Categoría: Gobierno

El senador Stephan Rasmussen, de Patria Querida (PQ), señaló que el objetivo del sector de la oposición con 28 legisladores en la Cámara de Senadores es llegar a la presidencia de la mesa directiva. Con este número y con un acuerdo entre todas las bancadas, se lograría una gran mayoría.

“Somos 28 senadores de la oposición y queremos que uno llegue a la presidencia. Estamos conversando”, dijo el legislador en entrevista para la 1020 AM. Rasmussen agregó que están haciendo el esfuerzo de que un integrante de la oposición llegue a la presidencia, teniendo en cuenta que generalmente queda en manos del oficialismo.

“Siempre hacemos el esfuerzo para que llegue una persona de la oposición a la presidencia porque siempre llega una persona del oficialismo”, sentenció el senador. Las negociaciones, tanto en el sector de la oposición como del oficialismo, prácticamente están inciertas hasta el momento, teniendo en cuenta que ambos sectores mantienen la postura de votar por un integrante de su sector.

En este sentido, el senador del PPQ indicó que ya iniciaron con las conversaciones para analizar los puntos más importantes, aunque aún no se habla de una candidatura concreta; sin embargo, las posturas ya están bien definidas para determinar un candidato para cada sector.

“Así como todos los años, generalmente entre mayo y junio la Cámara de Senadores suele convocar para integrar la mesa directiva. Siempre hay especulaciones y ayer nos sentamos a conversar cuáles serían los puntos más importantes”, sentenció.

Fuente: Diario LA NACIÓN

La Auditoría del Poder Ejecutivo y la Secretaría Anticorrupción se reúnen mañana para tratar el incumplimiento de la rendición de cuentas de los 9 gobernadores sobre el dinero de los fondos destinados por la ley de emergencia. Definirán qué medidas pueden ser tomadas.

USD 17 millones de los fondos de Salud se habían destinado a las gobernaciones, USD 1 millón a cada una, para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, nueve gobernadores no detallaron gastos.

El director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, dijo que antes -durante los gobiernos anteriores- “nadie lloraba por los fondos sociales” y ahora lo “atosigan” con la palabra transparencia. Aseguró que no tiene nada que esconder y que la gente puede ver las obras. Sin embargo, se niega a dejar ingresar a los contralores a que verifiquen la utilización de los fondos sociales en la EBY.

Agregó que muchos políticos están aprovechando la coyuntura para desacreditar su trabajo y que tratan de frenar el progreso. “Cuando no tienen nada que mostrar operan con malas intenciones, pero nosotros estamos respondiendo con trabajo, con el bien común, no para un solo sector”, dijo Nicanor Duarte Frutos en Ayolas, donde acompaña al presidente Mario Abdo Benítez durante la jornada de gobierno en el departamento de Misiones.

Un eufórico Duarte Frutos defendió cómo utiliza los fondos sociales y una vez más dijo que la intención de invertirlos íntegramente en un solo sector no es viable.

“Los fondos sociales operan desde el 2013, muchos gobiernos ya pasaron por el país; los liberales, izquierdistas, colorados, conservadores, progresistas ya administraron el dinero. Ya pasó por el gobierno el empresario, el sacerdote y nadie lloraba por los fondos sociales. Cada gobierno aprovechó como corresponde los fondos sociales, algunos invirtieron mejor, otros peor, pero nunca ni los liberales, ni los izquierdistas ni ningún sector habían reclamado el fin de los fondos sociales, pero ahora de pronto todos se preocupan por la transparencia”, dijo en un cerrado guaraní Duarte Frutos.

Agregó: “Primera vez escuché que salía de la boca de los liberales la palabra transparencia. Muchos parlamentarios liberales hace 30 años ya están en el Congreso y nunca hablaron de transparencia, pero ahora dieron un gran giro ético y moral en el liberalismo”. Con esto, una vez más intentó justificar su negativa a transparentar la utilización de los fondos sociales.

Recordemos que la Cámara de Senadores pidió a la Contraloría General de la República que audite los fondos sociales, pero Itaipú y Yacyretá se niegan a dejar entrar a los auditores alegando que son binacionales.

“Todas las obras están en la página web; la gente puede entrar a comprobar las inversiones de las obras, nuestra gestión está completamente en la web, no hace falta que entre un auditor”, dijo Duarte Frutos.

Fuente: Diario ABC

El diputado Sebastián Villarejo manifestó que con la pandemia se dieron cuenta que la política prebendaria trae muerte y se deben desterrar las prácticas que perjudican a la ciudadanía como lo es el caso de su ex colega Carlos Portillo.

Sostuvo que Portillo fue reincidente y varias veces lo salvaron pero en esta oportunidad algunos podían quedar como cómplices  atendiendo que nombró a un referente de un movimiento colorado.

Agregó que la Fiscalía tiene que actuar de oficio pues desde el momento en que él perdió la investidura puede ser investigado o sino vamos a seguir con que el Ministerio Público sigue dormido.

“Muchos le reclamamos y le pedimos a Portillo que diga, pero no se animó a dar nombres e incluso negó lo sucedido”, expresó Villarejo.

Fuente: Megacadena

En la Cámara de Senadores se van sumando los distintos sectores políticos en contra del proyecto de ley de emergencia sanitaria que fue presentado por el Poder Ejecutivo.

El primer bloque en anunciar el rotundo rechazo a la propuesta que establece sanciones por vacunaciones irregulares fue la bancada liderada por el liberal Blas Llano.

Ahora, su correligionario Enrique Salyn Buzarquis también asegura el rechazo total a la iniciativa oficialista.

Hugo Richer, del Frente Guasu, insistió en que la propuesta murió antes de llegar al Congreso, alegando que tiene que ser de consenso.

Sin embargo, Gilberto Apuril, de Hagamos, así como Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP) consideran que se tiene que dar un debate.

Ese había sido justamente el pedido de los representantes del Ejecutivo en una reunión que mantuvieron con la mesa directiva del Senado, y se mostraron abiertos a posibles modificaciones.

Sobre el punto, el titular del Congreso, Óscar Salomón, había señalado que la próxima semana ya se tendría una postura sobre el proyecto.

Desde la bancada de Patria Querida, por un lado, hace una semana, Fidel Zavala había indicado que la propuesta se tenía que retirar.

Stephan Rasmussen, del mismo sector político, en su intervención ante los representantes del Ejecutivo, había sugerido que no se trate a las apuradas, y que se pueda analizar con tiempo.

POSTURAS. “Rechazo total” fue el veredicto que dio Buzarquis al proyecto, y dijo que esa sería la tendencia de la bancada liberal B.

La misma está integrada por Amado Florentín, Víctor Ríos, Carlos Gómez Zelada, Eusebio Ramón Ayala y José Ledesma.

De hecho, Florentín fue uno de los que consultaron al jefe de Gabinete Civil de Marito, Hernán Huttemann, si se manejaba la posibilidad dentro del Ejecutivo de retirar la ley.

“Nosotros, ya anticipamos la crítica y el rechazo. Es más, Frente Guasu firmó el comunicado de la mesa de presidentes de la oposición por el rechazo al proyecto del Ejecutivo”, explicó Hugo Richer.

“Sí, es importante legislar sobre ese tema para pasar la etapa de decidir por decreto, pero el alcance, el contenido difiere mucho de las posibles expectativas. Hay una discusión sobre la constitucionalidad”, sostuvo.

“Sigue siendo como un manotazo. No hay claridad en la estrategia del Ejecutivo ante la crisis sanitaria, económica y social”, remarcó.

“Otra vez, el Ejecutivo envía un proyecto políticamente muerto. Murió antes de que llegue al Congreso porque tiene que formar parte de un consenso”, sentenció.

“Vamos a estudiar punto por punto”, consideró, por su parte, el senador Apuril.

Fuente: Diario ULTIMA HORA

Los diputados sancionaron ayer la ley por la que se crea el Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes hospitalizados con Covid-19, presentado por varios legisladores. Ahora el texto pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

En la sesión ordinaria de la Cámara Baja dieron acompañamiento al documento originado en este cuerpo legislativo pero que sufrió modificaciones de forma en el Senado, por lo que los diputados optaron por acogerse a dichos cambios para que el documento tenga rápido trámite.

Se establece el Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados con Covid-19, que tiene como objeto la cobertura de medicamentos, insumos y/o estudios de diagnósticos durante la hospitalización de personas con diagnóstico de coronavirus en centros de asistencia a la salud.

Se prevé que los recursos del fondo sean en base de reasignaciones de Hacienda de acuerdo al Presupuesto 2021, así como autorizar al Poder Ejecutivo a disponer de los gastos de los fondos socioambientales de las binacionales.

También deben ser direccionados para fondear el programa, los créditos programados por Salud a fin de reorientarlos a objetos de gastos que sean necesarios para el cumplimiento de la ley. Además el Estado queda autorizado a reasignar una porción o el total de los saldos comprometidos de los créditos.

Las dependencias que quedan habilitadas para el usufructo de los beneficios de esta ley, son los que dependen del Ministerio de Salud y del Instituto de Previsión Social. También en el Hospital Militar y Policial, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y otras entidades de salud de carácter público o en centros privados donde éstas personas hayan sido derivadas por el sistema de salud pública.

Beneficio. En relación a los atributos de la ley, el diputado Carlos Silva del PLRA, mencionó que la aprobación es una muestra más de que el Legislativo brinda herramientas para que el Ejecutivo lidie con la pandemia, aunque se quejó de que siguen las denuncias.

“Aún así no se tiene disponibilidad de medicamentos e insumos. Uno ya no sabe que más herramientas dotarle para que haya provisión inmediata de insumos”, dijo.

Instó a que el Ejecutivo haga uso de los recursos de los fondos sociales y fustigó el decreto reglamentario del Ejecutivo por “tergiversar” la ley.

Insistieron que es una herramienta para que los enfermos con Covid hospitalizados tengan cobertura completa y no deban despojarse de sus patrimonios por el alto costo de internación.

Fuente: Diario ULTIMA HORA

Según la diputada, la reglamentación no especifica montos ni recursos que se destinarán a la salud por parte de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá.

“Es un reglamento que no cambia nada, no dice cuánto dinero se va a usar, cuánto va ir a insumos, a construcción de hospitales ni protección social, lo cual habilita a que se sigan repartiendo los recursos”, explicó González en contacto con Monumental 1080 AM.

Para la diputada, el decreto representa una afrenta al Estado de Derecho y quiere decir que está por encima de la ley.

Consultada acerca de qué tipo de medidas se pueden tomar tras la decisión del Ejecutivo, la parlamentaria dijo que advierte a Mario Abdo que “si sigue con la rebeldía de someterse al imperio de las leyes, es iniciar su juicio político”.

“Esta ley no está para que él se burle, esta ley costó y lo que hace Mario Abdo, y los titulares de binacionales, es cometer un delito de prevaricato, que es un hecho punible. Hay que entender bien esto porque en una República “de gua’u”, estamos sacando leyes y el Ejecutivo decide hacer lo que quiere”, sostuvo.

La política alertó que, pese al esfuerzo legislativo, las cosas no van a cambiar en cuanto al manejo de las binacionales, por lo que se espera que, en la rendición de cuentas en el mes de julio, se pueda ver en qué se utilizaron los recursos de las entidades.

El Poder Ejecutivo socializó este lunes la reglamentación de la Ley 6729/21, que destina fondos de las binacionales para Salud, pero sin especificar montos ni establecer plazos, y tampoco un anexo presupuestario de lo que ya se usó o queda disponible.

Fuente: Diario ULTIMA HORA

La composición de la próxima mesa directiva del periodo 2021-2022 es el centro de las negociaciones dentro del Senado entre los distintos bloques. Además, los principales operadores ya ponen sobre la mesa otros elementos alrededor de los cuales se negocia el liderazgo de la Cámara Alta.

Entre los cargos en juego se menciona a la Contraloría General de la República (CGR), un cupo en la Corte Suprema de Justicia y un espacio en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

En la danza de candidaturas a presidir la Cámara por la oposición se menciona a los liberales Blas Llano y Víctor Ríos, de las bancadas A y B respectivamente del PLRA. También la del senador del Frente Guasu Fernando Lugo. Las bancadas de Ríos y Llano quedaron en reunirse esta semana para intentar forjar la unidad. El Frente Guasu, con sus 7 representantes, es una pieza clave si es que se desea obtener la mayoría.

Pero así como a la oposición le basta el consenso para acordar una candidatura, dado que numéricamente son más que los colorados (28 a 17) deben acordar primero sobre otros cargos que se ponen sobre la mesa.

Uno de los cargos que quedarán vacantes pronto es el del ministro del TSJE y ese cargo es apetecido por el llanismo, más aún dado el proceso de elecciones en puertas. El ministro de extracción liberal Alberto Ramírez Zambonini está próximo a cumplir sus 75 años de edad por lo que se apartará del cargo.

Vence además el plazo de representación ante el Consejo de la Magistratura, del senador liberal Juan Bartolomé Ramírez.

Frente Guasu también tiene interés en el TSJE, aunque también están abiertas las puertas a que reivindiquen la Contraloría, ya que el mandato del contralor Camilo Benítez llega a su fin en noviembre.

No menos preciado es el cupo que quedará vacante en la Corte Suprema de Justicia cuando en octubre la ministra, Gladys Bareiro de Módica, cumpla 75 y deba jubilarse.

El cargo que dejará la magistrada de origen liberal sería para otro liberal, y da pie a una interna por el cargo.

AÑETETE. Hasta ahora en el oficialismo colorado surgen las candidaturas del actual titular del Congreso, senador Óscar Cachito Salomón, pero se le oponen sus pares de bancada Juan Carlos Galaverna y Silvio Ovelar. No se descarta que Cachito busque un pacto con la misma mayoría que lo llevó a presidir desde el año pasado.

El senador Stephan Rasmussen señaló que dadas las vacancias en puertas, se debe garantizar respeto a los mecanismos de selección y que no se opte “por la repartija de cargos” como se estaría instalando.

Fuente: Diario ULTIMA HORA

Los ministros de Mario Abdo Benítez manifestaron su apertura a posibles modificaciones de la polémica Ley de Emergencia Sanitaria. Las criticas se concentraron en las posibles sanciones.

Se concretó la reunión entre autoridades del Ejecutivo y del Senado en torno al proyecto de ley de Emergencia Sanitaria, que establece sanciones a vacunaciones irregulares.

En líneas generales, los ministros Hernán Huttemann, del Gabinete Civil; de Salud, Julio Borba, y el vicepresidente Hugo Velázquez se mostraron abiertos a posibles modificaciones en la propuesta, dando por sentado que no había ninguna intención de retirar el proyecto de ley

El vicepresidente segundo del Senado Amado Florentín fue el que específicamente preguntó si el Ejecutivo no tenía previsto retirar el proyecto, ya que había sido una sugerencia en la sesión pasada.

Los principales cuestionamientos de varios senadores fueron contra las restricciones y las sanciones, así como la ausencia de ellas en casos que afectan a empresarios.

Otra cuestión que también se escuchó como parte de la discusión fue el tema de los abusos policiales, pero por más que el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio figuraba como invitado, no estuvo a la hora de responder las consultas que se hicieron sobre casos. La ministra de Trabajo Carla Bacigalupo tampoco dio señales de conexión.

Desirée Masi, del PDP (Partido Democrático Progresista), mencionó que se tenían que definir los límites, y advirtió que hay que tener mucho cuidado con los abusos policiales y de la Fiscalía. Puso como ejemplo las protestas sociales que se puedan dar, y que eso pueda ser considerado como aglomeración. Además, mencionó la necesidad de la contención financiera para los trabajadores que tengan que ausentarse debido al Covid-19.

Su reclamo fue la falta de sanciones contra los empresarios que obligan a sus empleados a trabajar, estando con la enfermedad. También, contra los transportistas por los buses cargados, ante el peligro de contagio del coronavirus. Mandó al frente a las farmacéuticas por la falta de control, acusando que las mismas hacen acopio y sobrefacturación de medicamentos.

Falencias. Stephan Rasmussen, de Patria Querida sugirió que la propuesta sea tratada con tiempo. Fidel Zavala, de su mismo sector político, había pedido que se retire.

El colorado Enrique Bacchetta refirió que hay muchas falencias por parte del Ejecutivo dentro del marco de la pandemia, y que eso repercute negativamente. Enrique Riera recordó que ya se intentó sancionar las irregularidades con relación a la pandemia, y establecer restricciones en un proyecto que había presentado el PDP el año pasado. No obstante, hizo hincapié en que la propuesta tuvo que ser retirada por las críticas.

Desirée volvió a intervenir en este punto, alegando que en ese proyecto se había incluido el tema de la difusión de la información falsa, y la utilización de las vacunas con fines electorales.

“Si no se identifican plenamente los delitos que se pretenden sancionar, no tienen forma de aplicarlas. Hurto significa sacarle algo a alguien, pero tienen o no derecho a vacunarse”, refirió Riera.

“Hay suficientes leyes para que las autoridades tomen medidas. El Ejecutivo está autorizado por decreto a tomar medidas que regulen”, dijo.

Masi volvió a insistir con una campaña de comunicación en serio. Indicó que los presidentes de Asuntos Constitucionales, Legislación y Salud deben realizar audiencias públicas para quitar una ley con el mayor pacto social posible. Hay que tener mucho cuidado con que Fiscalía y Policía usen las protestas sociales como una aglomeración. Desirée Masi, senadora progresista.

«Tenemos que dar tiempo, no tratar a las apuradas. No tiene sentido tener otra letra muerta. Cayó muy pesada en el ambiente» Stephan Rasmussen,
senador Patria Querida.

La situación hace que la ciudadanía este cansada. Le habilitamos 1.600 millones de dólares y se mal usó. Enrique Bacchetta, senador colorado.

«Si es por el tema médico, cerrar o abrir todo, es imposible. Hay que ver cuál es el punto intermedio y hacer aplicable» Jorge Querey, senador Frente Guasu.

Fuente: Diario ULTIMA HORA