Categoría: Judiciales

Hoy se inicia el juicio oral y público contra Roberto Cárdenas, exintendente de Lambaré, quien será juzgado por el supuesto delito de lesión de confianza que implicaría un perjuicio a la comuna de unos G. 7.700 millones. Cárdenas también está procesado por el derrumbe del Colegio Nacional de Lambaré sobre unos 23 alumnos.

La audiencia oral se realizará en el juzgado de Luque ante el tribunal que preside la jueza Alicia Orrego e integran los jueces Lilian Flores y Blas Imas, la fiscal acusadora es Teresita Torres Molas. En el caso se investiga el uso de fondos de royalties para pavimentación de manera ilegal.

“Al caso lo denominamos royalties y pavimentación porque, a pesar de que está vedado disponer de esos fondos, destinaron a la cuenta institucional por ese monto y no fueron devueltas esas transferencias a las cuentas de origen”, manifestó la fiscal Teresita Torres.

El dinero debía ser destinado a la planificación y elaboración de obras de infraestructura de pavimentación, desagües cloacales y otras en beneficio de la comunidad y el uso de ese dinero para otros fines está prohibido, reiteró la representante del Ministerio Público.

Cárdenas también se encuentra procesado por otro presunto perjuicio patrimonial que orilla los G. 80 millones y que derivó en el derrumbe de una de las aulas del Colegio Nacional de Lambaré en el 2015. La Fiscalía había acusado al ex intendente y otras 5 personas por este hecho.

El incidente habría sido producto de una presunta mala utilización de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). La Fiscalía se ratificó en los términos de la acusación por el perjuicio patrimonial de unos G. 266.730.000. La vida de varios alumnos estuvo en juego.

Fuente: lanacion.com

El 27 de mayo de 2015 estallaba en Suiza el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol mundial más conocido como FIFA Gate. A seis años de esa fatídica fecha, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez es acusado hoy ante la justicia paraguaya de lavado de dinero, lesión de confianza, evasión de impuestos y asociación criminal, reviviendo así el oscuro pasado de la Confederación. La denuncia fue radicada por el tres veces mejor arquero del mundo, José Luis Chilavert.

Un día como hoy, pero del año 2015, amanecía en Zurich (Suiza) y el lujoso hotel Baur au Lac era escenario del histórico arresto de siete de los más altos dirigentes de FIFA, que formaban parte de los 12 acusados de fraude, asociación criminal y lavado de dinero por parte de la Fiscala de Nueva York, Loreta Lynch, entre ellos el paraguayo Nicolás Leoz (+), luego de una investigación de más de 10 años del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La nómina de acusados se extendería luego a casi 40 personas entre dirigentes de fútbol y empresarios de marketing deportivo, alcanzando la imputación a otro paraguayo, Juan Ángel Napout, quien actualmente cumple una condena de 9 años de prisión en los EE.UU.

Si bien las investigaciones se originaron en el seno de la FIFA, donde se detectó toda una estructura mafiosa que operaba a través de sobornos a los dirigentes para la elección de sedes para los Mundiales y la firma de millonarios contratos de televisión, fueron las Confederaciones de Centro y Norteamérica (Concacaf) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) las más perjudicadas, especialmente esta última ya que fueron aprehendidos 9 de los 10 presidentes de Federaciones miembros del Comité Ejecutivo.

El único que se salvó fue el, hasta ese momento, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Alejandro Domínguez Wilson-Smith, el mismo que en enero de 2016, mediante una sospechosa maniobra y el apoyo del ya en ese entonces imputado y con orden de captura de Interpol, Marco Polo del Nero (ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol – CBF), desplaza al uruguayo Wilmar Valdez (a quien correspondía por estatuto culminar el mandato de Napout) y se proclama presidente de la Conmebol.

Domínguez asumió la matriz del balompié Sudamericano con un discurso de apertura y de promesas de transparencia y lucha frontal contra la corrupción que había hecho estragos en el Comité Ejecutivo anterior del cual él formaba parte.

Sin embargo, la administración del dirigente paraguayo rápidamente se desdibuja volviendo a oscuras prácticas que se creían ya superadas con el FIFA Gate, como la recontratación de las mismas empresas que formaron parte de la estructura mafiosa que por décadas fueron cómplices de los dirigentes que saquearon las arcas de la Conmebol.

Alejandro Domínguez, por ejemplo, mantuvo por mucho tiempo a la empresa DATISA (Torneos, Traffic y Full Play) el principal artífice del pago de unos USD 110 millones en sobornos a la cúpula de la Conmebol, según la Fiscalía de los EE.UU.

Domínguez también mantuvo “a capa y espada” a su “padrino”, el imputado y con orden de captura internacional Marco Polo del Nero, quien fue sancionado por corrupción, de por vida, por el Comité de Disciplina de la FIFA recién en abril de 2018, pese a que el mismo presidente de la Conmebol, apenas asumió, puso a funcionar un “test de idoneidad” que en teoría inhabilitaba al brasileño pero en la práctica el paraguayo lo mantenía en el cargo y, peor aún, participaba activamente de sus reuniones y celebraciones como si nada.

Y justamente con el “test de idoneidad”, Domínguez supo reunir en su entorno a personas con oscuros antecedentes como el caso del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo, procesado por el asesinato de dirigentes sindicales y vinculado a la banda criminal “Los Cuellos Blancos del Callao” en el Perú. Oviedo se mantuvo en el cargo hasta el día de su detención, habiendo recibido el apoyo incondicional de Domínguez para permanecer en el cargo pese a estar ya imputado.

Otro ejemplo claro, es el actual presidente de la FPF, Agustín Lozano para quien Domínguez tampoco aplica el “test de idoneidad” pese a que el mismo es requerido por el Ministerio Público por presuntas graves irregularidades siendo alcalde en una ciudad peruana y fue encontrado culpable en un esquema de reventa de entradas para partidos de la selección, algo por el que la FIFA ya sancionó drásticamente a otros dirigentes.

DENUNCIA ACTUAL

A todo esto, se suma ahora la denuncia que el ex capitán de la Selección Paraguaya, José Luis Chilavert, presentó ante el Ministerio Público, en contra de Alejandro Domínguez por los presuntos delitos de lesión de confianza, lavado de dinero, evasión impositiva y asociación criminal.

Chilavert fue llamado a una declaración testifical ante la fiscal penal, Abog. Liliana Alcaraz, asignada a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, en donde se ratificó plenamente en su denuncia contra el titular de la Conmebol.

“Quiero ratificar toda mi denuncia que está en la carpeta fiscal contra el señor Alejandro Domínguez Wilson-Smith. Son cuatro denuncias, una por lavado, lesión de confianza, asociación criminal y evasión de impuestos”, señaló el ex No.1 ante la fiscala.

En cuanto a la lesión de confianza, Chilavert dijo poseer documentos que demostrarían de que Domínguez, siendo todavía presidente de la APF, rechazó una oferta formal de la empresa Tenfield por USD 17 millones por los derechos de TV de la Selección Albirroja para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, firmando días después un contrato con la empresa Ciffart (socia comercial de Full Play) por solo USD 9,3 millones, con perjuicio directo para los clubes paraguayos.

En relación a la evasión de impuestos, Chilavert sostiene que el mandamás de la Conmebol, manifestó públicamente que la Confederación es el único organismo en el mundo que recuperó USD 56 millones de la corrupción de la que él mismo participó siendo parte del Comité Ejecutivo durante la administración de Juan Ángel Napout y habiendo recibido entonces (según la auditoría forense practicada a la Conmebol) el monto de USD 374.000.

Sobre la acusación por asociación criminal, existe una prueba contundente de la viuda del Sr. Gustavo Encina (piloto paraguayo del trágico vuelo de LAMIA que costó la vida a casi todo el plantel del Chapecoense brasileño), Raquel Encina quien manifestó ante escribano que en varias ocasiones llevó a su ex marido a reunirse con Alejandro Domínguez en la Conmebol, algo que el titular de la Confederación negó reiteradas veces, apuntó.

Insistió y dijo tener pruebas en relación al cheque de USD 1.500.000, proveniente del pago de sobornos de la empresa DATISA y que supuestamente cobró el mismo Alejandro Domínguez cuando todavía estaba en la APF.

Fuente: expressnews

El Sindicato de Pescadores Profesionales del Río Paraguay, promovió una demanda ordinaria de indemnización por daños y perjuicios en contra de la empresa VIMERICA S.A. por nada menos que G. 243.750 millones (unos USD 37,5 millones al cambio actual). La referida empresa es la responsable de la construcción de un complejo turístico en la Isla San Francisco, entre Limpio y Mariano Roque Alonso.

El Sindicato de Pescadores de Mariano Roque Alonso, con 217 integrantes y reconocido por Resolución Nª 273, del 13 de setiembre de 1972, de la Dirección del Trabajo, bajo patrocinio del abogado Fredy Alejandro Benítez, presentó una demanda en contra de la empresa VIMERICA S.A. a fin de reclamar judicialmente una indemnización por daños y perjuicios que asciende a G. 243.750.000.000 (unos USD 37.500.000 de acuerdo a la cotización actual 1USD – 6.500 G.).

La cifra resulta de estudios realizados en relación a los ingresos que genera la pesca para los agremiados al sindicato detallados en el censo realizado por el Ministerio del Ambiente (ex SEAM), y señalan de que cada pescador obtiene aproximadamente 25 kilos de pescado en 12 horas diarias vendiéndose aproximadamente a G. 25.000 cada kilo de pescado.

Hace dos años que la empresa VIMERICA S.A. anunció trabajos en la zona de Remanso y hace más de un año, la misma se instaló en el lugar donde los pescadores tienen su canchada (área de pesca) por el cual los trabajadores del río vienen pagando regularmente al MADES, señala la presentación.

Añade que la empresa VIMERICA S.A. debía indemnizar a los pescadores por los daños causados y pactar con los mismos la forma de trabajo, no habiéndolo hecho hasta la fecha, por lo tanto hace más de un año que los pescadores no pueden dedicarse a sus tareas habituales debiendo rebuscarse en otras actividades para el sustento familiar.

El conflicto entre los pescadores y VIMERICA S.A. tiene ya casi dos años ya que los agremiados al sindicato no aceptan la propuesta que la empresa privada quiere imponer a los trabajadores consistente en una canoa de aluminio, más motor fuera borda y kits de seguridad lo cual no satisface ya que no cubre mínimamente los perjuicios ocasionados por la empresa en el lugar.

Asimismo, los pescadores se oponen a las tareas de refulado (relleno hidráulico) de la Isla San Francisco ya que la empresa contratada para el efecto, SIGNATURE REFULADOS SRL, de Normal y Paul Hellmers, viene extrayendo arena de un islote ubicado frente a la propiedad del proyecto, consumiendo ya más de la mitad de su superficie original, así como de las canchadas donde los pescadores tienen habilitados por el MADES para realizar sus actividades.

DELITOS AMBIENTALES

Al margen de la demanda de los pescadores, recordemos que en noviembre del año pasado los responsables, tanto de la empresa VIMERICA S.A., el boliviano Rodrigo Iturralde Costa, como de SIGNATURE REFULADOS SRL, Paul Hellmers, fueron imputados por el Ministerio Público por presuntos delitos ambientales en las obras de refulado de la Isla San Francisco.

La agente fiscal de la Unidad Penal No.2 Especializada en Delitos Ambientales, Lisa Martínez Amarilla, había considerado entonces que existen elementos suficientes de sospecha sobre hechos punibles previstos y penados en la Ley 716/96 que sanciona los delitos ambientales.

LITIGIO TERRITORIAL

Además de la demanda de los pescadores y la imputación a los responsables de VIMERICA S.A. y SIGNATURE REFULADOS SRL, es importante mencionar que existe un proceso iniciado por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso contra la Municipalidad de Limpio y la Ganadera Vista Alegre S.A. sobre reivindicación de inmueble basándose en un problema de delimitación de ambas ciudades según Decreto Ley No. 10.054 del 30 de agosto de 1945.

MEDIDA CAUTELAR

El sindicato pide igualmente a la justicia una medida cautelar que decrete la prohibición de innovar en el lugar del megaproyecto.

Señalemos que el complejo turístico, anunciado por la empresa VIMERICA S.A. en la Isla San Francisco, prevé la construcción de un megacasino además de un hotel 5 estrellas, centro de convenciones, salas de cine, shopping y parque temático, todo a un costo, según los responsables, de USD 150 millones.

A la fecha, sin embargo, ni siquiera el terreno, perteneciente a Ganadera Vista Alegre (familia Robinson), ha pasado a nombre de la multinacional VIMERICA S.A. lo que llama poderosamente la atención.

Fuente: expressnews

En una causa caratulada como “denuncia falsa y otros” imputan a Gladys Rodríguez, esposa de José Rodríguez, hermano de Óscar “Nenecho” Rodríguez, y la cita para el 24 del corriente, a las 11:00, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde. El documento le fue entregado ayer a la mujer que antes había denunciado una golpiza que presuntamente le propinó su esposo.

“Ayer me llegó –el documento– y fui imputada sin que antes me notifiquen nada, porque ni siquiera se me hizo la evaluación psicológica ni a mi hija tampoco aún se le sometió a la cámara Gesell, pero me denuncian. Me denunciaron en el gabinete de la fiscalía general del Estado. Por resolución se aceptó la denuncia y se le designó a un fiscal antinarcóticos, Augusto Ledesma”, relató Rodríguez.

Al tiempo de preguntarse qué tiene que ver un fiscal antinarcóticos en todo esto, Gladys dijo no saber qué hacer ahora. “Le denuncie por Fiscalía porque mi hija y yo nos íbamos a sentir más protegidas, pero es mentira. Todavía no se hizo el test victimológico y ellos me demandan y me imputan, obviamente es para que me calle”, resaltó.

Otro factor que pudo disparar esta acción legal es que las elecciones son en tres semanas. “José Rodríguez se presenta por primera vez para ser concejal, hasta ahora es vendedor de vehículos”, dijo.

Gladys aseguró: “ellos en todo momento me amedrentaron, me dijeron que me iban a meter presa, llegaron a imputarme y no sé qué hacer”.

El peso pesado aquí es “Nenecho”

El caso se inició cuando Gladys Rodríguez (36) publicó en sus redes que su esposo José Rodríguez (32) supuestamente la había agredido con una golpiza. Semanas después de este episodio Gladys denunció amenazas de muerte a toda su familia. Ya en el 2015 presuntamente él la agredió y de ese momento conservó la imagen; la denuncia la hizo en la comisaría de Luque, relató.

Gladys contó que estuvieron juntos con José Rodríguez años, y aunque dijo haber soportado muchos episodios de violencia, esta vez decidió hacerle frente. Insistió en que “la justicia está de parte del agresor, ya que se trata del hermano del intendente actual de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez”.

Gladys Rodríguez (36) afirmó días pasados que fue amenazada de muerte junto a toda su familia, con lágrimas compartió su calvario, debido a que su marido, José Rodríguez, se postula como concejal por Asunción y pertenece a una poderosa familia.

“En estos 10 años tuve violencia física, emocional porque pasé muchísimas cosas, le denuncié –a José Rodríguez- en el 2015 porque era muy evidente, me pegó por toda la cara y tuve que hacer mi denuncia. Me pesaba, yo sé que es difícil denunciar a la persona que amas, o tal vez al papá de tus hijos, ahora lo sigo pasando porque Lizarella, la señora de Oscar -Nenecho-, reclama los audios que se hicieron virales”, expresó hace unos días.

Añadió que le contaba porque “Lizarella como toda la familia en algún momento presenció los episodios de violencia. Ella me aconsejó que denuncie, para que él sea investigado, y luego ella se fue a decir que no sabía nada”, mencionó.

La supuesta víctima aseguró que en su última denuncia su concuñada Lizarella le dijo que “no aguanté más, que ella podía ser mi testigo. Después dijo que no está al tanto de nada, y tengo los mensajes donde ella misma me sugiere que haga la denuncia”, reclamó la ahora denunciada.

El 24 de marzo Gladys Rodríguez hizo la denuncia a raíz de la última violencia que sufrió, “donde él me golpea, me amenaza de muerte porque eso le podía perjudicar en su campaña política,”, recordó.

Ella se realizó la inspección médica. “Todo eso está en la fiscalía, yo como víctima pedí que se me haga la evaluación psicológica, incluso a mi hija de nueve años. Sin embargo, con apoyo de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, se hizo lugar a la solicitud del victimario: que se allane mi casa, denunció al médico que me atendió, a mi hermana que fue mi testigo. Ellos manejan la justicia como quieren”, remarcó.

Gladys indicó que el papá de su marido es juez, una de sus cuñados es fiscal y el otro es el intendente de Asunción. “Yo tengo todas las de perder, mi familia es amenazada, nada han hecho por mí, es muy triste que ruegue que me hagan caso”, añadió.

La última golpiza

El hecho que detonó esta denuncia “fue el viaje que él pretendió realizar con otra mujer. En 10 años peores cosas le descubrí y nunca actué por despecho. Esta vez me agredió como nunca; en serio no le deseo a nadie, lo que vivimos mi hija y yo. Creo que si mi hija no estaba allí –el 7 de febrero– no estaría viva”.

Gladys no recibe manutención ni ninguna ayuda “con excepción del día en que Pelusa Rubín en su programa le preguntó a José Rodríguez por este tema”, indicó. “Fue el único día en que hizo un depósito. Él dijo que ni siquiera le dejo ver a mi hija, pero si no le veía era porque él no quería”.

Finalmente, la denunciante expresó que “los Rodríguez tienen todo el poder a su favor. Yo siento que no tengo el respaldo de la justicia ya que a su favor esta Sandra Quiñónez que es la que moviliza todo a su favor, yo solo pido que se haga justicia”, finalizó.

Fuente: Diario ABC

El ex diputado colorado por presidente Hayes Nardi Manuel Gómez Cattebecke, de 43 años, fue detenido ayer por la Policía durante un control en Benjamín Aceval. El hombre, hijo del exsenador Octavio Gómez, tenía diez órdenes de captura, todas por estafa, y quedó preso en la Dirección de Delitos Económicos de la Policía.

La detención de Gómez Cattebecke se produjo ayer, jueves, alrededor de las 19:30 a la altura del kilómetro 117, sobre la ruta PY09, en Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes.

El ex diputado fue legislador entre 2008 y 2013. Su padre es Octavio Gómez Martínez, que fue senador entre 1998 y 1999 y quien había vuelto a la Cámara Alta como suplente en 2013 tras una suspensión de dos meses que se le aplicó a Silvio “Beto” Ovelar por ser filmado negociando votos para su campaña ese año en el caso conocido como “trato apu’a”.

Nardi Gómez tenía 10 órdenes de captura por estafa emanadas entre 2013 y 2019 dentro de procesos que comenzaron cuando dejó de ser diputado. Al momento de ser detenido, Gómez circulaba en una camioneta de la marca Toyota tipo Land Cruiser, conducida por una mujer brasileña llamada Valeska Rodríguez Arévalos, de 44 años.

La Policía cotejó allí que el hombre tenía estas órdenes de captura, por lo que quedó detenido y fue llevado al Centro de Salud de Loma Pytã para su diagnóstico correspondiente. Luego, fue trasladado por los intervinientes hasta la base de la Dirección de Delitos Económicos de la Policía, donde quedó a disposición de los jueces y fiscales que dictaron las órdenes de captura en los diez procesos diferentes.

En el último año, la Policía Anti abigeato allanó en tres ocasiones su establecimiento en busca de animales robados y del político fugitivo, pero extrañamente, él siempre se enteraba antes, aparentemente por filtraciones desde la Fiscalía y el Juzgado de su zona, informó Iván Leguizamón, periodista de ABC.

Cuando era diputado, en mayo de 2010, Gómez había agredido a cuatro policías cuando estos intentaron detener a un camarada que estaba fuera de servicio y ebrio. Supuestamente, los hermanos Gómez se molestaron por esta situación, agrediendo y despojando de sus armas a los intervinientes.

Ese mismo mes, Gómez protagonizó otro incidente en Ponta Porá, Brasil, frontera con Pedro Juan Caballero, cuando intentó rescatar a sus hijos menores que fueron llevados por su -en ese momento- pareja brasileña sin su permiso.

Fuente: Diario ABC

Uno de los tantos casos de aparente usura es el caso de la  demanda contra la profesora Dionisia Lisboa, la misma había accedido a un préstamo de 5 millones que ,luego trepó a 12.000.000 a través de una demanda, ahora que canceló el monto de 12 millones, la empresa pretende incluir en el mismo juicio una suma de casi 15 millones por intereses y gastos, según el escrito presentado por el estudio jurídico del abogado Enrique Baccheta Matteucci quien representa a la empresa Emprendimientos Inmobiliarios y de Servicios SA.

«Es imposible que me sigan descontando y no actúe, tengo muchos compañeros en la misma situación y estamos llegando a un estado de desesperación por que tampoco nuestros gremios, ni el MEC nos ayuda» manifestó la demandada.

El abogado Juan Denis, representante de la docente presento un escrito de finiquito de la demanda anterior (de los 12 millones), es ahí donde la empresa, a través de sus abogados se niega a finiquitar el proceso y plantean el pago de casi 15 millones en concepto de intereses, «no se puede hacer dos juicios en uno, la profesora ya canceló la deuda reclamada, si la empresa Emprendimientos Inmobiliarios y de Servicios cree que tiene derecho a reclamar los intereses, tendría que iniciar otro proceso»  manifestó el representante de la docente.

Este es uno de los tantos casos que involucra a la misma empresa, y se sustancia casi siempre en el mismo juzgado, en este caso en el de Villa Morra.

Este sistema no es el único caso, hay miles de supuesta usura contra los docentes, por la facilidad de descontarles directamente de sus salarios.

«Reconozco haber accedido al préstamo de 5 millones, por eso acepte que me descuenten y autorice el descuento de mi salario, pero creo que ya les pagué todo, esos intereses son muy altos ¿y que va a pasar si les pago otra vez y al cancelar me salen con lo mismo»? manifestó la docente.

«Estamos angustiados y ya no sabemos dónde recurrir, estas empresas se aprovechan de nuestras necesidades y hablo en nombre de todos mis compañeros que están pasando muy mal, sin cobrar nada de sus salarios por demandas inventadas, pedimos encarecidamente a los jueces que se tomen la molestia de investigar o la fiscalía, antes de resolver los embargos» finalizó la presunta víctima.

La fiscalía tiene varias carpetas de casos similares, en algunos casos las investigaciones ya concluyeron y las empresas afectadas tuvieron que devolver el dinero a las víctimas, para evitar que prosiga la causa.