Política

Categoría: Municipios

  • Alertan sobre millonaria deuda del Estado por medicamentos

    Alertan sobre millonaria deuda del Estado por medicamentos

    La gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CRIPFA), Rocío Figueroa, expresó su preocupación por el creciente nivel de endeudamiento del Estado con el sector proveedor de medicamentos e insumos médicos.

    Según explicó, la deuda acumulada alcanza actualmente los USD 775 millones, una cifra que —según afirmó— no tiene precedentes en la historia reciente del sistema de salud público.

    “Nunca antes tuvimos esta magnitud de deuda”, sostuvo Figueroa, al advertir que la situación genera incertidumbre dentro del sector farmacéutico y podría afectar la provisión de medicamentos en el sistema sanitario.

    La representante del gremio señaló además que, si bien el Gobierno habría planteado un esquema de pagos mensuales, hasta el momento no existe una comunicación oficial clara sobre cómo se afrontará el compromiso financiero.

    Uno de los puntos más cuestionados por el sector es que el Estado no estaría reconociendo ciertas obligaciones, entre ellas las denominadas deudas por amparos judiciales, que ascienden aproximadamente a USD 130 millones, además de otras deudas futuras derivadas de compromisos ya asumidos.

    Figueroa advirtió que la falta de claridad y de un cronograma formal de pagos genera preocupación entre las empresas proveedoras, ya que estas continúan abasteciendo medicamentos e insumos al sistema de salud mientras esperan el cumplimiento de los compromisos financieros del Estado.

    La situación reaviva el debate sobre la sostenibilidad del financiamiento del sistema sanitario y el impacto que el retraso en los pagos podría tener en la disponibilidad de medicamentos y en la estabilidad del sector farmacéutico que abastece a hospitales y centros de salud del país.

  • Caso Metrobús

    Caso Metrobús

    La defensa del exministro planteó pérdida de imparcialidad del magistrado y cuestionó la validez del acta de imputación por supuestas falencias jurídicas.

    El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnoldo Wiens recusó al juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, lo que provocó la suspensión de la audiencia de imposición de medidas que debía realizarse en el marco de la causa conocida como caso Metrobús.

    Wiens se encuentra procesado por el presunto hecho punible de lesión de confianza, dentro de la investigación relacionada con el fallido proyecto de transporte.

    La recusación fue presentada por sus abogados defensores Alfredo Enrique Kronawetter y Cecilia Pérez, quienes argumentaron una supuesta pérdida de imparcialidad del magistrado.

    Cuestionan admisión de la imputación

    En el escrito presentado ante la Justicia, la defensa sostiene que el juez habría omitido controlar adecuadamente los actos del Ministerio Público al momento de admitir la imputación.

    Los abogados afirmaron que existirían graves falencias en el acta de imputación, señalando que no se habrían cumplido de forma estricta los requisitos que exige la normativa procesal.

    Según el planteamiento, estas irregularidades deberían derivar en la nulidad absoluta de la imputación, lo que implicaría que las actuaciones obtenidas en esas condiciones no puedan ser utilizadas contra el procesado.

    Defensa pide nulidad de la imputación

    Los representantes legales de Wiens también sostuvieron que, al tratarse de nulidades absolutas, estas deben declararse de inmediato una vez detectadas, independientemente del momento procesal en que se identifiquen.

    En ese sentido, señalaron que los actos que consideren viciados no pueden ser convalidados ni corregidos, por lo que solicitaron que se disponga el inicio de una nueva investigación dentro del proceso.

    Con la recusación presentada, el trámite de la audiencia quedó temporalmente trabado, mientras se resuelve el incidente planteado por la defensa del exministro.

  • Gobernadores bajo la lupa

    Gobernadores bajo la lupa

    Las declaraciones juradas revelan abultados bienes de varios jefes departamentales mientras la Contraloría revisa sus patrimonios. El caso del gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa, encabeza el ranking con más de G. 115.000 millones declarados.

     Los gobernadores comenzaron a generar cuestionamientos luego de que la Contraloría General de la República ordenara la verificación de los patrimonios de todos los jefes departamentales del país.

    El análisis de los documentos publicados en el portal oficial de la institución muestra que varios gobernadores asumieron sus cargos con patrimonios millonarios, lo que vuelve a instalar el debate público sobre el origen y la evolución de las fortunas de autoridades que hoy administran recursos del Estado.

    Gobernadores con mayores patrimonios

    De acuerdo con los registros de la Contraloría, el gobernador que declaró mayor patrimonio al inicio de su gestión es César “Cesarito” Sosa (ANR), quien en el año 2023 informó bienes por G. 115.838 millones.

    En segundo lugar figura Freddy Tadeo D’Ecclesiis (ANR), gobernador del departamento de San Pedro, con un patrimonio declarado de G. 23.637.010.420.

    En el caso de D’Ecclesiis, su patrimonio está compuesto principalmente por cinco inmuebles ubicados en la ciudad de San Estanislao, entre ellos una granja, tres viviendas y un terreno baldío, además de dos vehículos registrados a su nombre.

    Debate sobre la transparencia patrimonial

    Las cifras declaradas vuelven a poner en discusión la relación entre la política y las grandes fortunas, especialmente en un contexto en el que los gobernadores administran importantes presupuestos públicos y programas sociales en los departamentos.

    Aunque la presentación de declaraciones juradas es una obligación legal, distintos sectores sostienen que la simple publicación de los datos no siempre permite determinar con claridad el origen real de los bienes, por lo que la verificación anunciada por la Contraloría busca establecer posibles inconsistencias o incrementos patrimoniales injustificados.

    Contraloría anuncia revisión

    Ante el creciente cuestionamiento público, el contralor general dispuso la revisión de todas las declaraciones juradas de los gobernadores, con el objetivo de analizar la evolución de sus patrimonios y detectar eventuales irregularidades.

    El proceso de verificación podría abrir un nuevo capítulo en el debate sobre transparencia y control patrimonial de las autoridades electas, en un escenario donde la ciudadanía exige mayor claridad sobre cómo se construyen las fortunas de quienes hoy ocupan cargos públicos.

  • Juicio contra intendenta de Valenzuela entra en fase de alegatos

    Juicio contra intendenta de Valenzuela entra en fase de alegatos

    Este viernes continúa, desde las 08:30, la tercera jornada del juicio oral y público contra la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), acusada por el Ministerio Público de un presunto esquema de lesión de confianza que habría causado un perjuicio cercano a G. 1.199 millones a la Municipalidad.

    De acuerdo con el fiscal Néstor Coronel, durante la audiencia prevista para hoy se presentarán los alegatos iniciales de las partes, etapa clave dentro del proceso judicial.

    En el desarrollo del juicio, la defensa de la jefa comunal solicitó la realización de una nueva pericia sobre las obras ejecutadas en el año 2019, pedido que fue admitido por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Karina Jazmín Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

    Supuesto esquema de desvío de fondos

    Según la acusación fiscal, la intendenta habría actuado en conjunto con funcionarios municipales, fiscalizadores de obras y contratistas para desviar recursos de la administración comunal.

    La investigación sostiene que el presunto perjuicio se habría concretado mediante obras que figuraban solo en documentos o que habrían sido pagadas en más de una ocasión, generando el millonario daño patrimonial denunciado.

    Otros acusados en el proceso

    Además de la intendenta, también afrontan el juicio oral:

    • Cristhian David Flecha Fernández, tesorero municipal.

    • Sergio Ariel Flecha Fernández, funcionario municipal y hermano del tesorero.

    • Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez, proveedores del Estado.

    • Maglio César Nelson Muñoz Díaz, contratista.

    • Verónica Acosta Cantero, secretaria municipal.

    Por su parte, los contratistas Blásido Candia y María Liz Fleitas ya fueron condenados en el 2023 mediante procedimiento abreviado a dos años de prisión con suspensión de la pena, además de la obligación de restituir G. 110 millones cada uno, en cuotas mensuales.

    El proceso judicial continúa con la presentación de pruebas y argumentos de las partes, mientras el Tribunal deberá determinar la eventual responsabilidad penal de los acusados en el presunto perjuicio a las arcas municipales.

  • Asegurados del IPS piden destitución de Jorge Brítez tras denuncias de pagos millonarios y “descontrol administrativo

    Asegurados del IPS piden destitución de Jorge Brítez tras denuncias de pagos millonarios y “descontrol administrativo

    La Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezada por su dirigente Julio López, expresó su fuerte malestar ante las denuncias de irregularidades que afectan a la previsional y exigió la destitución inmediata del presidente del IPS, Jorge Brítez, así como de los miembros del Consejo de Administración.

    A través de un comunicado, la organización sostuvo que la actual gestión atraviesa un escenario de “total descontrol administrativo”, marcado por decisiones financieras cuestionadas y una crisis en la atención médica a los asegurados.

    Pagos millonarios a exdirector jurídico

    La polémica se intensificó luego de que trascendiera que la Dirección Jurídica del IPS autorizó el pago de G. 412.500.000 al exdirector jurídico José “José’i” González, en concepto de honorarios relacionados con un acuerdo extrajudicial alcanzado con un consorcio hotelero.

    De acuerdo con los datos difundidos, ese desembolso forma parte de un monto mayor que superaría los G. 7.900 millones, transferidos en el marco del mismo acuerdo.

    Para los representantes de los asegurados, estos pagos reflejan una situación de “corrupción descarada e impune”, ya que —según denuncian— mientras se autorizan millonarios desembolsos a funcionarios y exfuncionarios, los asegurados continúan enfrentando carencias en el sistema de salud.

    Denuncian crisis en la atención médica

    La organización también cuestionó el estado de los servicios médicos brindados por el IPS. Entre las principales denuncias mencionaron:

    • Falta de medicamentos e insumos básicos, lo que obliga a los asegurados a costear sus propios tratamientos pese a los aportes que realizan mensualmente.

    • Casos de presunta negligencia médica, entre ellos el fallecimiento de Braulio Vázquez, que según los denunciantes habría ocurrido tras una cadena de errores en la atención.

    • Trato indigno hacia los asegurados, quienes —según la organización— sostienen financieramente el sistema sin recibir un servicio acorde.

    Pedido de investigación y posibles movilizaciones

    La Asociación de Asegurados solicitó que las investigaciones no se limiten al exdirector jurídico, sino que también alcancen a otros funcionarios que habrían intervenido en la autorización de los pagos.

    Entre los nombres mencionados figuran Gladys Vera, gerente de Administración y Finanzas; María Graciela Cabral, coordinadora de la Dirección Jurídica; y Jorgelina Gómez, jefa de Dictámenes y Contratos.

    Además, la organización anunció que se encuentra coordinando movilizaciones de protesta, que podrían realizarse frente a una sucursal del banco ueno, entidad que los denunciantes señalan como parte del esquema de influencia dentro del sistema financiero vinculado a la previsional.

    El conflicto abre un nuevo capítulo de tensión en torno a la gestión del IPS, en medio de cuestionamientos políticos y reclamos crecientes de los asegurados por mayor transparencia y mejoras en la atención sanitaria.

  • Federico Franco cuestiona liderazgo de Peña y pide “cambio de timón” en el Gobierno

    Federico Franco cuestiona liderazgo de Peña y pide “cambio de timón” en el Gobierno

    El legislador sostuvo que la actual administración atraviesa un momento que requiere decisiones firmes y planteó la necesidad de un “cambio de timón” en la conducción del país. En ese contexto, también comparó el liderazgo del mandatario con el del vicepresidente Pedro Alliana.

    “Hace falta un cambio de timón. El vicepresidente Pedro Alliana tiene los pantalones mejor puestos que Santiago Peña, quien se olvida que tiene que gobernar en Paraguay”, expresó Franco al referirse a la situación política actual.

    Las declaraciones del diputado se suman a una serie de cuestionamientos provenientes de distintos sectores de la oposición, que reclaman mayor claridad en las políticas del Ejecutivo y resultados concretos en la gestión gubernamental.

    En ese contexto, Franco utilizó una comparación directa con el vicepresidente Pedro Alliana, cuestionando la capacidad política del mandatario. “Hace falta un cambio de timón. El vicepresidente Pedro Alliana tiene los pantalones mejor puestos que Santiago Peña, quien se olvida que tiene que gobernar en Paraguay”, afirmó.

    Las declaraciones del diputado reflejan el creciente clima de críticas hacia el Ejecutivo desde sectores opositores, que cuestionan la falta de resultados concretos en áreas sensibles y advierten sobre una gestión que, a su criterio, aún no logra traducir sus promesas en políticas públicas claras.

  • Ramírez redobla críticas al oficialismo en la interna de Asunción

    Ramírez redobla críticas al oficialismo en la interna de Asunción

    En el marco de la interna colorada en Asunción, el exdiputado Hugo Ramírez intensificó el tono de sus declaraciones y apuntó directamente contra el presidente Santiago Peña y el dirigente Arnaldo Samaniego, a quienes vinculó con una supuesta estrategia para fragmentar el electorado partidario en la capital.

    Durante un encuentro con su dirigencia, Ramírez sostuvo que el oficialismo estaría impulsando maniobras para debilitar al sector que respalda la candidatura de Dani Centurión, en el contexto de la puja interna dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

    El exlegislador lanzó además una frase de alto voltaje político al referirse al mandatario, al tiempo de cuestionar lo que considera una intervención directa en la contienda interna. También insinuó que existiría un fuerte respaldo financiero a la campaña de Samaniego, con el objetivo —según afirmó— de dividir los votos en la capital.

    Ramírez aseguró que su sector se prepara para enfrentar al cartismo tanto en las internas como en futuras elecciones generales, y afirmó que buscarán llegar fortalecidos, pese al clima de confrontación.

    La interna colorada en Asunción continúa escalando en intensidad, con cruces cada vez más directos entre referentes de distintos sectores del partido.

  • El intendente de Lambaré denunció una supuesta persecución sistemática y advirtió que hará responsables a ambos dirigentes por cualquier hecho que pueda afectarlo.

    El intendente de Lambaré denunció una supuesta persecución sistemática y advirtió que hará responsables a ambos dirigentes por cualquier hecho que pueda afectarlo.

    El intendente de Lambaré denunció una supuesta persecución sistemática y advirtió que hará responsables a ambos dirigentes por cualquier hecho que pueda afectarlo.

    El intendente de Lambaré, Rosa Agustín “Guido” González Dans, emitió una declaración pública en la que responsabilizó directamente al exdiputado Orlando Arévalo y a la concejal Carolina González por cualquier situación que pudiera afectar su integridad, la de su familia o su establecimiento comercial.

    A través de un mensaje difundido públicamente, González sostuvo que viene siendo objeto de una “persecución constante y sistemática” por parte de ambos dirigentes, lo que —según afirmó— ha generado un clima de hostigamiento permanente.

    “Desde este momento hago responsables a Orlando Arévalo y a Carolina González de cualquier ataque, amenaza o hecho que pudiera sufrir yo, mi familia o mi establecimiento comercial”, expresó el jefe comunal.

    El intendente agregó que, a su criterio, las acciones en su contra no serían hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada de presión política. “No es casualidad lo que está ocurriendo. Si algo me sucede, la ciudadanía ya sabe a quién señalar”, afirmó.

    Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión política en Lambaré, donde las disputas internas han escalado en las últimas semanas. Hasta el momento, los mencionados no emitieron una respuesta oficial a las acusaciones.

  • Denuncian al intendente de Lambaré y a un concejal por graves hechos ante el Ministerio Público

    Denuncian al intendente de Lambaré y a un concejal por graves hechos ante el Ministerio Público

    Una denuncia formal fue presentada ante el Ministerio Público contra el intendente de Lambaré, Rosa Agustín “Guido” González Dans, y el concejal oficialista Lorenzo Mendieta Caballero, por la presunta comisión de varios hechos punibles de extrema gravedad.

    El escrito fue ingresado en la Unidad Fiscal N.º 2 de Lambaré, a cargo de la agente fiscal Cynthia Carolina Wess, y expone supuestos hechos de coacción, acoso sexual, coacción sexual y violación. Además, la denuncia menciona posibles conductas relacionadas con omisión de aviso de hecho punible y cohecho pasivo agravado.

    Solicitan allanamiento

    Como medida urgente, los denunciantes solicitaron el allanamiento de la Municipalidad de Lambaré con el objetivo de resguardar documentación y eventuales elementos probatorios que podrían resultar relevantes para la investigación.

    Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la admisión de la denuncia ni sobre la apertura formal de una causa penal.

    Referencias a antecedentes

    En la presentación también se hace referencia a situaciones anteriores que habrían tomado estado público y que involucrarían a uno de los denunciados. En particular, se menciona un material audiovisual de contenido íntimo que el año pasado generó repercusiones en el ámbito político local y que tuvo como protagonista al concejal Mendieta Caballero.

    Asimismo, trascendió que existirían otras denuncias de tenor similar en proceso de formalización ante las autoridades competentes.

    Escenario institucional

    La gravedad de los hechos expuestos coloca a la administración municipal de Lambaré en el centro de un escenario de alta sensibilidad política e institucional, a la espera de las actuaciones fiscales y de la postura oficial de los involucrados.

    Este medio intentó obtener la versión de los denunciados, sin éxito hasta el cierre de esta edición. Se aguarda un eventual descargo público.

  • Erico Galeano se declara inocente y cuestiona acusación por lavado y asociación criminal

    Erico Galeano se declara inocente y cuestiona acusación por lavado y asociación criminal

    El senador Erico Galeano rompió el silencio y hablo con la prensa, donde se refirió a la causa penal que lo involucra por presunto lavado de dinero y asociación criminal.

    Durante la entrevista, el parlamentario rechazó las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y aseguró que no tiene responsabilidad en los hechos investigados. “Sé quién soy y sé quién no soy. Estoy muy tranquilo y bien asesorado por los abogados. No soy nada de lo que dice la Fiscalía”, expresó.

    La causa se encuentra en etapa judicial, mientras la Fiscalía sostiene que existen elementos que vincularían al legislador con un esquema investigado por presuntas operaciones irregulares. Por su parte, la defensa del senador insiste en que las imputaciones carecen de sustento y que demostrarán su inocencia en el proceso.

    El caso mantiene atención en el ámbito político y judicial, considerando la investidura parlamentaria del acusado y el avance de las diligencias fiscales.