcionarios y autoridades bajo investigación, y no solo a su pareja. “Que se investigue a todos por igual y no se seleccione a quién exigirle explicaciones”, expresó, denunciando lo que considera un trato desigual y direccionado.

    Las declaraciones de la parlamentaria se dan en un contexto de creciente tensión entre sectores políticos y los órganos de control del Estado, en momentos en que la transparencia patrimonial y la rendición de cuentas vuelven a estar en el centro del debate público.

    Mientras tanto, desde la CGR aún no hubo una respuesta oficial a las acusaciones realizadas por la diputada. El caso mantiene abierta la discusión sobre el alcance de los controles, la independencia de los organismos fiscalizadores y el uso político de las investigaciones administrativas.

  • Orlando Arevalo, imputado

    Orlando Arevalo, imputado

    El exdiputado nacional Orlando Arévalo fue imputado por el Ministerio Público por el hecho punible de cohecho pasivo agravado, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

    La causa quedó a cargo del juez penal de garantías Humberto Otazú, quien deberá analizar la imputación presentada por la Fiscalía y resolver sobre la admisión del proceso, así como sobre eventuales medidas cautelares.

    De acuerdo con la investigación fiscal, Arévalo habría recibido beneficios económicos indebidos a cambio de influir en decisiones relacionadas con su función pública, específicamente en actuaciones vinculadas al JEM. Los elementos que sustentan la imputación surgen, principalmente, del análisis de mensajes y comunicaciones extraídos del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, en el marco de una causa paralela.

    La Fiscalía sostiene que dichos intercambios revelarían acuerdos y gestiones irregulares, lo que configuraría el delito de cohecho pasivo agravado, teniendo en cuenta la jerarquía del cargo que ocupaba Arévalo al momento de los hechos investigados.

    En la misma causa también fue imputado Guido Díaz Frutos, señalado como presunto partícipe en la entrega u ofrecimiento de los beneficios indebidos.

    El Ministerio Público continúa con las diligencias investigativas para determinar el alcance de la red de involucrados y las responsabilidades penales correspondientes. En tanto, el juez Otazú deberá definir los próximos pasos procesales dentro de los plazos establecidos por la ley.

  • Bachi pretende cambiar el estatus de los senadores vitalicios

    Bachi pretende cambiar el estatus de los senadores vitalicios

    El reciente planteamiento impulsado por el senador Basilio “Bachi” Núñez, orientado a modificar el estatus de los senadores vitalicios mediante una reglamentación, abrió un intenso debate jurídico y político, pero también encendió alertas en el ámbito constitucional. Diversos especialistas coinciden en que la propuesta choca de frente con la Constitución Nacional y no puede prosperar por vías administrativas ni legislativas ordinarias.

    La Constitución de la República del Paraguay, en su artículo 189, es categórica al establecer quiénes pueden ostentar la calidad de senadores vitalicios. Dicho artículo reconoce esta condición a los expresidentes constitucionales de la República, otorgándoles un rol específico dentro: forman parte del Congreso con voz pero sin voto, y sin posibilidad de asumir cargos dentro de las autoridades de la Cámara. Este diseño constitucional no es casual, sino que responde a un equilibrio institucional definido por el poder constituyente.

    Desde el punto de vista jurídico, la Constitución se ubica en la cúspide del ordenamiento normativo. En consecuencia, ningún reglamento interno del Congreso ni una ley ordinaria puede modificar, restringir o reinterpretar una figura creada directamente por la Constitución. Pretender hacerlo implicaría violar el principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 137 de la Carta Magna.

    En ese sentido, juristas advierten que cualquier intento de alterar el estatus de los senadores vitalicios por vías inferiores a una reforma constitucional carece de validez jurídica y sería fácilmente impugnable ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad.

    Si la intención política es revisar, modificar o incluso eliminar la figura del senador vitalicio, la Constitución establece dos únicos mecanismos legítimos

    1. La enmienda constitucional, aplicable solo a determinados artículos y bajo condiciones estrictas.
    2. La reforma constitucional, un proceso más amplio, que requiere mayorías calificadas y la participación directa de la ciudadanía mediante una Convención Nacional Constituyente.

    Fuera de estos procedimientos, no existe atajo legal posible. Ni una ley simple, ni una resolución, ni un reglamento parlamentario pueden sustituir la voluntad del poder constituyente.

    Más allá del debate político coyuntural, varios analistas advierten que avanzar con una reglamentación para modificar lo que la Constitución define con claridad sentaría un precedente institucional grave. Hoy podría aplicarse a los senadores vitalicios, pero mañana podría extenderse a otros derechos, cargos o garantías constitucionales, debilitando el Estado de Derecho.

    En un sistema democrático, la Constitución no puede ser reinterpretada según conveniencias políticas del momento. O se la respeta, o se la reforma siguiendo los mecanismos previstos por ella misma.

  • Oposición en Lambaré se desangra

    Oposición en Lambaré se desangra

    La oposición de Lambaré vuelve a repetir la misma receta que ya fracasó: ir dividida a enfrentar al Partido Colorado. El principal responsable de este nuevo quiebre es el candidato liberal Edu Molinas, quien se niega a medirse democráticamente con el aspirante del tercer espacio, Celso Núñez, bloqueando así cualquier posibilidad real de construir una alternativa sólida para la intendencia.

    Fuentes internas confirman que el PLRA está ejerciendo una fuerte presión sobre Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, exigiendo que “devuelva” el apoyo político que los liberales le dieron a Prieto/Mujica en las últimas municipales de CDE. La lógica es simple: quieren cobrar favores, aun cuando esa exigencia esté destruyendo cualquier intento de articulación opositora en Central.

    La figura de Molinas no es nueva en esta trama. Ya en las municipales anteriores la oposición terminó separada porque los liberales abandonaron a último momento el acuerdo que ellos mismos habían firmado. El resultado fue el que todo Lambaré recuerda: derrota asegurada y un Colorado nuevamente consolidado por culpa del quiebre azul.

    Molinas responde políticamente al actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, quien busca posicionarse como el gran “referente” de la oposición departamental, incluso a costa de repetir los mismos errores que han mantenido al PLRA hundido por años. La estrategia parece ser siempre la misma: imponer, presionar, y sabotear cualquier liderazgo ajeno al liberalismo, aun cuando ese liderazgo tenga respaldo ciudadano.

    Pero la intromisión no termina en Lambaré. En otros distritos del departamento, los liberales también están exigiendo la renuncia de José Luis Chilavert en Luque, candidato del tercer espacio. Además, el PLRA “sugiere” que en los municipios de Central el tercer espacio solo presente listas de concejales, sin candidatos a intendentes, buscando blindar el control liberal en la negociación opositora.

    La pregunta cae por su propio peso:
    ¿La prioridad del PLRA es ganarle al Partido Colorado o eliminar cualquier liderazgo que no se someta a su estructura?

    Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo la oposición vuelve a caerse sola, empujada por los mismos vicios de siempre: mezquindad política, presiones internas y la incapacidad histórica de construir unidad real. Si la película se repite, ya se sabe cómo termina.

  • Derrota en Ciudad del Este expone fisuras en el Partido Colorado

    Derrota en Ciudad del Este expone fisuras en el Partido Colorado

    La derrota colorada en Ciudad del Este volvió a encender las alarmas dentro del oficialismo. El candidato del Partido Yo Creo, Daniel Pereira Mujica, se impuso con holgura sobre el postulante colorado Roberto González Vaesken, pese al respaldo directo del presidente Santiago Peña y del titular de la ANR, Horacio Cartes.

    Tras el resultado, Peña intentó transmitir serenidad y minimizar el golpe político. En declaraciones a la prensa, sostuvo que no se trató de una derrota nacional, sino de un episodio local, y pidió “no dramatizar” el desenlace.

    “Las victorias son importantes, pero las derrotas también son momentos de reflexión”, dijo el mandatario, intentando colocar el resultado dentro de un marco institucional de normalidad democrática.

    Sin embargo, la lectura interna en el Partido Colorado es menos complaciente. La caída en la segunda ciudad más grande del país —considerada un bastión estratégico por su peso económico y simbólico— refleja la dificultad del oficialismo para consolidar su presencia en los principales centros urbanos. Ciudad del Este y Encarnación se mantienen fuera del control colorado, a pesar del poder político y financiero que concentra el cartismo.

    Peña evitó responsabilizar a sectores internos y reiteró su confianza en la conducción partidaria de Horacio Cartes, a quien elogió por “profundizar el trabajo del partido” y apostar por la formación de jóvenes. No obstante, el discurso del presidente contrastó con el malestar que persiste entre dirigentes colorados que ven un desgaste en la estrategia centralizada del cartismo.

    “El Partido Colorado tiene más de 130 años, ha tenido victorias y derrotas, pero siempre se ha recuperado. El partido es más grande que todos nosotros”, afirmó Peña, intentando mostrar unidad en un momento de evidente incomodidad interna.

    La derrota en el Este también deja al descubierto la debilidad del oficialismo frente a liderazgos locales ajenos al esquema tradicional. Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este y principal impulsor de la candidatura de Mujica, consolidó su influencia regional, mientras el coloradismo no logra construir una figura competitiva en ese territorio.

    Aunque Peña insistió en que se trató de “una elección local” y que el resultado no debe interpretarse como un “castigo” al gobierno, la caída golpea directamente la narrativa de fortaleza partidaria que la ANR intenta proyectar de cara a las municipales del 2026.

    El Partido Colorado llega a la mitad del mandato presidencial con un creciente desafío interno: renovar liderazgos, reconectar con el electorado y evitar que las derrotas locales se transformen en una tendencia nacional.