Categoría: Gobierno

El senador Derlis Maidana defendió el proyecto de ley que busca reglamentar el artículo 189 de la Constitución Nacional, centrado en la figura de la senaduría vitalicia, y sostuvo que esta condición no debe interpretarse como una limitación para la participación política de los expresidentes.

La iniciativa, analizada en la Comisión de Legislación y Codificación que preside el propio legislador, cuenta con dictamen favorable en mayoría  con modificaciones y un dictamen en minoría por el rechazo. El proyecto apunta a establecer que los expresidentes puedan postularse nuevamente a cargos electivos, incluido el Senado activo, y que, en su condición de senadores vitalicios, puedan ejercer otras funciones públicas sin incurrir en incompatibilidades.

“Para nosotros es un cargo honorífico”, afirmó Maidana, al remarcar que la senaduría vitalicia carece de elementos propios de un cargo legislativo activo. Según explicó, quienes ostentan esta condición no perciben remuneración, no integran formalmente el cuerpo legislativo ni representan institucionalmente al Senado ante otros órganos.

En esa línea, sostuvo que no existe impedimento constitucional para que un expresidente vuelva a competir electoralmente, siempre que renuncie previamente a la senaduría vitalicia. “Naturalmente uno puede renunciar con seis meses de antelación para postularse”, indicó.

El senador también enfatizó que dicha renuncia tiene carácter definitivo. “No puede volver a ‘desrenunciar’… Es para siempre”, advirtió, subrayando que quienes opten por competir nuevamente deberán asumir el riesgo político de una eventual derrota en las urnas.

Desde su perspectiva, considerar que la Constitución prohíbe a los senadores vitalicios participar activamente en política constituye una interpretación “restrictiva”. En cambio, planteó una lectura más amplia de los derechos políticos, orientada a permitir que los expresidentes sigan formando parte del sistema democrático.

Finalmente, Maidana señaló que el objetivo de la figura no es excluir a los exmandatarios, sino reconocer su trayectoria e integrar su experiencia al ámbito político. “Tenemos que aprovechar la experiencia política, integrarla en el sistema”, concluyó.

Tras su renuncia a la Cámara de Diputados, Montserrat Alliana Encina —hija del vicepresidente Pedro Alliana— presentó su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República. El documento no registra variaciones en su patrimonio respecto a su ingreso a la función pública, lo que genera cuestionamientos considerando el volumen de ingresos percibidos durante su permanencia en el cargo.

De acuerdo con los datos oficiales, Alliana declaró en octubre de 2023 un patrimonio total de G. 177.200.000, cifra que se mantiene sin modificaciones hasta su salida en abril de 2026. Esto, pese a que en ese periodo acumuló ingresos por G. 569.212.749, con un salario mensual de G. 18.274.300 como funcionaria de la Cámara de Diputados.

En su declaración figuran una cuenta de ahorro con G. 200.000 en el Banco Familiar, un automóvil Nissan valuado en G. 157 millones, además de otros bienes. También se consignan deudas por créditos y tarjetas que no presentan variación, al igual que sus egresos mensuales, fijados en G. 7.892.000 desde su primera presentación.

Montserrat Alliana, de 28 años, ingresó inicialmente al Ministerio de Justicia en septiembre de 2023 con un salario de G. 6 millones, y posteriormente fue comisionada a la Cámara de Diputados, donde ocupó el cargo de coordinadora de liquidación en la Dirección de Tesorería.

Su paso por la función pública estuvo marcado por cuestionamientos vinculados a presunto nepotismo, en el marco del caso conocido como “nepobabies”, que generó repercusiones políticas en el oficialismo. Incluso, fue incluida en una denuncia presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, causa que posteriormente fue desestimada por el Ministerio Público.

La renuncia al cargo considerado de confianza se produjo el 7 de abril, y fue formalizada el 23 del mismo mes. Según explicó el vicepresidente Pedro Alliana, la decisión respondió a una oportunidad laboral en el sector privado, además de un problema de salud que requiere tratamiento.

El caso se da en un contexto político marcado por el posicionamiento interno dentro del movimiento Honor Colorado con miras a las elecciones generales de 2028, donde figuras como Raúl Latorre y Juan Carlos Baruja aparecen en la disputa por espacios de poder.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, señaló que tuvo acceso a información que indica que el gobierno de los Estados Unidos habría procedido al retiro de visas a “algunos diputados”, aunque evitó brindar una confirmación oficial.

Desde la semana pasada circulaban versiones sobre posibles sanciones migratorias a legisladores paraguayos, presuntamente vinculadas a viajes o posicionamientos relacionados con China continental. Hasta el momento, ninguno de los supuestos afectados había confirmado la medida.

En una conferencia de prensa previa a la sesión ordinaria, Latorre respondió inicialmente de forma evasiva: “No soy el canal adecuado para confirmar ese tema”. Posteriormente, reiteró que prefería no emitir una postura oficial, al tratarse de una decisión soberana de “una nación amiga y aliada” en materia de ingreso a su territorio.

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, el titular de Diputados reconoció: “La Cámara no fue notificada, pero la información a la que tuve acceso habla de que efectivamente se procedió al retiro de algunas visas”.

Hasta ahora, no existe comunicación oficial del gobierno de Estados Unidos ni detalles sobre la cantidad de legisladores afectados o los motivos específicos de la medida.

El diputado Yamil Esgaib no dió ningúna información en cuanto a su titulo de dudosa procedencia , el legislador no rindio declaraciones sobre su carrera quien el mismo cuenta con un titulo universitario de administrador de empresas de la Universidad Sudamerica, la misma que el senador cartista con permiso y presunto abogado “mau”, Hernán Rivas.

Se limitó a decir que se recurra a las “instituciones pertinentes”; pretendió atacar a su colega que lo expuso, el diputado Raúl Benítez. Esgaib luego corrió de la sala, pero quedaron otros cartistas nerviosos como parte de la “máquina de odio”.

Semanas después de que se plantearan serias dudas sobre su título universitario y habiendo prometido dar explicaciones hoy ante el pleno de la Cámara de Diputados, el diputado cartista  Yamil Esgaib finalmente terminó sin explicar nada y solamente atacando a su colega Raul Benitez (Independiente), que fue el que expuso su caso, así como el de su hijo, abogado dudoso y concejal de Asunción,  Nasser Esgaib.

El mismo ya fue abriendo el paraguas para no dar explicaciones, alegando que las serias dudas sobre su título eran un “ataque” al cartismo.

“No voy a caer en el juego y en el circo que permanentemente están ocasionando con la intención de desprestigiar y denostar contra el movimiento del Partido Colorado que pertenezco (Honor Colorado)”, alegó.

La Cámara de Diputados incluirá como primer punto de su orden del día el tratamiento del proyecto de ley que plantea endurecer las sanciones por denuncias falsas, impulsado por el diputado Yamil Esgaib.

La iniciativa propone elevar las penas de hasta seis años de prisión para quienes presenten denuncias consideradas falsas, en un debate que genera posturas divididas en el ámbito político y jurídico.