Política

Categoría: Gobierno

  • Plan económico entre el Ejecutivo y el Senado

    El Poder Ejecutivo, a través del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, hizo lobby ayer ante el Congreso para solicitar que el Senado estudie hoy el proyecto de ley que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto de la pandemia del Covid-19 o coronavirus. De hecho, el proyecto citado figura como segundo punto del orden de la sesión de hoy, si bien no cuenta con dictamen de comisión.

    El presidente del Senado, Óscar Salomón, junto a legisladores de diversas bancadas, recibió al vicepresidente Velázquez, quien afirmó que fue al Congreso en cumplimiento de sus funciones de nexo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. El vicemandatario solicitó que la Cámara Alta se constituya en Comisión para tratar el proyecto.

    “Vine a pedirle al presidente de la Cámara de Senadores y senadores de distintas bancadas la posibilidad de que mañana (por hoy) el pleno del Senado se constituya en Comisión para estudiar la ley de consolidación económica y contención social. Bueno, he recibido la respuesta de que sí, en principio sí se van a constituir en comisión para hacer el estudio de ese proyecto de ley”, contó Velázquez en conferencia de prensa.

    Recordó que el estudio de la propuesta se postergó anteriormente para un mejor estudio, mientras que el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, había explicado que el proyecto busca asegurar los recursos para financiar el presupuesto general vigente, para el Ministerio de Salud y para dar continuidad a una serie de programas para los sectores más vulnerables.

    Asimismo, Llamosas mencionó que con esta normativa realizarán medidas transitorias para atender al IPS que sigan pagando a trabajadores en suspensión y al Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy), en dotarlo de un fondo adicional para otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas. Añadió que el proyecto también pretende también exonerar en un 50% los servicios básicos para el sector gastronómico, hoteles, y otros, en lo que corresponde al consumo de la ANDE y Essap.

    Dicen que el préstamo es mínimo
    El vicepresidente Hugo Velázquez dijo que se aclaró que de los USD 365 millones que se contemplan el plan del Ejecutivo “solamente USD 25 millones, que son las Mipymes, es un nuevo empréstito, y el resto es reasignación de recursos”. El principal interés del Gobierno es el paquete de USD 365 millones para amortizar el impacto de la crisis por la pandemia.
    En el desglose expuesto por el Ejecutivo, se puede indicar que requieren de USD 45 millones para seguir brindando un soporte a los trabajadores formales suspendidos temporalmente.
    En tanto que hay otro paquete de USD 25 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas perjudicadas por la crisis. Oros USD 20 millones son de un fondo fiduciario que será manejado por el Banco Nacional de Fomento para trabajadores independientes.
    Igualmente, con relación a los USD 265 millones que se pide al BCP, Velázquez explicó que se está hablando del monto, que en realidad el Fondo Monetario Internacional (FMI) está estableciendo esos recursos como activos para cada país, no solamente para el Paraguay, para una reactivación económica. No obstante, indicó que todavía no se sabe la fecha en que se dispondrá del monto.

    Fuente: ultimahora.com

  • Víctor Bogado habló de su pérdida de investidura y el intento de recuperar su banca

    El exsenador Víctor Bogado habló de su caso de pérdida de investidura y el intento de recuperar su banca en la Cámara de Senadores que, según él, fue despojado injustamente en mayo del 2019. El exparlamentario refirió que, a pesar de todos los recursos presentados, no logra recuperar su banca porque se trata de una cuestión política, citando como un claro ejemplo la “sesión lavandina”, en la que el pleno salvó a tres senadores de la pérdida de investidura, el 13 de julio pasado.

    “Hay que entender que se dieron muchas situaciones que terminaron demostrando que mi salida fue totalmente una trama política para despojarme de mi banca, para debilitarle en su momento a la bancada de Honor Colorado en el Senado”, indicó.

    En este sentido, citó a la sesión en la que salvaron a los senadores Javier Zacarías Irún, Rodolfo Friedmann y Sixto Pereira de dejar sus bancas, como un pacto entre el sector del oficialismo y oposición que se abroqueló en el Senado. “Cuando el Senado hizo la operación lavandina para dejar sin efecto tres pedidos de pérdidas de investiduras de tres senadores se demostró que lo único que prima ahí no es la causa ni el sentido de justicia”, sentenció Bogado.

    Por otra parte, se refirió a la presentación de la revisión extraordinaria, un recurso de amparo conforme se den hechos nuevos, que según el legislador se fueron dando en el transcurso de su caso. “Hay hechos nuevos como la querella que vengo soportando que me entabló la diputada Celeste Amarilla, que ya se hizo el juicio, pero quedó inconcluso por la enfermedad de la jueza que estaba atendiendo el caso”, explicó.

    En este contexto mencionó que se demostró que el testimonio en el cual se basó el caso el tribunal para condenarlo como cómplice de cobro indebido, en el caso de Gabriela Quintana, exfuncionaria de la Cámara de Diputados, se basó en declaraciones supuestamente falsas de la diputada liberal.

    “Lo único que tenían como prueba es el testimonio de Celeste Amarilla, porque decía que yo le pedí a su extinto marido el contrato de Gabriela Quintana, cosa que es totalmente falaz. No hay ninguna prueba o documento que pueda testimoniar eso, solo se basó en su declaración”, mencionó el exsenador.

    Con relación a recurrir a la instancia internacional, con estos nuevos hechos, Bogado mencionó que en el 2019 ya demandó al Estado paraguayo ante la Comisión de Derechos Humanos, solicitando un fallo a favor para recuperar su banca, pedido que fue rechazado; sin embargo, la demanda fue admitida.

    “Habíamos solicitado que, como medida de urgencia, se me reponga mi banca, la Comisión de Derechos Humanos me rechaza eso, pero admite la demanda. Me piden ampliar la demanda, cosa que ya hemos hecho también en julio del año pasado. Ahora tenemos un plazo de 6 meses más para ampliar aún más con la resolución de la Corte con el tema de que rechazó la inconstitucionalidad”, detalló Bogado.

    Fuente: lanacion.com.py

  • Asistentes y asesores con millonarias contrataciones en MOPC

    Esta semana el equipo de investigación del diario La Nación desnudó la contratación de varias personas para diferentes cargos como asistentes y asesorías realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el marco del proyecto “Desarrollo de capacidades de gestión”.

    Alrededor de US$ 10,5 millones fueron utilizados en el pago a expertos en diversas áreas de aplicación dentro del MOPC, entre ellos recomendados, amigos y seguidores de las autoridades de turno, lo que generó la reacción de la ciudadanía que expresó su disgusto a través de las redes sociales.

    La “radióloga” y el saxofonista

    “Yo creo que este ministro Arnoldo (Wiens), por las contrataciones irregulares debe ser llamado en la Cámara de Senadores para poder brindar una explicación ante esta lamentable situación. Es el dinero de los impuestos del pueblo y es lo que usa para pagar jugosos sueldos a gente que no tiene preparación técnica para dicho cargo”, opinó Juan Benítez, un lector de LN.

    Raimundo Aranda recordó el caso de Sol Melgarejo, la polémica radióloga contratada por el MOPC a comienzos de la actual administración.

    Las redes sociales no olvidaron a la radióloga Nieve “Solcito” Melgarejo, tras el destape de contrataciones en el MOPC. Foto: Gentileza.

    “Nombró a una radióloga para radiografiar las obras en proyectos y en ejecución. Recuerdan de un ingeniero como ministro de Relaciones Exteriores cuando ‘Joselo’ y su grupo hicieron la venta de Itaipú, bueno casi se firmó y se frustró por A o B motivo”, ironizó con su pregunta.

    En el programa “Tierra de Nadie”, emitido por el canal GEN, el equipo de investigación explicó que aprove­charon el convenio mencionado para con­tratar infinidad de asistentes de todo tipo con actividades que rayan lo absurdo.

    Un joven clarinetista, saxofo­nista, director de orquestas, como la de Loma Plata (Chaco), Mburukuja, por ejemplo está en la lista de expertos.

    Pablo Vourliotis, el clarinetista y saxofonista, sin título, que contrató Arnaldo Wiens como parte de su programa de incorporación de “expertos”. Foto: Gentileza.

    Entre los comentarios de redes sociales tampoco faltó quien culpe al titular del Poder Ejecutivo por sostener a Wiens en el cargo.

    “Hay que preguntarse por qué este otro inútil de ‘Marito’ le mantiene en ese ministerio tan importante donde se manejan tantas sospechas de inmensos actos de corrupción”, agregó Julio Fernández.

    Mala gestión

    Desde el Centro Paraguayo de Inge­nieros (CPI) lamentaron la gestión en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y afirmaron que la contratación de los 244 supuestos expertos, a través del PNUD, no se ve reflejada en lo absoluto en las obras ni en los llamados a licitación.

    “El resultado de eso es esto que tenemos, proyectos malos, obras que necesitan en su totalidad un reajuste del 20% y muchas veces eso no alcanza porque se licitan obras sin proyectos, no sé si hace de profeso, pero si repetimos nunca vamos a conseguir cam­biar los resultados”, expresó con preocupación el ingeniero Amílcar Troche, presidente del CPI.

    Fuente: lanacion.com.py

  • Kattya González “Estamos poniendo en peligro la estabilidad económica del país”

    La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, manifestó que la estabilidad económica de Paraguay se encuentra en peligro con el gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ante el nuevo pedido de préstamo equivalente a 365 millones de dólares que serán dirigidos al ministerio de Salud y programas sociales ante la crisis sanitaria y económica por el COVID-19.

  • El Gobernador ya no puede seguir al frente de la Gobernación de Central

    Siguen saliendo más irregularidades en la Gobernación de Central a cargo de Hugo Javier, se confirma que el millón de dólares fue cobrado en ventanilla, cuando lo que corresponde es que los pagos se hagan por transferencia y así tener el control del dinero público.

    «Estamos esperando que la Contraloría General de la República culmine una auditoría que están realizando en este momento, luego de esa auditoría, volveremos a solicitar la intervención, nos mantenemos en la postura de que el Gobernador ya no puede seguir administrando la Gobernación con estos antecedentes, estamos expectantes a la resolución de la Contraloría para que los colegas que votaron en contra de la intervención, tengan los elementos necesarios para cambiar de posturas y decidan votar por la intervención» manifestó Derlis Larrosa, miembro de la Junta Departamental (PLRA).

    Cada vez se publican situaciones más graves en esta administración, nosotros no podemos dejar pasar ningún tipo de irregularidades por parte del Gobernador.

    La semana anterior, ya se había solicitado la intervención y el proyecto fue rechazado por una mayoría de colorados y un voto liberal que definió la no intervención.

  • Ediles del Departamento Central rechazaron pedido de intervención de la Gobernación

    Tras el fallido intento de pedido de intervención a la Gobernación de Central, el concejal departamental del PLRA, Derlis Larroza, señaló que algunos de sus colegas oficialistas no quieren quedar con la carga de echar a un gobernador colorado.

    Con el voto de un concejal liberal y 10 colorados se archivó el pedido de intervención a la Gobernación de Central, a cargo de Hugo Javier, que se hizo a raíz del presunto despilfarro de dinero público.

    Los ediles liberales presentaron la solicitud argumentando que el rol de la Junta Departamental es de controlar la gestión de la Gobernación, ya que se registraron indicios de hechos punibles.

    No obstante, los colorados y el edil liberal, Mario Aguilera, que votaron por el rechazo se basaron en la Constitución Nacional que menciona que para la intervención se debe contar con el dictamen de la Contraloría General de la República.

    La Junta rechazó este miércoles pedido de intervención de la Gobernación de Central.

    “Aquí hubo una mala interpretación de la Constitución, porque la Junta Departamental sí puede iniciar la intervención cuando hay indicios serios de irregularidades”, expresó el concejal departamental Derlis Larroza, en contacto con Monumental 1080 AM.

    El edil lamentó que la iniciativa no haya prosperado e incluso señaló que tres de sus colegas, que son afines al movimiento Colorado Añetete, analizaron la posibilidad de apoyar la intervención. Sin embargo, votaron en contra.

    “Algunos concejales de Añetete estaban en duda, pero nadie quería quedar con la carga de echarle a un gobernador colorado por una cuestión de liberales entre colorados, pero le explicamos que no es así, que aquí se habla de dinero público”, agregó.

    Larroza también lamentó que Mario Aguilera, de su mismo partido, no haya votado a favor de la intervención y mencionó que el mismo tendrá otras oportunidades de reivindicarse ya que el sector volverá a insistir en una intervención.

    El presidente de la Junta Departamental de Central, el liberal Mario Aguilera, y 10 colorados más rechazaron este miércoles el pedido de intervención de la Gobernación a cargo de Hugo Javier González, formulado por siete liberales, debido al presunto desvío de los fondos Covid, que consistían en G. 6.382.000.000 (USD 1 millón).

    Fuente: ultimahora.com

  • Mario Abdo visitó megavacunatorio de ex Aratirí

    El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, realizó este miércoles una visita exprés al megavacunatorio instalado en el ex Aratirí. El mandatario salió «contento», expresó el ministro de la SEN, Joaquín Roa.

    El presidente Mario Abdo visitó las instalaciones del vacunatorio en el autódromo Rubén Dumot

    Luego de dos jornadas intensas de vacunación contra el Covid-19 en el autódromo Rubén Dumot, ex Aratirí, el presidente Mario Abdo Benítez decidió visitar este miércoles el predio para verificar su funcionamiento.

    El mandatario llegó al lugar alrededor de las 9.00 a bordo de un helicóptero, en compañía del ministro de Salud, Julio Borba, el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, el asesor Federico González y el encargado de negocios de los EEUU, Joe Salazar

    Ni bien pisó tierra, el jefe de Estado se trasladó hasta el puesto de vacunación número dos y conversó brevemente con las personas encargadas del lugar. Luego de sacarse algunas fotos emprendió nuevamente su viaje a Mburuvicha Róga.

    Abdo Benítez evitó hablar con la prensa y fue el ministro de la SEN quien se pronunció sobre la visita exprés del titular del Ejecutivo. “Quería ver un poco, chequear cómo estaba esto y mostrar su funcionamiento. Él se va contento”, indicó.

    El centro de vacunación en el ex Aratirí tiene un escenario totalmente distinto a los dos días anteriores, donde ciudadanos debieron esperar entre 10 a 12 horas en algunos casos para acceder a la primera dosis contra el Covid-19.

    La alta concurrencia en el lugar y las quejas de muchas personas fue determinante para que la cartera sanitaria habilite otros centros de vacunación sin tener en cuenta la terminación del número de cédula.

    Esa decisión hizo que este miércoles otros vacunatorios instalados en el Departamento Central tengan mayor afluencia de personas y se descongestionara las instalaciones del autódromo Rubén Dumot.

    De acuerdo con las autoridades, casi 10.000 personas recibieron el biológico en los primeros dos días en el ex Aratirí. A nivel país, ya se superó la cifra de un millón de vacunados con primera dosis y se espera cerrar esta semana con 1.500.000.

    Fuente: ultimahora.com

  • Perdida de investidura se trata hoy en la cámara de Senadores

    La Camára de Senadores llamó a una sesión extraordinaria para hoy, a las 13:00, específicamente para rechazar o aprobar los pedidos de pérdida de investidura de los senadores Rodolfo Friedmann, Sixto Pereira y Javier Zacarías Irún. La convocatoria se dio con sumo hermetismo, hasta su presentación en mesa de entrada, hace unas horas.

    La nota firmada por varios senadores y con fecha del día de hoy, circuló toda la semana pasada hasta conseguir los votos necesarios para poder tratar súbitamente la expulsión o permanencia de los susodichos. El presidente de la Cámara Alta, Óscar Salomón tiene previsto finiquitar los pendientes de sus colegas el día de hoy.

    Los pedidos expulsión

    Se convocó para tratar los siguientes puntos del orden del día: proyecto de resolución “por el cual se resuelve la pérdida de investidura del senador Ernesto Javier Zacarías Irún”. Fue presentado por Stephan Rassmussen, Fidel Zavala, Georgi Arrúa, Gilberto Apuril y Enrique Riera.

    Asimismo, el proyecto de resolución “por el cual se resuelve la pérdida de investidura del senador Rodolfo Friedmann Alfaro según lo previsto en el artículo 201 de la Constitución Nacional por la violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado”, presentado por Antonio Barrios, Enrique Riera, Sergio Godoy, Zulma Gómez y Hermelinda Alvarenga.

    Los senadores definen si rechazan o aprueban los pedidos de pérdida de investidura de Rodolfo Friedmann (foto), Sixto Pereira y Javier Zacarías Irún. Foto: Archivo.

    Así también, el proyecto de resolución “por el cual se resuelve la pérdida de investidura del senador Sixto Pereira según lo previsto en el artículo 201 de la Constitución Nacional por el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”, presentado por Antonio Barrios y Enrique Riera.

    Fuente: lanacion.com.py

  • El siempre polémico diputado de Alto Paraná, Jorge Brítez, presentó un proyecto de ley para autorizar el uso de dióxido de cloro en el tratamiento y prevención contra el COVID-19. Este es un químico utilizado para el blanqueamiento de piscinas.

    Se trata del proyecto “que autoriza la elaboración, comercialización, suministro y uso consentido de la Solución de Dióxido de Cloro (SDC), como prevención y tratamiento del coronavirus (COVID-19)”.

    El legislador, que es conocido por sus campañas contra el uso del tapabocas, argumenta en su proyecto que la sustancia tiene un costo excesivamente bajo, pero con alta eficacia, según médicos y pacientes que lo han utilizado. Sin embargo, el mismo reconoce que la utilización de la solución del dióxido de cloro no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

    Existen varias tesituras de profesionales que aseguran que este químico podría ser dañino para la salud del paciente. Foto: Archivo.

    “Rescato uno que se encuentra publicado desde finales de enero de 2021 en la prestigiosa revista Journal of Molecular and Genetic Medicine. Es un estudio elaborado por médicos investigadores muy reconocidos, denominado ‘Determinación de la eficacia del dióxido de cloro en el tratamiento de COVID 19’, cuya copia también presenté para conocimiento de los colegas”, dice parte del argumento del parlamentario.

    Brítez insistió en que el principal motivo de su proyecto se da en torno al costo de este químico, que podría rondar entre cuatro o cinco dólares por persona, desde el inicio del tratamiento hasta la recuperación total del paciente, monto que incluye los componentes para su elaboración y su correspondiente suministro en hospitales públicos, privados y/o en tratamientos ambulatorios, según expresó.

    “Resulta necesaria la aprobación de una legislación que autorice la elaboración, venta y uso del dióxido de cloro como método preventivo y/o curativo, tal como ya sucede a nivel regional, pues es ley en Bolivia y actualmente se encuentra en estudio para su aplicación en Perú”, señala en otro párrafo de su iniciativa.

    Las advertencias

    Mientras tanto, existen varias tesituras de profesionales que aseguran que este químico podría ser dañino para la salud del paciente. En enero de este año, el doctor Dante Zacarías, jefe de Toxicología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y el Hospital de Clínicas, en entrevista para La Nación refutaba esta teoría y advertía que la gente estaba consumiendo un químico que es utilizado para el blanqueamiento de piscinas.

    “Yo diría que las personas que la consumen están pasando a jugar la ruleta rusa para ver qué le puede ocurrir en la creencia de que el dióxido de cloro va a salvarle del COVID-19. Hasta ahora no existe ninguna publicación internacional y menos nacional que haga referencia al dióxido de cloro porque no se tienen resultados. La gente en forma empírica y de forma aventurera consume estas sustancias supuestamente milagrosas. Así la llaman, ‘sustancia mineral milagrosa’ (MMS)”, advertía a inicios de este año el profesional.

    En agosto del 2020, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya advertía sobre el uso del dióxido de cloro y de sus derivados inhalables. La misma advertencia fue reiterada en enero de este año.

    “La OPS no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia, y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”, refería la nota masiva de la OPS.

    Fuente: lanacion.com.py

  • Daños patrimoniales al Estado sin mayores avances en las investigaciones

    El Ministerio Público recibió solo en 2020 un total de 52 reportes de indicios de hechos punibles que causaron un daño patrimonial al Estado de casi G. 375.000 millones, sin resultados de investigación.

    Un total de 52 hallazgos de hechos irregulares se dieron el año pasado tras auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en diversas instituciones, que causaron un daño patrimonial al Estado paraguayo de G. 374.965.076.604.

    Todos los hechos fueron reportados al Ministerio Público, ya que la Contraloría no tiene facultad para investigar hechos punibles. Sin embargo, no se dieron mayores avances en las investigaciones, ni hubo imputados o procesados por ninguno de los casos.

    Entre los casos de irregularidades se encuentran municipios de 11 departamentos, que generaron un perjuicio de más de G. 361.000 millones.

    En cuanto a gobernaciones, la del Departamento de Caaguazú fue la única en la que fue detectado un hecho irregular, con un daño de más de G. 8.000 millones.

    Otro caso llamativo fue el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines (Cjpeba), donde se detectó un perjuicio de G. 570 millones.

    También en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se encontró un perjuicio de más de G. 704 millones.

    Igualmente, en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), con una cifra de más de G. 1.624 millones.

    Y, finalmente, en el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) el monto del perjuicio fue de más de G. 2.669 millones.

    Auditorías. El contralor Camilo Benítez (c) remitió a Fiscalía 52 casos sospechosos en 2020.

    El contralor general Camilo Benítez, quien esta semana entregó el balance de su gestión al Congreso, señaló que la Contraloría es una de las instituciones del Estado con mayor capacidad técnica y calidad en recursos humanos. “Los auditores de la Contraloría son personas muy objetivas. Nosotros trabajamos con muchísima objetividad, con imparcialidad y muchísima transparencia, esos son los condimentos que debe tener la gestión de cualquier contralor”, aseguró.

    Mencionó que se ya trabajan en la reglamentación de la ley de control de las binacionales, que deberán ser auditadas, en un hecho histórico y luego de una gran resistencia sobre todo del Partido Colorado para revisar la ejecución de los recursos de Itaipú y Yacyretá.

    En referencia a la afinidad histórica de los contralores con el partido de gobierno, Benítez apuntó que es necesario que el proceso de auditoría de la Contraloría también sea transparentado.

    “Que los trabajos se realicen con absoluta imparcialidad, que uno no vea a quién está auditando por el color del partido que pertenece o la orientación ideológica y, en segundo lugar, trabajar con transparencia”, manifestó.

    Otro punto importante que destacó el contralor es que los trabajos de auditoría que se realizan también deben ser revisados.

    “Es decir, los procesos de auditoría también se deben transparentar, de manera que también nuestro trabajo pueda ser revisado”, resaltó.

    Reconociendo que la Contraloría es la máxima instancia de control del Estado, Benítez comentó que para que puedan ser controlados, todos los informes de la institución son publicados en la página web.

    “Y pueden ser objeto de revisión por la ciudadana misma. Si es que nosotros hicimos un informe que le blanquea a una autoridad que está cometiendo alguna irregularidad, ese informe es revisable. Entiendo que no es revisable por otra instancia administrativa, pero sí los trabajos se pueden transparentar”, aclaró.

    El contralor precisó que los funcionarios están preparados para el desafío de auditar las binacionales, independientemente de quién sea el contralor.

    Fuente: ultimahora.com