El periodista Alfredo Guachiré, publica en su red social Twitter, una explicación sobre las acusaciones en su contra que le costo 10 años , en procesos judiciales.
«De un tiempo a esta parte he utilizado este espacio para denunciar y opinar sobre otros; creo ahora me toca hablar de mi vida, mi historia y sobre todo explicar lo que pasó en el caso judicial en el que estuve investigado y que todos conocemos como: ‘coquitos de oro’».
Esta historia se inició en el año 1997, a mis 13 años, cuando dejé mi comunidad del Dpto. Canindeyú y salí a buscar oportunidades para trabajar y estudiar. Propósito que oportunamente pude realizar terminando mi secundaria e incluso una carrera universitaria en Asunción.
Esta historia también está cargada de sueños de un país mejor, ante las necesidades económicas durante el gobierno de Duarte Frutos, con casi un integrante de cada familia viajando a España para trabajar, no podía quedarme con los brazos cruzados.
Por eso inicié mi activismo político en el 2006 y participé de la campaña «que viajen ellos». Haciendo alusión a que son los políticos como Galaverna y Nicanor quienes debían viajar y no nuestros seres queridos. Esa campaña la hicimos por Orkut y repartiendo afiches casa por casa.
En el 2008 ganó la oposición por primera vez al Partido Colorado y la esperanza de muchos paraguayos crecía aún más. En esa época, yo era docente de un colegio privado y al inicio de 2009, recibí una invitación para ocupar un cargo de confianza en la Secretaría de Emergencia.
En ese tiempo se declaró emergencia nacional por la sequía que azotaba al país y la SEN debía atenderla. Paralelamente algunos diputados denunciaron en la fiscalía irregularidades contra las autoridades de la SEN. Los denunciantes fueron los diputados Tuma y Soler.
Posterior a esta denuncia de diputados asumí el cargo de director de la UOC de la SEN el 23 de septiembre de 2009; días antes un fiscal derivó la denuncia a la Contraloría en base a un dictamen que concluía que no existía pruebas y que no ameritaba abrir una causa.
Aparentemente la causa ya estaba desestimada, pero en febrero de 2010 la reabren y entra en escenario Arnaldo Giuzzio, allanando 14 veces la SEN sin encontrar nada y que por cierto, en el juicio en mi contra no utilizaron un solo documento secuestrado en los allanamientos.
La imputación en el 2010 en mi contra no tenía pies ni cabeza. Como dije, Arnaldo Giuzzio realizó 14 allanamientos, pero finalmente me imputó comparando los precios de alimentos que compraba la SEN con los precios a granel del Mercado de Abasto.
Por otro lado, también me imputó por compras de coquitos y para encontrar el supuesto daño, el fiscal realizó la misma operación, solicitando un presupuesto al Centro de Panaderías y comparó esto con los precios de la SEN, esa diferencia de precio para Giuzzio constituía delito.
Voy a presentar tres casos en los que Arnaldo Giuzzio cometió claramente daño patrimonial sobrefacturando en varios productos, superando los precios históricos de la institución y no una simple comparación de precios del Mercado de Abasto que utilizó en su momento para imputarme.
Giuzzio sobrefacturo en compra de «vaka’i de oro». Siendo ministro del interior pagó 127% más del precio de la institución pagando G. 18.250 por unidad. Fíjense que no estoy comparando con el precio del Abasto.
Otro caso que voy a usar como ejemplo es el «pate de oro» que compró Giuzzio siendo ministro de la SENAD, cuando terminó pagando G. 20.000 por unidad, sobrefacturando 363% más que la última compra de la institución. Mientras en Luisito vende a G. 7.125
El último caso ocurrió recientemente; Giuzzio compró «pistolas de oro», superando al precio histórico del Estado, pero Giuzzio no está imputado, aunque estas comparaciones las hice analizando los precios históricos y no comparando con precios del Abasto.
Es decir, la forma correcta para determinar un indicio de daño patrimonial es comparando precios que paga cada institución según determinadas condiciones, NO comparando con el precio del mercado de abasto o el centro de panaderías con condiciones totalmente distintas.
En ese entonces la pericia determinó que era inaceptable comparar precios ofertados en el mercado con los precios ofertados por los proveedores al Estado, por las propias exigencias que tiene el vender al Estado y la pericia confirmó que no existió daño patrimonial
Luego de las observaciones de la pericia y vulnerando mis derechos, la fiscalía modificó la imputación original e introdujo nuevos elementos en la acusación. En la misma utilizaron un presupuesto de coquitos de la empresa Supermas, que fue entregado por el exdiputado Oscar Tuma.
Lo peor de todo fue que la fiscalía me llevó al juicio por el supuesto hecho de compras de coquitos cuando ni si quiera era todavía director de la UOC. Me plantaron hechos que ocurrieron desde 25 de mayo de 2009, siendo que mi designación se hizo recién 23 septiembre de ese año.
Como si fuera poco, la fiscalía otorgó sobreseimientos a 2 exadministradores de la SEN con dudosa credibilidad. Se trata de Ana González y Gonzalo Deiró, ambos reconocieron que falsificaron facturas, pero salieron libres y la fiscalía los utilizó como testigos en mi contra.
Algunos me dicen «chicanero», pero no saben que sólo una vez presenté recusación y la resolvieron de inmediato. En otra ocasión suspendieron mi audiencia porque mi abogada no estaba en país. Durante el juicio presente otros pocos incidentes y resolvieron en menos de 24 horas.
Por eso mismo el 4 de mayo de 2020 solicité a la dirección de auditoría una revisión sobre las supuestas «chicanas». Sólo a modo de ejemplo se puede ver que la causa estuvo parada por casi dos años en la sala constitucional sin que las autoridades resuelvan una acción pendiente.
Sobre esta situación, la de las moras judiciales y los casos que pueden prescribir solicité estadística a la CSJ todos los casos judiciales que pueden hacerlo en el 2022 y me respondieron por medio de un dictamen que es de imposible cumplimento dar una respuesta.
Mi causa judicial dio un giro en el 2019, cuando gente cercana a Mario Ferreiro me pidió entregar la cabeza de Camilo Soares en el juicio, ya que este «molestaba» y a cambio me ofrecieron recursos, abogado y hasta una fiscal amiga que me ayudaría a zafar del caso judicial.
Grabé todas estas conversaciones y antes que ceder a la presión, decidí denunciar por coacción al ex intendente y a otros, pero días después de la denuncia y un día después del allanamiento de la municipalidad, recibí la notificación del inicio del juicio como clara represalia.
Mi juicio inició en mayo de 2020 y el tribunal que respondía a Mario Ferreiro cometió prevaricato, ya que me condenaron usando la ley 2051 de contrataciones, siendo que los recursos de emergencia eran rubro 800 y las compras se hicieron en el marco de la ley 2615 de emergencia.
El tribunal integrado por Zárate, Capurro y García cumplieron el pedido de Ferreiro, pero dejaron evidencias de prevaricato, ya que en otro caso absolvieron a la exministra de la SEN argumentando que no existió delito porque las compras estaban fuera de la ley de contrataciones.
Los coquitos nunca fueron de oro y eso lo confirmó la pericia al revisar que otras instituciones estaban pagando más que la SEN y que nuestro precio promedio era incluso más bajo que el de otras instituciones, y que era improcedente comparar con precios del Centro de Panaderías.
La irresponsabilidad del ex fiscal Arnaldo Giuzzio al recurrir a artimañas plantándome pruebas para imputarme por hechos que ocurrieron antes de mi designación al cargo de director de la UOC me valieron años de proceso judicial, gastos, difamación y ataques denigrantes.
Estas irregularidades fueron apeladas por mi abogado defensor público solicitando la anulación del juicio oral, pero finalmente la sala penal de la Corte Suprema de Justicia entendió que la causa ya estaba prescripta antes del juicio y correspondía el sobreseimiento definitivo.
Ante la imposibilidad de un nuevo juicio, me veo obligado ahora a presentar una nueva demanda contra varias personas involucradas, que cometieron delitos como persecución de inocentes, prevaricato, entre otros, apuntando principalmente al ex fiscal Arnaldo Giuzzio.
Viví un calvario que duró 10 años, siendo rehén del sistema judicial, mientras veía que la justicia era más que benevolente con los verdaderos corruptos, pero conmigo fue injustamente implacable, situación me llevó a publicar más de 176 denuncias de corrupción sólo en el Twitter.
Por eso me propuse ir hasta las últimas consecuencias y descubrir a quienes operaron en mi contra. No soy funcionario público, ni candidato y no voy a callar jamás. El silencio no es mi idioma, así que mientras tenga fuerzas voy a seguir luchando. Gracias totales por leerme.
En este hilo pueden encontrar todas las investigaciones y las más de 176 denuncias de corrupción que hice en dos años sólo en el Twitter.
El periodista deja “sospechas” sobre las acciones del actual ministro del interior, en su función de fiscal y ahora, al frente del ministerio.
Fuente: Alfredo Guachiré
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