Categoría: Destacado

  • PEÑA QUIERE BAJAR LÍNEA EN ASUNCIÓN, PERO SUS PROPIOS CONCEJALES LE REPROCHAN:

    PEÑA QUIERE BAJAR LÍNEA EN ASUNCIÓN, PERO SUS PROPIOS CONCEJALES LE REPROCHAN:

    El presidente Santiago Peña convocó para las 16:00 de este lunes a los 15 concejales colorados electos de Asunción, según información recibida por CANAL-E. El objetivo sería asegurar una bancada unificada y encaminar la elección de Gerardo “Gringo” Benítez como presidente de la Junta Municipal y Sebastián Radice como vicepresidente. Sin embargo, el intento de conducción presidencial tropieza con cuestionamientos de dirigentes que le reprochan su ausencia durante la campaña electoral.

    El presidente de la República, Santiago Peña, busca intervenir directamente en la definición de las futuras autoridades de la Junta Municipal de Asunción, donde el Partido Colorado consiguió 15 de los 24 escaños, pese a perder la Intendencia capitalina.

    La convocatoria prevista para este lunes, a las 16:00, en Mburuvicha Róga, constituye una nueva prueba para el liderazgo político del mandatario, que pretende ordenar una bancada donde conviven distintos sectores, aspiraciones personales y referentes con peso propio.

    Según información recibida por CANAL-E, la fórmula que se buscaría impulsar está integrada por Gerardo “Gringo” Benítez para la presidencia y Sebastián Radice para la vicepresidencia de la corporación municipal.

    Sin embargo, no todos estarían dispuestos a aceptar una decisión impulsada desde el Palacio de Gobierno.

    “Cuando lo necesitamos, no estuvo”

    El principal cuestionamiento contra Peña no estaría relacionado únicamente con los nombres propuestos, sino con su pretensión de ejercer autoridad política sobre dirigentes que aseguran no haber recibido el acompañamiento esperado durante la campaña municipal.

    “Cuando lo necesitamos, no estuvo y ahora quiere utilizar el cargo de presidente para ordenar quién sí y quién no”, expresó uno de los concejales, según el testimonio recibido por CANAL-E.

    Otro de los cuestionamientos apunta directamente al papel electoral del mandatario: “En la campaña, Peña no ayudó en nada”.

    Las expresiones reflejan el malestar de algunos dirigentes y no representan necesariamente la posición de toda la bancada colorada.

    El reclamo deja planteada una cuestión política de fondo: ¿puede Peña imponer disciplina partidaria entre dirigentes que cuestionan su liderazgo territorial y su participación en la campaña electoral?

    Quince concejales, varios liderazgos y una presidencia en disputa

    La mayoría colorada en la Junta Municipal no significa necesariamente unidad política.

    Dentro del esquema de negociaciones aparecen Jorge “Turi” Capello y Luis Fernando “Luifer” Bernal como referentes del sector que buscaría impulsar el acuerdo entre Benítez y Radice.

    En ese armado se mencionan como posibles respaldos a Marcelo Centurión, Diego Sotomayor, Daniel Fernández, Axel Mongelós y Óscar “Piriki” Rodríguez.

    Por otro lado, Miguel Sosa, Nasser Esgaib, Ceres Escobar y Constantino “Tino” Ayala aparecen como dirigentes con posiciones propias dentro de las conversaciones.

    También existe un sector relacionado con Carlos Morel, vinculado políticamente a Raúl Latorre, en el que se mencionan Óscar Noldin, Cynthia Romero y Mariano Cáceres.

    Estos alineamientos corresponden a información preliminar y todavía no representan compromisos definitivos de votación.

    La disputa por los cargos evidencia que Honor Colorado, pese a contar con una amplia mayoría, deberá resolver primero sus diferencias internas antes de garantizar una conducción estable del Legislativo municipal.

    Peña busca demostrar una autoridad que sus propios dirigentes cuestionan

    El intento presidencial se produce en un escenario particularmente sensible para el oficialismo.

    El Partido Colorado perdió la Intendencia de Asunción, pero conservó el control numérico de la Junta Municipal. Esa mayoría convierte la elección de sus autoridades en una disputa estratégica para los distintos sectores del cartismo.

    La definición también tendrá consecuencias sobre el relacionamiento institucional con la administración de Soledad Núñez, que asumirá la Intendencia el próximo 3 de noviembre.

    Peña ya había solicitado unidad a los concejales colorados en una reunión anterior, realizada el 14 de octubre. Sin embargo, la continuidad de las negociaciones demuestra que la definición de las autoridades sigue siendo objeto de disputa.

    El desafío del mandatario no consiste solamente en conseguir los votos necesarios para elegir al presidente de la Junta, sino en demostrar que cuenta con capacidad de articulación entre los diferentes referentes de su propio movimiento.

    ¿Liderazgo político o imposición presidencial?

    La incógnita que rodea la convocatoria es si Santiago Peña conseguirá construir un acuerdo político o si buscará imponer una fórmula utilizando el peso de su investidura presidencial.

    La diferencia no es menor. Un consenso permitiría fortalecer la bancada colorada, mientras que una decisión resistida podría profundizar las divisiones internas antes del inicio del nuevo periodo municipal.

    Por ahora, la presencia de los 15 concejales en Mburuvicha Róga no está confirmada y tampoco existe una votación cerrada para la conformación de la mesa directiva.

    Peña pretende ordenar el tablero político de Asunción, pero primero deberá responder a un cuestionamiento que surge de sus propias filas: “Cuando lo necesitamos, no estuvo”.

  • Zenaida Delgado niega cobro de peajes:

    Zenaida Delgado niega cobro de peajes:

    La senadora cartista rechazó las acusaciones de tres exfuncionarias que denunciaron supuestos cobros ilegales de bonificaciones y exigencias de hasta G. 100 millones por nombramientos en el Senado. Delgado aseguró que las transferencias bancarias respondían a relaciones familiares y anunció acciones judiciales contra las denunciantes.

    La senadora Zenaida Delgado (ANR-Honor Colorado) rompió el silencio ante las graves acusaciones que la señalan como presunta responsable de un esquema de cobros irregulares a funcionarios del Congreso Nacional.

    La legisladora calificó de falsas las denuncias y sostuvo que las tres mujeres que la acusaron fueron desvinculadas de su despacho por supuestas irregularidades, entre ellas lesión de confianza y falsificación de firmas.

    Delgado aseguró que no permitirá que las acusaciones afecten su reputación y adelantó que recurrirá al Ministerio Público para presentar una denuncia penal.

    “Son temas domésticos”, respondió sobre las transferencias

    Uno de los puntos centrales de la controversia son las presuntas transferencias bancarias realizadas por funcionarias a cuentas vinculadas a la legisladora.

    Las denunciantes sostienen que esos movimientos correspondían al pago obligatorio de bonificaciones salariales y a exigencias económicas para acceder a cargos públicos.

    Sin embargo, Delgado rechazó esa interpretación y argumentó que mantenía una relación personal y familiar con algunas de las denunciantes, por lo que las transferencias no necesariamente estaban vinculadas a cuestiones laborales.

    “Estos son temas domésticos, no voy a entrar en esta tontería”, respondió la parlamentaria al ser consultada sobre los movimientos de dinero.

    La explicación de la senadora abre un punto fundamental para la investigación: determinar el origen, destino y justificación de las transferencias denunciadas.

    Las denunciantes eran familiares de la legisladora

    Delgado identificó a Leonarda Vera y Lorena Gauto como dos de las mujeres que formularon las acusaciones.

    Según explicó, una de ellas es su excuñada y la otra su exconcuñada. Ambas habrían accedido a trabajar en su despacho luego de solicitarle empleo.

    La senadora sostuvo que las consideraba personas de su confianza y atribuyó las denuncias a un conflicto surgido después de sus desvinculaciones.

    También afirmó que las separaciones estuvieron relacionadas con supuestas irregularidades administrativas, aunque evitó proporcionar detalles y señaló que la documentación correspondiente puede solicitarse al área de Recursos Humanos del Senado.

    Niega exigencias de hasta G. 100 millones

    Las acusaciones divulgadas por tres exfuncionarias describen un supuesto mecanismo de recaudación mediante el cual trabajadores debían entregar sus bonificaciones mensuales y pagar sumas de entre G. 20 millones y G. 100 millones para obtener nombramientos permanentes.

    Los testimonios también mencionan préstamos millonarios, presiones laborales y amenazas de desvinculación contra quienes se negaban a cumplir las exigencias económicas.

    Delgado negó categóricamente haber solicitado esos pagos y sostuvo que las denunciantes deberán demostrar sus afirmaciones ante la Justicia.

    “A la Fiscalía voy a contar muchas cosas”

    La legisladora anunció que pondrá los antecedentes en manos de sus abogados para iniciar acciones legales.

    Además, aseguró haber recibido amenazas, cuyos detalles no quiso revelar públicamente.

    “A la Fiscalía voy a contar muchas cosas”, expresó, dejando abierta la posibilidad de presentar documentación y otras denuncias relacionadas con el conflicto.

    También manifestó su preocupación por el impacto que la controversia puede generar en su familia.

    Defendió préstamos y favores económicos a familiares

    La senadora fue consultada igualmente sobre su participación como codeudora de un préstamo solicitado por su sobrino Alejandro Delgado.

    Defendió esa decisión argumentando que mantiene una relación cercana con él y que habitualmente ayuda económicamente a familiares y personas de su entorno.

    Aseguró, además, que había prestado dinero a una de sus excuñadas sin reclamar posteriormente su devolución.

    El caso pone bajo la lupa los controles del Senado

    Más allá de las acusaciones y la defensa de Delgado, la controversia plantea interrogantes sobre los procedimientos de contratación, asignación de bonificaciones y otorgamiento de nombramientos dentro del Congreso Nacional.

    Las denuncias deberán ser investigadas para establecer si existieron cobros indebidos, presiones laborales o utilización irregular de los recursos públicos.

    Asimismo, corresponderá determinar si las transferencias mencionadas responden a operaciones personales, como sostiene la parlamentaria, o a pagos exigidos por razones laborales, como afirman las denunciantes.

    La documentación bancaria, los registros administrativos y los testimonios serán fundamentales para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

  • Se intensifica la disputa por la Vicepresidencia.

    Se intensifica la disputa por la Vicepresidencia.

    La definición del compañero de fórmula de Pedro Alliana para las elecciones presidenciales de 2028 genera movimientos dentro del Partido Colorado. Mientras dirigentes parlamentarios y municipales expresan su respaldo a Raúl Latorre, los gobernadores impulsan la candidatura de César Sosa. Marco Riquelme continúa entre las opciones del vicepresidente.

    La carrera por acompañar a Pedro Alliana en su proyecto presidencial de 2028 comienza a generar posicionamientos cada vez más visibles dentro del oficialismo colorado. Diputados, intendentes y gobernadores buscan hacer valer sus preferencias en una definición que tendrá impacto en el futuro armado político del sector.

    En el centro de la disputa aparecen tres nombres: el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa; y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

    Diputados e intendentes se pronuncian por Latorre

    El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Hugo Meza, ratificó su respaldo a Raúl Latorre al considerar que su perfil capitalino podría complementar la candidatura presidencial de Alliana, cuya trayectoria política está vinculada al departamento de Ñeembucú.

    Meza sostuvo que el titular de Diputados reúne las condiciones para contribuir a una fórmula que, a su criterio, pueda ampliar su base electoral más allá del electorado tradicional del Partido Colorado.

    Sin embargo, aclaró que su preferencia por Latorre no significa un rechazo a César Sosa y que los diputados podrían acompañar al gobernador si finalmente resulta elegido.

    En la misma línea, el exdiputado e intendente electo de Encarnación, Sebastián Remesowski, manifestó públicamente su preferencia por Latorre.

    Remesowski destacó su experiencia legislativa, capacidad de gestión y relacionamiento institucional, cualidades que considera relevantes para quien deba ejercer la Vicepresidencia de la República.

    Los gobernadores impulsan a César Sosa

    Mientras crecen los respaldos parlamentarios a Latorre, los gobernadores colorados promueven la candidatura del jefe departamental de Guairá, César Sosa.

    El sector considera importante que uno de sus integrantes acompañe a Alliana en la fórmula presidencial y busca hacer valer su representación territorial dentro de la estructura partidaria.

    No obstante, Meza sostuvo que existe un entendimiento entre diputados y gobernadores para respetar la decisión final, evitando vetos entre ambos sectores.

    Marco Riquelme sigue en carrera

    El tercer aspirante es el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, cuyo nombre también fue incluido por Alliana entre las opciones sometidas a evaluación.

    Su eventual elección genera reparos en algunos sectores del oficialismo. El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, reconoció que podrían producirse diferencias internas si Riquelme fuera seleccionado, aunque evitó hablar en representación de todos los gobernadores.

    La última palabra será de Pedro Alliana

    El actual vicepresidente de la República anunció una encuesta para evaluar a los tres posibles compañeros de fórmula, pero dejó claro que la decisión política final estará en sus manos.

    Alliana pretende definir su dupla antes del 24 de noviembre, en medio de las negociaciones y reacomodamientos internos del Partido Colorado.

    La definición no solamente determinará quién acompañará su candidatura presidencial, sino también cómo quedarán representados los distintos sectores que respaldan su proyecto electoral de cara a 2028.

  • Peajes, extorsión y aprietes: denuncian un negocio con cargos públicos en el Congreso

    Peajes, extorsión y aprietes: denuncian un negocio con cargos públicos en el Congreso

    ¿Cuánto cuesta conseguir un nombramiento en el Congreso Nacional? Una investigación periodística expone denuncias sobre presuntos cobros ilegales, exigencias económicas y presiones contra funcionarios que buscan acceder a un puesto o conservar su estabilidad laboral.

    Detrás de las puertas del Congreso Nacional, donde se elaboran las leyes y se toman decisiones que afectan a millones de paraguayos, existiría un sistema de exigencias económicas que pone bajo cuestionamiento la administración de los recursos públicos y los mecanismos de contratación de personal.

    Una investigación del equipo periodístico de Radio Monumental 1080 AM revela testimonios sobre presuntos cobros de dinero a funcionarios, conocidos como peajes, que habrían sido exigidos como condición para acceder a cargos públicos, obtener nombramientos o conservar determinados beneficios laborales.

    ¿Pagar para trabajar en el Estado?

    Las denuncias plantean una pregunta que compromete la transparencia institucional: ¿los cargos públicos se otorgan por capacidad y necesidad administrativa o existen funcionarios obligados a pagar para conseguirlos?

    Según los testimonios difundidos, trabajadores del Congreso habrían enfrentado exigencias económicas, presiones y amenazas de desvinculación en un supuesto sistema que aprovecharía la necesidad de empleo y la expectativa de alcanzar estabilidad laboral.

    Las acusaciones incluyen pagos periódicos, entrega de bonificaciones y solicitudes de sumas millonarias para acceder a nombramientos.

    El silencio y las responsabilidades institucionales

    La investigación también abre interrogantes sobre los controles internos del Poder Legislativo y la eventual participación o conocimiento de autoridades encargadas de los procesos administrativos.

    ¿Cómo se autorizan los nombramientos? ¿Quién controla las bonificaciones? ¿Qué mecanismos existen para impedir que los puestos financiados con dinero público sean utilizados como instrumentos de presión económica?

    Las respuestas deberán surgir de investigaciones que permitan determinar la veracidad de las denuncias e identificar eventuales responsabilidades.

    Una investigación que exige respuestas

    El trabajo periodístico difundido por Radio Monumental 1080 AM pone sobre la mesa acusaciones que requieren esclarecimiento institucional.

    Más allá de los nombres señalados, el caso plantea una cuestión fundamental: ningún funcionario debería estar obligado a entregar parte de su salario ni a pagar para acceder a un empleo financiado con recursos del Estado.

    Las denuncias todavía deben ser investigadas y comprobadas por las autoridades competentes, con pleno respeto a las garantías de todas las personas involucradas.

  • Escándalo en el Senado.

    Escándalo en el Senado.

    Tres funcionarias denunciaron un presunto esquema de recaudación ilegal en el despacho de la senadora cartista Zenaida Delgado. Aseguran que debían entregar sus bonificaciones mensuales, endeudarse para conseguir nombramientos y enfrentar amenazas de despido si no cumplían con las exigencias económicas. La legisladora niega las acusaciones y anuncia acciones legales.

    Cargos públicos convertidos en un negocio millonario, según denunciantes

    Una grave denuncia de presunta corrupción sacude nuevamente al Congreso Nacional. Tres funcionarias señalaron directamente a la senadora Zenaida Delgado como supuesta responsable de un mecanismo de cobros irregulares que habría convertido contratos, bonificaciones salariales y nombramientos permanentes en una fuente de recaudación privada.

    Los testimonios divulgados este lunes 26 de octubre, a través de una investigación periodística de Radio Monumental, describen un sistema en el que los trabajadores debían entregar parte de sus remuneraciones para conservar sus puestos y pagar sumas de hasta G. 100 millones para acceder a un nombramiento.

    Según las denunciantes, el supuesto esquema afectaría a entre 15 y 20 funcionarios del Congreso Nacional.

    El primer negocio: cobrar por trabajar

    El mecanismo denunciado comenzaría con la contratación de funcionarios a quienes se asignaban cargos con bonificaciones por responsabilidad.

    Sin embargo, según los testimonios, esos beneficios económicos no quedaban en manos de los trabajadores, sino que debían ser entregados periódicamente a la legisladora.

    Los montos exigidos habrían oscilado entre G. 1.350.000 y G. 2.500.000 mensuales, dependiendo del salario y la función asignada.

    Una de las denunciantes resumió el presunto sistema con una afirmación contundente:“Somos más de 15 funcionarios, toditos estamos con cargos, ¿y por qué el cargo? Porque cada persona que tiene un cargo tiene una bonificación y esa bonificación es justamente para la senadora”.

    Entre los ejemplos mencionados figura un cargo denominado Director de Asuntos Entrantes, con una remuneración de G. 12.300.000, que incluía una bonificación de G. 2.800.000.

    De acuerdo con las denunciantes, los pedidos de dinero eran constantes y se realizaban mediante mensajes, transferencias bancarias o intermediarios.

    El segundo negocio: hasta G. 100 millones por un nombramiento

    La segunda etapa del presunto esquema consistiría en exigir pagos millonarios a funcionarios que aspiraban a obtener estabilidad laboral mediante nombramientos permanentes.

    Las cifras denunciadas van desde G. 20 millones hasta G. 100 millones.

    Algunas trabajadoras afirmaron que, ante la imposibilidad de reunir esos montos, habrían sido presionadas para contratar préstamos bancarios y créditos a través de la Caja Parlamentaria.

    Una de ellas aseguró haber entregado G. 50 millones mediante préstamos, quedando comprometida con cuotas mensuales cercanas a G. 5 millones.

    Otra relató que consiguió G. 15 millones para responder parcialmente a una exigencia inicial de G. 50 millones. Posteriormente, según su testimonio, habría recibido un nuevo pedido de G. 100 millones.

    Las denunciantes sostienen que quienes se negaban a pagar o no completaban las sumas requeridas quedaban expuestos a la desvinculación, incluso después de haber entregado importantes cantidades de dinero.

    Funcionarios endeudados y amenazas de despido

    Uno de los aspectos más delicados de las denuncias es la supuesta utilización de la inestabilidad laboral como mecanismo de presión.

    De acuerdo con los testimonios, los funcionarios que todavía no habían adquirido estabilidad podían ser separados de sus puestos, generando nuevas vacancias que permitirían repetir el presunto mecanismo de cobros.

    Una de las denunciantes afirmó haber perdido su empleo después de entregar dinero para obtener un nombramiento, mientras continuaba obligada a pagar los créditos contraídos.

    Otra aseguró haber recibido una intimación extrajudicial destinada, según su interpretación, a impedir que divulgara información relacionada con los supuestos pagos.

    Apuntan a otros funcionarios del Congreso

    Los testimonios también mencionan a personas que presuntamente habrían intervenido en distintas etapas del mecanismo denunciado.

    Entre ellas figura Norma Cardozo Vázquez, directora de Talento Humano del Senado, quien, según las denunciantes, habría manejado información sobre cupos disponibles para nombramientos.

    También mencionan a Rafael García, vinculado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso, por una supuesta intervención en la gestión de créditos.

    Las funcionarias sospechan, además, que determinadas resoluciones salariales y administrativas habrían contado con el aval del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez. Estas afirmaciones constituyen sospechas de las entrevistadas y no acreditan por sí mismas participación irregular de los funcionarios mencionados.

    Otro nombre señalado es el de Fátima Agüero, exfuncionaria cercana a Delgado, procesada en 2024 por un supuesto esquema de venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS).

    Según los relatos, Agüero habría actuado como intermediaria para el ingreso de personal y posteriormente en la entrega de notificaciones e intimaciones.

    Zenaida Delgado niega las acusaciones y Bachi anuncia un sumario

    Tras hacerse públicas las denuncias, la senadora Zenaida Delgado rechazó las acusaciones y sostuvo que las exfuncionarias fueron desvinculadas por presuntas irregularidades, entre ellas lesión de confianza y falsificación de firmas. También anunció que emprenderá acciones legales.

    Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, manifestó que solicitará la apertura de un sumario para investigar los hechos denunciados y aseguró que no protegerá a legisladores que incurran en conductas indebidas.

    ABC Color
    +1

    Un escándalo que exige respuestas institucionales

    Las acusaciones plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación, la asignación de bonificaciones, los nombramientos y los controles administrativos dentro del Congreso Nacional.

    De comprobarse los hechos denunciados, no se trataría simplemente de pedidos irregulares de dinero, sino de una posible estructura de aprovechamiento de cargos públicos para obtener beneficios económicos particulares.

    La gravedad de los testimonios exige una investigación independiente que permita determinar si existieron transferencias indebidas, presiones laborales, intermediación irregular o responsabilidades administrativas y penales.

    La pregunta que queda instalada es contundente: ¿los cargos del Senado se asignan por capacidad y necesidad institucional o pueden convertirse en mercancía política para beneficio de quienes controlan los nombramientos?

    Por el momento, las acusaciones deben ser investigadas y las responsabilidades individualizadas conforme a las pruebas.

  • EDDIE JARA, IMPUTADO POR G. 5.399 MILLONES SIN JUSTIFICAR: LA COMPRA DE SALMA AGÜERO TAMBIÉN GENERA PREGUNTAS

    EDDIE JARA, IMPUTADO POR G. 5.399 MILLONES SIN JUSTIFICAR: LA COMPRA DE SALMA AGÜERO TAMBIÉN GENERA PREGUNTAS

    La Fiscalía imputó al expresidente de Petropar, Eddie Ramón Jara Rojas, por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar una diferencia patrimonial no justificada de más de G. 5.399 millones. En medio del escándalo vuelve a cobrar relevancia una operación inmobiliaria realizada con la actual ministra de la Juventud, Salma Agüero, quien adquirió una propiedad del exfuncionario en San Bernardino.

    La investigación patrimonial contra el expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, ingresó en una nueva etapa judicial luego de que la fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formulara imputación por presunto enriquecimiento ilícito.

    El Ministerio Público también imputó a su exesposa, Karina Estefana Otazú Fleitas, por supuesto lavado de activos, al identificar operaciones financieras que, según la hipótesis fiscal, no guardarían correspondencia con su capacidad económica declarada.

    Gastó G. 570 millones en un mes, mientras cobraba G. 44 millones

    Uno de los datos más llamativos de la investigación corresponde a octubre de 2025, cuando Jara habría registrado gastos e inversiones por G. 570.680.982, frente a una remuneración mensual de G. 44.956.148.

    La diferencia supera los G. 525 millones en apenas un mes.

    El análisis fiscal abarca el periodo comprendido entre agosto de 2023 y marzo de 2026, durante el cual se identificaron depósitos y aplicaciones de dinero por más de G. 5.547 millones.

    Tras considerar los ingresos y la capacidad de ahorro documentados, la Fiscalía estableció preliminarmente una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399.450.612.

    Estas inconsistencias constituyen parte de los elementos que sustentan la imputación y deberán ser examinadas durante el proceso penal.

    Salma Agüero y la operación inmobiliaria en San Bernardino

    Otro de los aspectos que genera interrogantes es la operación inmobiliaria realizada entre Eddie Jara y la actual ministra de la Juventud, Salma Agüero.

    La transacción, registrada en 2021 y mencionada en los antecedentes de la investigación patrimonial, corresponde a un inmueble ubicado en San Bernardino que pertenecía al entonces funcionario.

    Según los datos difundidos sobre la operación, la adquisición habría involucrado aproximadamente G. 450 millones, monto cuya documentación completa y condiciones de financiamiento merecen ser aclaradas.

    En aquel periodo, Agüero ocupaba un cargo en la Municipalidad de Asunción y, de acuerdo con las referencias sobre sus declaraciones fiscales, percibía ingresos mensuales cercanos a G. 4 millones.

    La ministra sostuvo que tenía 22 años cuando concretó la adquisición y que la transacción fue bancarizada.

    Sin embargo, la explicación plantea preguntas que requieren respuestas documentales: ¿Cómo se financió la compra? ¿Se utilizaron ahorros, préstamos u otros ingresos? ¿Cuáles fueron las condiciones de pago acordadas con Jara?

    La bancarización permitiría verificar la circulación del dinero, mientras que la documentación crediticia, contractual y tributaria ayudaría a establecer el origen de los fondos y las condiciones reales de la operación.

    Es importante precisar que la aparición de Agüero en los antecedentes patrimoniales no demuestra participación en un hecho ilícito ni significa que esté imputada en esta causa.

    Una propiedad que posteriormente cambió de propietario

    De acuerdo con los antecedentes publicados sobre el examen de la Contraloría, el inmueble adquirido por Agüero fue posteriormente transferido, en agosto de 2023, a Domingo Germán Quiñónez Astigarraga, hermano de la exfiscala general del Estado Sandra Quiñónez.

    Esta nueva transferencia suma otro aspecto que puede ser aclarado mediante las escrituras y constancias de pago correspondientes.

    La sucesión de operaciones inmobiliarias no constituye por sí misma una irregularidad. Sin embargo, cuando aparece vinculada a los antecedentes patrimoniales de un exalto funcionario investigado, resulta razonable solicitar transparencia sobre los montos y las condiciones de las transacciones.

    Contraloría ya había advertido inconsistencias millonarias

    Antes de la imputación, la Contraloría General de la República había remitido al Ministerio Público un informe sobre las declaraciones juradas de Jara.

    En ese examen se identificaron diferencias patrimoniales de entre G. 1.135 millones y G. 1.549 millones, dependiendo de los criterios utilizados para evaluar determinados ingresos y documentos privados.

    La investigación fiscal posterior amplió el análisis de operaciones bancarias, obligaciones financieras, pagos, préstamos y movimientos de efectivo.

    Entre los aspectos observados también figuran cancelaciones de obligaciones y adquisiciones patrimoniales que habrían superado la capacidad económica documentada del extitular de Petropar.

    La responsabilidad de explicar el origen del dinero

    El caso trasciende la situación personal de Eddie Jara y plantea un debate sobre la transparencia patrimonial de quienes ejercen cargos públicos.

    En el caso de Salma Agüero, corresponde distinguir entre la existencia documentada de una operación inmobiliaria y cualquier eventual sospecha penal, que necesitaría pruebas independientes.

    La ministra puede contribuir a despejar los interrogantes mediante documentación verificable sobre el financiamiento, los pagos y las condiciones de la compraventa.

    Por su parte, Jara deberá responder en el proceso judicial por los movimientos patrimoniales que la Fiscalía considera insuficientemente justificados.

    El Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva y medidas cautelares sobre determinados bienes y cuentas bancarias.

    La imputación no equivale a una condena. La responsabilidad penal de los investigados deberá determinarse con respeto a las garantías del debido proceso.

    Lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer, mientras avanza la investigación, es cómo se financiaron las operaciones cuestionadas y qué documentación existe para respaldarlas.

    La transparencia no se agota en declaraciones públicas: requiere documentos, trazabilidad y explicaciones comprobables.

  • PROPONEN HASTA 20 AÑOS DE CÁRCEL POR “IDEOLOGÍA DE GÉNERO”

    PROPONEN HASTA 20 AÑOS DE CÁRCEL POR “IDEOLOGÍA DE GÉNERO”

    Organizaciones provida y profamilia presentaron ante el Congreso Nacional una propuesta de modificación del Código Penal que contempla penas de entre 4 y 20 años de prisión para quienes promuevan, difundan o autoricen determinados contenidos relacionados con la sexualidad y la identidad de género de menores de edad. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 50.000 firmas ciudadanas.

    Una propuesta legislativa que promete generar un amplio debate político, jurídico y social llegó este miércoles 21 de octubre al Congreso Nacional. Representantes de organizaciones provida y profamilia presentaron una iniciativa popular que busca establecer severas sanciones penales contra conductas que sus impulsores vinculan con la denominada “ideología de género”.

    La propuesta fue recibida por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, y varios legisladores, entre ellos los senadores Lizarella Valiente, Gustavo Leite, Natalicio Chase, Dionisio Amarilla y Juan Carlos Galaverna.

    La presentación se realizó en el marco de una movilización ciudadana que comenzó en la Plaza de la Democracia de Asunción y posteriormente se trasladó hasta las inmediaciones del Poder Legislativo.

    ¿QUÉ ESTABLECE LA PROPUESTA?

    El anteproyecto plantea incorporar al Código Penal paraguayo el artículo 135 c, denominado “Abuso bajo otras formas”, con el propósito de sancionar la elaboración, distribución, comercialización, promoción y difusión de materiales impresos, digitales o audiovisuales que, según la definición propuesta por sus promotores, puedan alterar o perjudicar la percepción de los niños sobre su sexualidad o identidad biológica.

    La iniciativa establece tres niveles de sanciones:

    • De 4 a 10 años de prisión: para quienes elaboren, comercialicen, promocionen, distribuyan o difundan los materiales y contenidos contemplados en la propuesta.
    • De 10 a 15 años de prisión: cuando las conductas sean cometidas por funcionarios públicos o autoridades electas.
    • De 15 a 20 años de prisión: para funcionarios o autoridades que autoricen, firmen o aprueben oficialmente la distribución o aplicación de dichos contenidos.

    De aprobarse en estos términos, la modificación representaría la incorporación de nuevas conductas punibles al Código Penal, con sanciones que podrían alcanzar las dos décadas de privación de libertad.

    LIZARELLA VALIENTE Y OTROS LEGISLADORES RESPALDAN EL DEBATE

    La senadora Lizarella Valiente manifestó su acompañamiento a la iniciativa y sostuvo que el objetivo es evitar que los adultos intervengan de manera perjudicial en la formación de la identidad biológica de los niños.

    Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, anunció que el documento será sometido al análisis de las comisiones legislativas correspondientes.

    La propuesta también cuenta con el acompañamiento del senador Gustavo Leite, quien defendió el planteamiento de las organizaciones y su intención de establecer mayores mecanismos de protección para los menores.

    Sin embargo, legisladores presentes reconocieron la necesidad de examinar cuidadosamente el contenido del anteproyecto para determinar su compatibilidad con la Constitución Nacional.

    UNA PROPUESTA QUE ABRE EL DEBATE

    La eventual modificación del Código Penal plantea importantes interrogantes jurídicos respecto de los alcances de las conductas que se pretende sancionar, la proporcionalidad de las penas y su compatibilidad con derechos constitucionales como la libertad de expresión, la educación y la igualdad ante la ley.

    Uno de los puntos centrales será determinar con precisión qué conductas podrían constituir delitos, evitando interpretaciones ambiguas que generen inseguridad jurídica.

    En medio de la discusión también surgieron posiciones diferentes dentro de sectores religiosos. El Arzobispado de Asunción tomó distancia de la movilización y de la propuesta penal, tras solicitar evaluaciones jurídicas y pastorales sobre su contenido.

    EL CONGRESO TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA

    Con más de 50.000 firmas presentadas, las organizaciones impulsoras buscan convertir su planteamiento en una modificación efectiva de la legislación paraguaya.

    No obstante, la iniciativa todavía no constituye una ley vigente y deberá superar las distintas instancias de estudio, debate y aprobación parlamentaria.

    El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de analizar tanto los objetivos de protección de la niñez invocados por los promotores como las implicancias constitucionales y jurídicas de una propuesta que contempla penas de hasta 20 años de prisión.

    El debate recién comienza y promete instalarse entre los temas más controvertidos de la agenda legislativa nacional.

  • Peña apunta a la Junta de Gobierno de la ANR, pero la Constitución le impide asumir antes del 2028

    Peña apunta a la Junta de Gobierno de la ANR, pero la Constitución le impide asumir antes del 2028

    El presidente Santiago Peña confirmó que competirá por un lugar en la Junta de Gobierno del Partido Colorado en las internas de 2027. Sin embargo, deberá esperar hasta concluir su mandato presidencial para ejercer el cargo, debido a las incompatibilidades establecidas en la Constitución Nacional. Su decisión también forma parte de los movimientos políticos que buscan reorganizar el oficialismo colorado de cara al 2028.

    El presidente de la República, Santiago Peña, confirmó que será candidato a miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en las elecciones internas previstas para 2027, dejando en claro que pretende continuar su carrera política dentro del Partido Colorado una vez que abandone el Palacio de López.

    La decisión se conoce en medio de un escenario de reacomodamientos internos del coloradismo, marcado por las diferencias entre sectores oficialistas y la disputa por los espacios de conducción partidaria.

    Peña aseguró que cumplirá íntegramente su mandato constitucional hasta el 15 de agosto de 2028 y que posteriormente pretende incorporarse a la conducción del partido.

    “Yo me voy a postular para la Junta de Gobierno, para miembro de la Junta de Gobierno, esa ha sido siempre mi posición”, expresó el mandatario ante los medios de comunicación.

    La Constitución permite la candidatura, pero no el ejercicio del cargo

    La intención presidencial plantea una cuestión jurídica relacionada con el artículo 237 de la Constitución Nacional, que establece expresamente la incompatibilidad del ejercicio de la Presidencia de la República con cualquier otro cargo público o privado, remunerado o no.

    En consecuencia, aunque Peña podría participar como candidato en las elecciones partidarias, no podría ejercer simultáneamente las funciones de presidente de la República y miembro de la Junta de Gobierno.

    El exministro de la Corte Suprema de Justicia Luis Lezcano Claude explicó que el cargo partidario tiene carácter privado y, por lo tanto, está comprendido dentro de las incompatibilidades constitucionales.

    Según su interpretación, Peña podría competir electoralmente, pero su incorporación efectiva a la Junta deberá producirse después del 15 de agosto de 2028, cuando finalice su mandato presidencial.

    El abogado y exsenador Hugo Estigarribia también sostuvo que existe una diferencia jurídica entre presentarse como candidato y ejercer efectivamente el cargo.

    El antecedente de Nicanor Duarte Frutos

    La situación recuerda el caso del expresidente Nicanor Duarte Frutos, quien en 2008 ganó las elecciones para presidir la Junta de Gobierno de la ANR cuando todavía ejercía la Presidencia de la República.

    Aquel episodio abrió una controversia sobre las incompatibilidades constitucionales y el momento en que un mandatario puede asumir responsabilidades partidarias.

    En el caso de Santiago Peña, su intención declarada es ocupar una membresía de la Junta y no necesariamente su presidencia, una distinción relevante para el análisis de las funciones que pretende ejercer.

    Peña busca mantener presencia política después de dejar el Gobierno

    Más allá del aspecto jurídico, la candidatura de Peña tiene una dimensión política dentro del Partido Colorado.

    Su intención de formar parte de la Junta de Gobierno confirma que no pretende retirarse de la actividad partidaria después de entregar la Presidencia de la República.

    El anuncio se produce en un contexto de disputas por el liderazgo colorado, especialmente después de las diferencias surgidas dentro de Honor Colorado y los movimientos políticos relacionados con la candidatura presidencial de Pedro Alliana para 2028.

    En paralelo, el senador Silvio “Beto” Ovelar también manifestó su intención de competir por la presidencia de la ANR, lo que incorpora otro elemento a las negociaciones sobre la futura conducción partidaria.

    De concretarse estas candidaturas, el sector vinculado al actual mandatario buscaría mantener representación tanto en la conducción del Partido Colorado como en la disputa por el próximo gobierno nacional.

    La disputa por el liderazgo colorado

    El escenario plantea interrogantes sobre la reorganización del oficialismo y la relación política que mantendrán Santiago Peña, Pedro Alliana y Horacio Cartes en el próximo proceso electoral.

    Cartes continúa siendo una figura central en la estructura partidaria, mientras distintos dirigentes buscan posicionarse para las internas de 2027 y las elecciones generales de 2028.

    En ese contexto, la candidatura de Peña a la Junta de Gobierno constituye una señal de su intención de participar en las decisiones futuras de la ANR, incluso después de concluir su gestión presidencial.

    La cuestión de fondo ya no es solamente si Santiago Peña puede ser candidato, sino qué papel pretende desempeñar dentro del Partido Colorado cuando deje el poder y cómo se reorganizarán los liderazgos de cara al 2028.

  • Ministro del MEC reconoce error por material sobre Hitler y pide disculpas a la comunidad judía

    Ministro del MEC reconoce error por material sobre Hitler y pide disculpas a la comunidad judía

    El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, reconoció errores en los materiales educativos que incluyen referencias a Adolf Hitler y presentó sus disculpas a la Comunidad Judía del Paraguay. El representante de la colectividad, Humberto Ismajovich, valoró el reconocimiento y pidió una educación basada en la inclusión y el respeto.

    La polémica generada por los materiales educativos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), destinados a estudiantes del tercer curso de la Educación Media, sumó un nuevo capítulo luego de que el titular de la cartera, Luis Ramírez, reconociera un error en el contenido cuestionado y pidiera disculpas a la Comunidad Judía del Paraguay.

    El pronunciamiento se produjo tras una reunión mantenida entre el ministro y Humberto Ismajovich, representante de la colectividad judía, en medio de los cuestionamientos surgidos por la inclusión de referencias al dictador nazi Adolf Hitler en materiales que comenzaron a circular masivamente en las redes sociales.

    La comunidad judía valoró el reconocimiento del error

    Al término del encuentro, Ismajovich destacó la actitud del ministro de Educación, quien admitió que existió una equivocación en el material educativo.

    “El ministro reconoció que hubo un error y agradecemos eso. Todos queremos que mejore la educación, con inclusión, sin discriminación”, manifestó el representante de la comunidad judía.

    Sus declaraciones reflejan la preocupación por la manera en que determinados acontecimientos y personajes históricos son presentados dentro del sistema educativo, especialmente cuando se trata de figuras responsables de crímenes contra la humanidad.

    La polémica por la figura de Adolf Hitler

    La controversia se inició luego de que se viralizaran fragmentos de materiales educativos del MEC que hacían referencia a Adolf Hitler, principal responsable del régimen nazi y del Holocausto, durante el cual fueron asesinados aproximadamente seis millones de judíos.

    El contenido provocó cuestionamientos acerca del enfoque pedagógico utilizado y la necesidad de garantizar que el estudio de estos episodios históricos se realice con suficiente contexto, rigor y una condena clara de las atrocidades cometidas.

    La discusión también puso sobre la mesa la importancia de establecer mecanismos adecuados de revisión y evaluación antes de incorporar nuevos materiales al sistema educativo.

    El desafío del MEC: garantizar contenidos educativos responsables

    El reconocimiento del error por parte del ministro Luis Ramírez representa un paso en la atención de los cuestionamientos planteados por la Comunidad Judía del Paraguay.

    Sin embargo, la controversia también plantea interrogantes sobre los mecanismos de elaboración, evaluación y supervisión de los materiales destinados a los estudiantes.

    La enseñanza de la historia requiere abordar tanto los hechos positivos como los acontecimientos más oscuros de la humanidad, pero siempre desde una perspectiva que permita comprender sus consecuencias, promover el pensamiento crítico y prevenir la discriminación.

    La reunión entre el MEC y la Comunidad Judía del Paraguay deja abierta una cuestión fundamental: qué medidas se adoptarán para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en los materiales educativos.

  • Yolanda Paredes oficializa su candidatura presidencial y propone internas para unir a la oposición.

    Yolanda Paredes oficializa su candidatura presidencial y propone internas para unir a la oposición.

    La senadora de Cruzada Nacional confirmó que buscará la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2028. Aseguró que su candidatura surgió de las bases partidarias y no de una decisión improvisada. Mientras tanto, Paraguayo “Payo” Cubas buscará regresar al Senado.

    La senadora Yolanda Paredes oficializó su precandidatura a la Presidencia de la República por el Partido Cruzada Nacional, con miras a las elecciones generales de 2028, y planteó la necesidad de establecer un mecanismo electoral que permita a la oposición definir una candidatura única.

    Durante una entrevista, la legisladora aclaró que su postulación no responde a una decisión tomada de un día para otro, sino a un proceso de consultas y conversaciones con dirigentes de su agrupación política.

    “Esta idea viene de las bases del partido Cruzada Nacional”, manifestó Paredes, al explicar que recibió el respaldo de dirigentes que consideran necesario presentar una propuesta presidencial propia.

    La iniciativa fue impulsada por 28 presidentes distritales de Cruzada Nacional, quienes solicitaron formalmente que la parlamentaria represente al sector en la carrera presidencial.

    Payo Cubas buscará volver al Senado

    Paredes también confirmó que Paraguayo “Payo” Cubas, principal referente de Cruzada Nacional, tiene previsto competir por un escaño en la Cámara de Senadores.

    Esta distribución de candidaturas forma parte de la reorganización política del partido para enfrentar el próximo proceso electoral, manteniendo su participación tanto en la disputa presidencial como en la conformación del futuro Congreso Nacional.

    Una interna para definir al candidato opositor

    Uno de los principales planteamientos de Paredes es que los partidos y movimientos opositores acuerden un mecanismo de selección que permita llegar a las elecciones generales con una sola candidatura presidencial.

    “La idea es que la oposición entre en una interna y que de ahí salga una sola candidatura”, expresó la legisladora.

    En ese sentido, se mostró dispuesta a competir con otros referentes opositores mediante un sistema de internas o una elección con padrón abierto, siempre que exista un acuerdo previo sobre las reglas de participación.

    La senadora considera que la oposición debe avanzar cuanto antes en la construcción de consensos y evitar que las diferencias entre sus principales dirigentes dificulten la conformación de un proyecto electoral común.

    El desafío de construir la unidad opositora

    El anuncio de Paredes se produce en medio de las conversaciones y movimientos políticos de los distintos sectores opositores que buscan posicionarse de cara a las presidenciales de 2028.

    La propuesta de Cruzada Nacional abre un nuevo capítulo en el debate sobre cómo elegir al representante de la oposición, especialmente ante la existencia de varias figuras con aspiraciones presidenciales.

    Por ahora, el principal desafío será determinar si los partidos y movimientos aceptarán someter sus candidaturas a un proceso electoral común o si finalmente optarán por competir de manera independiente.

    Con Yolanda Paredes en la carrera presidencial y Payo Cubas apuntando al Senado, Cruzada Nacional comienza a definir su estrategia electoral para 2028, aunque la eventual candidatura única de la oposición todavía dependerá de los acuerdos entre sus diferentes sectores.