Categoría: Judiciales

  • Esperan juicio oral Ramón González Daher y su hijo Fernando González, tras ser liberados.

    Los 380 cheques desaparecidos del caso de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, luego de una exhaustiva búsqueda, no fueron hallados, por lo que el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, informó a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional.

    Con ello, se confirma la desaparición de las citadas evidencias en el proceso por los presuntos hechos de usura y lavado de dinero que enfrentan los dos procesados, por lo que las mismas no podrán ser usadas en el juicio oral.

    La semana anterior se dio a conocer que dos sobres con 380 cheques que eran evidencias del caso no habían sido enviadas, por lo que se realizó una intensa búsqueda de las evidencias en la secretaría del Juzgado de Humberto Otazú.

    Esperan juicio. Ramón González Daher y su hijo Fernando González

    De esta manera, el magistrado informó al Consejo de Superintendencia de la Corte sobre lo ocurrido, por lo que se dispuso una auditoría de reacción inmediata a raíz de lo sucedido.

    La búsqueda continuó en la Secretaría del Juzgado, incluso, se comunicaron con Tribunales donde se enviaron expedientes para juicio oral, por si habían sido enviados con otro caso, traspapelados, pero finalmente no fueron hallados.

    La situación ya fue comunicada a la auditoría de reacción inmediata, con lo que ellos deberán elevar un informe al Consejo de Superintendencia con las recomendaciones sobre el caso.

    Así, probablemente, el pleno de la Corte dispondrá la apertura de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de cada uno.

    Según explicó el juez Otazú, ya se comunicó también a las partes de que se realizó la búsqueda de los 380 cheques, pero éstos no fueron hallados por ningún lado.

    TRIBUNAL. El expediente ya fue remitido en su totalidad al Tribunal de Sentencia, el que hasta el momento, sigue con la minuciosa revisión de todos los documentos que fueron ofrecidos como pruebas en el expediente.

    En el caso, la jueza Claudia Criscioni quedó como presidenta del Tribunal de Sentencia luego de que se inhibiera la magistrada Elsa García, por amistad con la familia de los González Daher.

    Criscioni se halla con permiso de maternidad y recién el 11 de octubre se reintegrará a sus labores, por lo que lo más probable es que recién en ese mes podría fijarse el juicio oral y público.

    Con respecto a los otros dos miembros, están Yolanda Portillo y Yolanda Morel, quienes, según las fuentes, van a examinar minuciosamente el expediente, para ver si no tienen causales de inhibición por la causa.

    Es que ambas fueron los que juzgaron, juntamente con su colega Jesús Riera, al ex senador Óscar González Daher y a su hijo Óscar González Chaves.

    En ese juicio oral, en el que condenaron a los dos procesados, las mismas examinaron ya la resolución que elevó el caso a juicio oral para Ramón González Daher y su hijo.

    Además, también valoraron las pruebas sobre la cuenta corriente conjunta entre Fernando González Karjallo y su primo Óscar González Chaves, y determinó que la cuenta bancaria era del primero.

    Si las mismas se inhiben, se deberá sortear de nuevo el expediente para integrar el tribunal colegiado que juzgará a los dos procesados.

    Mientras tanto, se espera el juzgamiento público del empresario luqueño y su hijo por supuestos delitos de usura y lavado de dinero.

    Preparan recurso en caso de OGD
    El abogado Claudio Lovera, defensor de Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, condenados a 7 y 8 años de prisión, dijo que prepara el recurso de apelación especial contra el fallo dictado hace unos días contra ambos. Tiene tiempo hasta el próximo jueves 2 de setiembre para recurrir la resolución.

    Fuente: ultimahora.com

  • Coincidencia o no «corrupción en el Paraguay, que fomenta la proliferación del crimen organizado”

    DETENIDO. Kassen Mohamad Hijazi fue detenido en Ciudad del Este en un aparatoso operativo. EN LA MIRA. El detenido ayer y otras dos personas fueron sancionadas por el Tesoro de los EEUU.

    Coincidencia o no. Mientras el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza observaciones in situ de las acciones tomadas por el Estado paraguayo en su lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en general, autoridades locales detuvieron ayer a Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés radicado en Ciudad del Este, el mismo día en que el Gobierno de los Estados Unidos sanciona a éste y otras dos personas, Khalil Ahmad Hijazi (también de origen libanés) y Liz Paola Doldán (paraguaya), por ser “parte de una esquema de corrupción en el Paraguay, que fomenta la proliferación del crimen organizado”.

    Kassem Hijazi, objetivo de EEUU, fue detenido en un operativo realizado en el microcentro de CDE, entre las avenidas Boquerón y Abay.

    Custodiado.Kassen Mohamad Hijazi

    Las informaciones reveladas indican que el detenido y la paraguaya mantienen “fuertes lazos” con políticos, policías, fiscales, aduaneros y dueños de compañías de cambio de dinero en ciudad, que le proporcionan protección y poder económico para operar en la Triple Frontera.

    El juez José Agustín Delmás firmó el operativo en cumplimiento de un pedido realizado por el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, por los cargos de “encubrimiento de lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero internacional”.

    El procedimiento estuvo a cargo del fiscal Marcelo Pecci, agentes especiales de la Unidad de Investigación Sensitiva de la Senad, con el apoyo de la Secretaría Antidrogas del Gobierno de los Estados Unidos.

    La detención con fines de extradición se produjo ayer a las 08:54 en el estacionamiento, cuando ingresaba con su vehículo al edificio para iniciar su jornada laboral en su oficina ubicada en el décimo piso, que fue allanado por la comitiva. Alrededor de las 15:00 abandonaron el edificio trasladando al detenido.

    A Kassem lo señalan como un objetivo de alto valor estratégico para la región y varias agencias de seguridad. Se lo sindica como líder de una organización donde estaría cumpliendo el papel de suministro de los recursos y la infraestructura para facilitar servicios de lavado de cientos de millones de dólares generados por grupos internacionales de crimen organizado de gran envergadura en los Estados Unidos y Sudamérica, ligadas al narcotráfico.

    El hombre, fuertemente custodiado, fue trasladado en una avioneta hacia Asunción, donde guardará reclusión.

    OTROS SEÑALADOS. En un informe que fue difundido ayer, el Departamento del Tesoro de los EEUU también mencionan a Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán.

    El informe se da en el contexto de Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores de abusos de derechos humanos y de corrupción en el mundo.

    El primero es también de origen libanés y residente en Ciudad del Este, donde se desempeña como propietario de la compañía España Informática SA, dedicada a mover mercancías en países como Estados Unidos, Uruguay y China, según se puede ver en el informe.

    Por su parte, Paola Doldán, la única en la lista que es paraguaya de nacimiento, fue identificada como una mujer que trabaja como intermediaria para importar productos, en su mayoría artículos electrónicos, desde los EEUU.

    De acuerdo a las pesquisas, Doldán usó su empresa Mobile Zone International Import-Export SRL para llevar productos desde Miami, Florida, a Paraguay y hacerlos ver como de menor costo y por ello declarar menos impuesto, señala el Tesoro.

    Aseguran que la mujer es socia del hoy detenido Kassen Mohamad Hijazi, con quien habría hecho una alianza para fines espurios y trabajaban en esa zona del país.

    El informe cierra diciendo que “los Estados Unidos está comprometido a apoyar los esfuerzos de Paraguay para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas de quienes socavan las instituciones gubernamentales”.

    Fiscalía pidió sobreseimiento de Doldán

    Liz Paola Doldán, una de las mencionadas en el escrito, ya estuvo procesada en el año 2019 como supuesto cerebro del esquema de evasión de impuestos por valor de USD 678.300.678 (desde el 2014 hasta mayo de 2019) en la compra de teléfonos celulares de alta gama, fue imputada ayer junto a otras 14 personas.
    Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz solicitaron la suspensión condicional del procedimiento, a lo que el juez José Agustín Delmás se opuso y le dio trámite de oposición. La fiscala adjunta Soledad Machuca, en representación del Ministerio Público, solicitó el sobreseimiento provisional que fue otorgado por el juzgado.

    Fuente: ultimahora.com

  • EEUU está pendiente del caso Óscar González Daher

    El Ministerio Público concluyó este viernes sus alegatos finales durante el juicio oral a Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves y determinó el monto final del comiso especial solicitado. Además, se pidió la prisión por 10 años del ex parlamentario colorado.

    La fiscala Liliana Alcaraz solicitó el comiso especial contra Óscar González Daher por G. 5.826.062.260 y para su hijo Óscar González Chaves por G. 50.999.359.784, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

    A criterio del Ministerio Público, estos montos mencionados no poseen una justificación de origen lícito, por lo que serían productos del enriquecimiento ilícito de ambas personas procesadas.

    Además, el Ministerio Público solicitó que, en caso de darse, se haga la inhibición general de grabar y vender los bienes.

    El juicio oral seguirá el próximo jueves 5 de agosto con los alegatos finales de la defensa de Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves.

    Durante el juicio, la Fiscalía solicitó 10 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo para el ex senador Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.

    EEUU está pendiente de este caso, tanto que el asesor legal residente del Departamento de Justicia de ese país, Brian Skaret, asistió al juicio en compañía de la fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez.

    Oscar González Daher fue uno de los primeros políticos paraguayos declarados como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

    El juicio oral ya lleva casi seis meses y, en su mayor parte, se presentaron pruebas documentales y pericias, teniendo en cuenta los delitos investigados, más de índole económico.

    González Daher renunció a su banca en la Cámara de Senadores, a fines de agosto, ante las protestas frente a su vivienda. Estaba siendo investigado por el caso de la inmobiliaria Príncipe Di Savoia SA.

    La inmobiliaria salió a la luz en una investigación de Última Hora en el 2010. Figuraba como titular de varias propiedades en estado de evasión de impuestos. La firma estaba compuesta por el ex senador luqueño, más sus hijos Rubén y María Emilia, así como el juez Juvencio Torres.

    Fuente: ultimahora.com

  • Caso González Daher: diplomáticos de americanos presentes en Tribunales

    El diplomático estadounidense Brian Skaret acompaña la etapa final del juicio oral al ex senador colorado Óscar González Daher. Este jueves se realiza la lectura de los alegatos finales.

    El juicio contra el ex senador colorado Óscar González Daher y su hijo se encuentra en la etapa final del proceso. Durante este jueves se lleva a cabo la lectura de los alegatos finales, tanto del Ministerio Público como el de los abogados defensores del ex legislador y su hijo.

    El proceso cuenta con un importante control de Estados Unidos, con la presencia del asesor legal residente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian Skaret. Además del acompañamiento de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

    Los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia son quienes representan al Ministerio Público en el juicio contra González Daher y su hijo por los hechos punibles de enriquecimiento, declaración falsa y lavado de dinero.

    Por los hechos acusados y el concurso de delitos, la Fiscalía tiene un marco penal de hasta 15 años de encierro.

    El juicio oral ya lleva casi seis meses, y en su mayor parte, se presentaron pruebas documentales y pericias, teniendo en cuenta los delitos investigados, más de índole económico.

    Según la defensa, de todos los testigos que declararon, prácticamente todos lo hicieron recién en el juicio oral, ya que no fueron citados por los agentes del Ministerio Público durante la etapa investigativa.

    El proceso al ex senador y a su hijo, concejal de Luque, por los citados hechos, fue iniciado por el entonces agente fiscal René Fernández, actual ministro anticorrupción, quien les imputó el 13 de setiembre de 2018.

    En el caso de los audios filtrados, el dirigente luqueño fue condenado por tráfico de influencias a dos años de prisión.

    Fuente: ultimahora.com

  • El presidente de la Corte pide mayor seguridad para juez que sufrió atentado en PJC

    El presidente de la Corte Suprema de Justicia César Diesel se solidarizó con el juez de Pedro Juan Caballero Luis Alberto Benítez, quien sufrió un atentado anoche y dijo que pedirá a las autoridades mayor seguridad para el magistrado y su familia.

    «Este hecho llama la atención y es un problema serio de seguridad para los magistrados, nuestra solidaridad con él” dijo el presidente de la Corte.

    También apuntó que va a hacerle un llamado al ministro del Interior Arnaldo Giuzzio y el comandante de la Policía, para que se refuerce la seguridad del juez Benítez en el plano laboral y también en el familiar.

    A propuesta del ministro Eugenio Jiménez Rolón, se decidió expresar institucionalmente el repudio a este lamentable hecho, secundando la moción del presidente Diesel de iniciar acciones para brindar mayor seguridad a los jueces que ejercen funciones en la Circunscripción Judicial de Amambay.

    Anoche personas que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra la casa del juez Luis Alberto Benítez, ubicada en El Barrio Virgen de Caacupé, de Pedro Juan Caballero.

    Las balas dieron contra la pared de la vivienda y el portón, pero felizmente no hubo heridos. No se tienen mayores datos sobre los hombres que cometieron el hecho y tampoco se sabe el móvil de suceso.

    Fuente: hoy.com.py

  • El polémico fallo de la Corte a favor de marinos mercantes fue revocado

    Un Tribunal de Apelación Civil revocó el polémico fallo de la Corte a favor de 126 marinos mercantes que pretenden cobrar como haberes jubilatorios del IPS la totalidad de los sueldos que recibían cuando se encontraban activos, entre G. 60 y 80 millones por mes

    El Tribunal de Apelación Civil, Sexta Sala, revocó este martes el fallo de la jueza Claudia Domínguez e hizo lugar a la suspensión de los efectos de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de los marinos contra la ley del Instituto de Previsión Social (IPS), informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

    Se trata del polémico fallo a favor de 126 marinos mercantes que pretenden cobrar como haberes jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) la totalidad de los sueldos que recibían cuando se encontraban activos, entre G. 60 y 80 millones por mes.

    El IPS había presentado una acción autónoma contra la resolución de la Sala Constitucional del 2016 para evitar los pagos y había una medida cautelar que frenaba los desembolsos, lo cual había negado en principio la magistrada.

    Los camaristas Enrique Mercado, Mirtha Ozuna y Osvaldo González decidieron revocar en forma unánime dicho fallo, que pone en riesgo la sostenibilidad del fondo de pensiones del IPS y abre la puerta a que lo mismo suceda en otras cajas con el mismo sistema.

    Esto tenía preocupados a diferentes gremios, que incluso se movilizaron días pasados. La preocupación llegó hasta el Ministerio de Hacienda por temor a que una medida similar pueda afectar a la Caja Fiscal.

    El IPS rechazó la medida porque se contrapone con el marco legal de la institución, que establece que ningún empleado puede cobrar montos que superen los 10 salarios mínimos. Según el salario mínimo actual, el monto rondaría casi los G. 23 millones.

    Fuente: ultimahora.com

  • Daños patrimoniales al Estado sin mayores avances en las investigaciones

    El Ministerio Público recibió solo en 2020 un total de 52 reportes de indicios de hechos punibles que causaron un daño patrimonial al Estado de casi G. 375.000 millones, sin resultados de investigación.

    Un total de 52 hallazgos de hechos irregulares se dieron el año pasado tras auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en diversas instituciones, que causaron un daño patrimonial al Estado paraguayo de G. 374.965.076.604.

    Todos los hechos fueron reportados al Ministerio Público, ya que la Contraloría no tiene facultad para investigar hechos punibles. Sin embargo, no se dieron mayores avances en las investigaciones, ni hubo imputados o procesados por ninguno de los casos.

    Entre los casos de irregularidades se encuentran municipios de 11 departamentos, que generaron un perjuicio de más de G. 361.000 millones.

    En cuanto a gobernaciones, la del Departamento de Caaguazú fue la única en la que fue detectado un hecho irregular, con un daño de más de G. 8.000 millones.

    Otro caso llamativo fue el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines (Cjpeba), donde se detectó un perjuicio de G. 570 millones.

    También en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se encontró un perjuicio de más de G. 704 millones.

    Igualmente, en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), con una cifra de más de G. 1.624 millones.

    Y, finalmente, en el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) el monto del perjuicio fue de más de G. 2.669 millones.

    Auditorías. El contralor Camilo Benítez (c) remitió a Fiscalía 52 casos sospechosos en 2020.

    El contralor general Camilo Benítez, quien esta semana entregó el balance de su gestión al Congreso, señaló que la Contraloría es una de las instituciones del Estado con mayor capacidad técnica y calidad en recursos humanos. “Los auditores de la Contraloría son personas muy objetivas. Nosotros trabajamos con muchísima objetividad, con imparcialidad y muchísima transparencia, esos son los condimentos que debe tener la gestión de cualquier contralor”, aseguró.

    Mencionó que se ya trabajan en la reglamentación de la ley de control de las binacionales, que deberán ser auditadas, en un hecho histórico y luego de una gran resistencia sobre todo del Partido Colorado para revisar la ejecución de los recursos de Itaipú y Yacyretá.

    En referencia a la afinidad histórica de los contralores con el partido de gobierno, Benítez apuntó que es necesario que el proceso de auditoría de la Contraloría también sea transparentado.

    “Que los trabajos se realicen con absoluta imparcialidad, que uno no vea a quién está auditando por el color del partido que pertenece o la orientación ideológica y, en segundo lugar, trabajar con transparencia”, manifestó.

    Otro punto importante que destacó el contralor es que los trabajos de auditoría que se realizan también deben ser revisados.

    “Es decir, los procesos de auditoría también se deben transparentar, de manera que también nuestro trabajo pueda ser revisado”, resaltó.

    Reconociendo que la Contraloría es la máxima instancia de control del Estado, Benítez comentó que para que puedan ser controlados, todos los informes de la institución son publicados en la página web.

    “Y pueden ser objeto de revisión por la ciudadana misma. Si es que nosotros hicimos un informe que le blanquea a una autoridad que está cometiendo alguna irregularidad, ese informe es revisable. Entiendo que no es revisable por otra instancia administrativa, pero sí los trabajos se pueden transparentar”, aclaró.

    El contralor precisó que los funcionarios están preparados para el desafío de auditar las binacionales, independientemente de quién sea el contralor.

    Fuente: ultimahora.com

  • Juez penal de Garantías decidió elevar a juicio oral y público al diputado Miguel Cuevas

    El juez penal de Garantías, Yoan Paul López, decidió la tarde de ayer elevar a juicio oral y público al diputado colorado Miguel Cuevas, quien está acusado y procesado por los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito en la función pública y declaración falsa. La defensa del parlamentario logró la exclusión de pruebas contundentes, lo que deja a la Fiscalía casi con las manos vacías.

    “Existe una solicitud de elevar a juicio, entonces en la audiencia preliminar se estudia la pertinencia de los medios probatorios, la legalidad de ellos y de la acusación. En esta causa, existe multiplicidad de pruebas como defensa y Fiscalía. Al existir eso, se debe analizar en una etapa amplia como lo es el juicio oral, lo que veda al juez de garantías evaluar las pruebas. No podemos determinar en la audiencia preliminar si una prueba acredita culpabilidad o absolución, independientemente a la solicitud de la Fiscalía o la defensa”, expresó el magistrado.

    No obstante, el juez confirmó que accedió a la solicitud de la defensa de excluir dos pruebas que se encontraban en la carpeta fiscal, en razón a que el perito que realizó el estudio contable se encontraba recusado y el vencimiento para la presentación del requerimiento conclusivo fue el 22 de enero pasado y la Fiscalía confirmó al perito 6 días después.

    Diputado Miguel Cuevas.

    A su vez, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensa legal del diputado colorado, manifestó que planteó la exclusión de la pericia contable de las propiedades de su cliente y de un informe técnico ganadero, que hacían sostén a la acusación penal. “El juez verificó la violación de las reglas procesales y el informe que hicieron a espaldas nuestras, sin llamar a las partes a ofrecer técnicos, quedó fuera. También, en base a eso, pedimos la nulidad de la acusación pero el juez decidió elevar la causa a juicio”, expresó.

    El profesional en leyes recordó que la Fiscalía realizó una pericia contable en que no salió el supuesto enriquecimiento ilícito, por lo que decidió hacer una tercera, la cual -a su criterio- fue totalmente ilegal. “Esto es como dejar sin pierna y sin corazón a la Fiscalía. Se lleva el juicio por una cuestión formal, pero el caso ya muere con esto”, afirmó.

    El magistrado resolvió otorgar sobreseimiento provisional a Enzo Cuevas, hijo del parlamentario, y suspensión condicional del procedimiento para su esposa, Nancy Florentín, acusada por cobro indebido de honorarios. La mujer tendrá que donar Gs. 18 millones al INERAM en los próximos 20 días.

    Antecedentes

    El fiscal del caso, Luis Piñánez, pide la elevación a juicio oral y público por enriquecimiento ilícito en la función pública, tráfico de influencias y declaración falsa. El periodo investigado es del 2009-2019.

    El Ministerio Público constató que no se justifican los G. 5.594.429.490. Miguel Jorge Cuevas y Nancy Florentín de Cuevas fueron acusados en enero. Cuevas fue acusado en calidad de autor por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. Su esposa fue acusada de cobro indebido de honorarios y también se ha solicitado que la causa sea elevada a juicio oral.

    Fuente: elnacional.com.py

     

  • De nuevo suspenden audiencia del Diputado Miguel Cuevas

    El abogado Guillermo Duarte acercó las pruebas laboratoriales para dar fe de que sus representados están con Covid positivo.

    A raíz de esta situación el defensor pidió la suspensión de la audiencia preliminar para Miguel Cuevas y su esposa Nancy Florentín de Cuevas, quienes se encuentran en aislamiento por dar positivo al coronavirus.

    «Hemos adjuntado las constancias de que dos de los tres convocados están en pleno aislamiento, el tener Covid no es algo voluntario y todos debemos guardar el protocolo para evitar contagios» señaló el abogado Duarte Cacavelos.

    Una vez más la diligencia podría suspenderse a no ser que los procesados y el juzgado estén en condiciones de realizar la audiencia vía telemática.

    Fuente: judiciales.net

  • Buscan sancionar a Abogados «chicaneros»

    El ministro Alberto Martínez Simón pidió en plenaria que se abran sumarios por este hecho.

    Mencionó que algunos letrados han planteado incluso recusaciones reiteradas. «Solicito que se instruya sumario a aquellos profesionales que han recusado a magistrados en un sinnúmero de veces, le ruego que hagamos un seguimiento institucional sobre la Ley Antichicanas para que tenga pronto tratamiento en el Congreso» dijo.

    Según Martínez Simón, esto obedece a la falta de una norma que regule la cantidad de veces para que las recusaciones tengan un límite razonable para evitar las chicanas procesales.

    Fuente: judiciales.net