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En 2023, la política latinoamericana abrió su periodo electoral presidencial en Paraguay y lo cerró en Argentina, tras paradas en Guatemala y Ecuador.

Paraguay ha ratificado su singularidad, alejándose de las tendencias recientes en América Latina. En efecto, el Partido Colorado retuvo el poder, ajeno a la ola adversa para los gobiernos; aún más, sumó la séptima victoria en ocho contiendas desde el retorno a la democracia, una marca no alcanzada por ningún otro partido. En otras palabras, lo rutinario en Paraguay constituye una excepcionalidad en la región. Para ese logro, le bastó al Partido Colorado movilizar una base leal y disciplinada –apenas aumentó sus votos con respecto a las primarias– y enfrentar una oposición dividida. Así ungió al presidente más joven del periodo democrático, el economista Santiago Peña, delfín del expresidente Horacio Cartes, jefe de la fracción mayoritaria del Partido Colorado. Su cómoda mayoría legislativa representó, asimismo, una nota distintiva.

El resultado de Guatemala fue más conforme a las líneas predominantes en el área. El gobierno encajó una derrota severa, excluido de la segunda vuelta, y la participación descendió levemente con respecto a los comicios precedentes. El electorado barajó las cartas hasta el último momento y se decantó por Bernardo Arévalo, un candidato que las encuestas apenas tenían en su radar. Tras alcanzar inesperadamente la segunda vuelta, se impuso con holgura en la ronda decisiva cuando apareció claro que las estructuras de poder deseaban impedirle competir.

Allí radicó el meollo de un enturbiado proceso, sometido a una inusitada presión desde esferas de poder fáctico, aliadas con instancias jurisdiccionales y con el gobierno, menos para promover la débil candidatura oficialista que para excluir candidaturas juzgadas amenazantes para el statu quo. Esa arremetida colocó los reflectores internacionales sobre la segunda vuelta y la fase poselectoral en las cuales el Tribunal Supremo Electoral, la comunidad internacional y la movilización social mantuvieron la postulación y la victoria de Arévalo contra los intentos por descarrilarla judicialmente. Empero, la gestión enfrenta numerosos retos, incluyendo una bancada minoritaria en el Congreso.

Ecuador también mezcló tendencias regionales con singularidades inquietantes. Con una débil gobernabilidad, el presidente Lasso quedó acorralado por la convergencia de oposiciones y ante un inminente juicio político de destitución, estrenó el mecanismo denominado popularmente “muerte cruzada”: disolver la Asamblea y convocar una elección general que también recortó su mandato. El frágil oficialismo no alineó una candidatura presidencial y la disputa se articuló alrededor del antagonismo dominante desde hace casi dos décadas: el polo del ex presidente Rafael Correa y otro, opuesto, pero fragmentado, heterogéneo y sin líder permanente. Como en 2021, el correísmo ganó la primera vuelta gracias a un sólido voto duro y logró la bancada parlamentaria más numerosa. Empero, fue superado en la segunda, ahora por Daniel Noboa, que irrumpió en la recta final de la campaña y se convierte en el presidente más joven elegido en América Latina desde la transición democrática. La sombría novedad fue la impronta creciente del crimen organizado en la vida colectiva, perceptible en la costa del Pacífico. El símbolo trágico fue el asesinato por sicarios del candidato presidencial Fernando Villavicencio, sin que las investigaciones arrojen precisión sobre el comanditario o las razones del crimen.

Argentina cerró la agenda de 2023, golpeada por la inflación, la devaluación del peso y el agravamiento de la pobreza. Tal deterioro económico disuadió a Alberto Fernández de buscar la reelección. En una carrera atípica, la candidatura de Javier Milei, antisistema, confrontativa y provocadora, desarregló las pautas tradicionales del enfrentamiento entre el peronismo y el antiperonismo, Tras imponerse en las primarias de voto obligatorio, en la presidencial alcanzó la segunda vuelta, si bien aventajado por el ministro de economía, el peronista Sergio Massa. Revirtió la desventaja en la ronda decisiva al recuperar la mayoría de los votos conservadores que habían respaldado a Patricia Bullrich en la vuelta inicial.

La contienda tuvo rasgos cada vez más comunes en los procesos electorales de la región: derrota del oficialismo; polarización sociopolítica, agravada por el ambiente agresivo en las redes sociales; inversión del resultado en la segunda vuelta y bancada minoritaria del nuevo gobierno; ataques para deslegitimar el resultado electoral.

Los datos confirmaron asimismo que el supuesto giro latinoamericano a la izquierda es, en realidad, el rechazo a los oficialismos, independientemente de su línea. Desde 2019, impulsados por la desilusión, los vientos soplan en contra de los presidentes y sus partidos, desmoronando la habitual reelección presidencial. Los votantes están frustrados con la economía, brutalmente frenada por la pandemia y con una recuperación titubeante. La crisis deterioró los indicadores sociales, se ensañó con los sectores de menos recursos y amenazó las posiciones de las clases medias frágiles. La difícil gestión del Estado en esa coyuntura mermó el crédito de los políticos, en especial de quienes gobiernan, y peor cuando estallaron escándalos de corrupción. En esas dificultades, la democracia ha perdido lustre ante los ojos de segmentos cada vez más numerosos, en particular juveniles.

Si los electores no hallan una alternativa satisfactoria en las ofertas habituales, del sistema político, se vuelcan hacia líderes u organizaciones que nunca gobernaron, incluso con trayectorias breves, y que prometen cambios significativos o, simplemente, desplazar a la impopular “clase política”. Estas tendencias se ponen en juego en el recorrido de los cinco comicios presidenciales seguros de 2024, que incluye estaciones en El Salvador, República Dominicana, Panamá, México y Uruguay, más uno, probable, pero rodeado de múltiples incertidumbres e interrogantes, en Venezuela.

Fuente: Ultima Hora

Eduardo González, director general de Gabinete de la Asociación Nacional Republicana (ANR), sostuvo ayer que las firmas que se están haciendo para desafiliaciones de esta agrupación política constituyen una “campaña orquestada por la prensa”, y precisamente citó a los diarios Última Hora y ABC.

“Es una gran bufonada. Cada vez que viene un grupito vienen con un periodista de Última Hora o ABC. Realmente, no nos afecta porque por cada uno que se desafilia tenemos mil, dos mil, o cuatro mil que se afilian. No incide para nada”, indicó el ex apoderado del Partido Colorado quien aseguró que el año 2023 terminó con 42 mil nuevas afiliaciones.

“Acá lo importante para los aportes y subsidios estatales, lo que valen son los votos en las elecciones. Nosotros estamos demasiado bien de acuerdo a las últimas elecciones generales”, apuntó.

Los senadores que asumieron sus bancas desde julio pasado se caracterizan en su mayoría por la improductividad en materia legislativa y la casi nula participación en los debates, con contadas excepciones.

El ránking de las iniciativas presentadas hasta diciembre pasado deja en evidencia a varios, entre ellos dos colorados del cartismo, Hernán Rivas y Erico Galeano. Ambos figuran entre los más improductivos y, más bien, sobresalen porque arrastran cuestionadas conductas.

En el caso de Erico había sido imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Paraguay.

Primero había sido beneficiado con una prisión domiciliaria y, posteriormente, logró la libertad ambulatoria.

En cuanto a Rivas, es señalado por la supuesta compra de su título como abogado y está siendo investigado por la Fiscalía.

Mientras, el parlamentario se encuentra de viaje como parte de sus vacaciones en el exterior, sin que ni siquiera haya comunicado de su salida del país a la Comisión Permanente del Congreso.

Respecto de los demás senadores, 14 presentaron un mínimo de proyectos, en tanto que una mayoría solo estampó su firma en iniciativas conjuntas con otros. Tampoco se trata de propuestas que representan la panacea, sino más bien cuestiones que afecten a sus departamentos, referente a sus ideologías, o simplemente para dejar en evidencia en qué están enfocados.

proyectos Unipersonales. El colorado Juan Afara presentó un proyecto que declara al distrito de General Elizardo Aquino, del Departamento de San Pedro, como la ciudad de la Amistad y el Tajy.

Entre las iniciativas que más pululan figuran las desafectaciones, como el caso de la transferencia del Ministerio de Defensa de un inmueble a favor del Municipio de Mariscal José Félix Estigarribia.

De esta propuesta se habían hecho cargo varios senadores de distintos partidos políticos, entre ellos, el bloque de Honor Colorado y sus aliados.

El liberal Enrique Buzarquis había presentado en forma solitaria un proyecto que modifica varios artículos de la ley penitenciaria. En este momento, en el Senado está pendiente de tratamiento una propuesta de la que se hicieron cargo varios senadores, a pedido del ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, y tiene que ver con máxima seguridad en las cárceles.

El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien se mantiene, a pesar de haber renunciado, promovió con sus colegas un proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. Al final, se plantearon modificaciones a la Ley de Administración Financiera.

Los cartistas también se unieron y se destacaron por haber promovido una propuesta que prohíbe la promoción, fomento o enseñanza de la ideología de género en las instituciones educativas.

El único proyecto promovido por Zenaida Delgado, ex de Cruzada Nacional y actual cartista, es sobre la prevención y erradicación del ciberacoso.

El progresista Rafael Filizzola había presentado un proyecto de modificación a la Ley que establece el ceremonial del Estado, para que se deje de hacer referencia a los senadores como honorables.

La encuentrista Kattya González promueve la tipificación y sanción del abuso de la función pública, un marco de procedimiento legislativo y un régimen de transición y traspaso de mando.

El liberal José Paková Ledesma presentó varios proyectos unipersonales, todos sobre expropiaciones.

La única propuesta del colorado Mario Varela fue el aumento de una pensión graciable para el señor Gervasio González Ortiz.

Otros acompañaron hasta más de una docena de proyectos presentados por otros, como una manera de disimular su improductividad.

Los costosos sillones para uso de los senadores, así como las nuevas computadoras y otros gastos en la Cámara Alta, fueron absolutamente innecesarios a criterio del senador Eduardo Nakayama, quien agregó que las obras de ampliaciones y refacciones en este cuerpo legislativo les tomó de sorpresa.

“Las obras licitadas son por valor de 5.000 millones de G. y nos tomó a todos por sorpresa. Primero se habló del quincho y luego vimos el alfombrado nuevo del plenario y eso a mí me parece innecesario, como las sillas que funcionaban perfectamente bien. Yo por lo menos no me puedo quejar de ninguna incomodidad ni mucho menos. Eso por lo menos era solucionable con una reparación. El alfombrado se podía hacer una limpieza a fondo y listo”, refirió el senador, que había renunciado recientemente al PLRA para formar una nueva agrupación política.

Nakayama también dijo que la ampliación del Senado, só pretexto de otorgar más oficinas administrativas para las bancadas, es una “tomadura de pelo” porque no tiene sentido destinar costos importantes para el manejo de bancadas unipersonales.