Equipo fiscal unifica causas contra legisladores que contrataron familiares
Miembros de la sociedad civil se mostraron cansados por violaciones constantes a las leyes, de parte de parlamentarios y otras autoridades que ubicaron a sus familiares en el Congreso.
Por supuestos “nombramientos irregulares”, “intercambios de favores políticos” y “nepotismo pésimamente disfrazado”, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, nueve legisladores y ocho funcionarios (parientes) fueron denunciados antes la Fiscalía General, tras la masiva contratación de familiares en la función pública, específicamente en el Congreso.
La denuncia fue por tráfico de influencias, lesión de confianza y cobro de indebido de honorarios en contra del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, de los senadores: Silvio Beto Ovelar, Édgar López y Líder Amarilla; y de los diputados: Roya Torres, José Adorno, Benjamín Cantero, Alejo Ríos y Raúl Latorre (presidente de la Cámara Baja).
Asimismo, fueron denunciados los familiares de las autoridades mencionadas: Montserrat Alliana, Alejandro Ovelar, Elías Godoy, Vidala Franco, Andrea Paredes, Silvana Adorno, Silvia Vega, Élida Ríos y Neyde Amarilla.
Las abogadas María Esther Roa y Carmen Rodríguez pidieron una investigación ante estos hechos, que, según afirmaron, son una “clara y flagrante violación de la Ley N° 1626/2000 (De la Función Pública).
Inmediatamente, ya el fiscal general del Estado reaccionó, conformando un equipo de la Unidad Anticorrupción, sobre las investigaciones ya abiertas y la nueva denuncia.
Fueron designados los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce, Francisco Cabrera, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Matilde Moreno.
¿CULPABLES? La denuncia de ayer menciona todas las contrataciones que salieron a luz los últimos meses, iniciando por la del hijo de Ovelar.
Al respecto, hablaron que se trata de un nombramiento irregular, ya que la función no está entre las consideraciones para ser un cargo de confianza, y debía ser por concurso público. “La cuestión del tráfico de influencias en este caso es patente, señor fiscal general, pues se trata claramente de un intercambio de favores políticos y/o de otra índole, en donde uno promete algo a un funcionario público a cambio de otro favor, actual o futuro”, dice parte de la denuncia.
Mencionaron que el caso de Ovelar se agrava, ya que el joven Alejandro no concurrió varios días a su lugar de trabajo, pero cobró el 100%, por lo que aquí habría también cobro indebido de honorarios.
Ya respecto a la hija del vicepresidente de la República, alegaron que tanto él como Raúl Latorre pertenecen al mismo movimiento y partido político. “Está claro que el vínculo entre ambos es cercano, incontestable y claro, por lo que no caben dudas de que el pedido vino del propio vicepresidente, utilizando su alto cargo para traficar influencias con su amigo”, dijeron.
Explicaron las abogadas que –además del “nepotismo pésimamente disfrazado” y del tráfico de influencias–, Montserrat Alliana habría cobrado indebidamente honorarios, porque tampoco entró por concurso.
JÓVENES ASESORES. Con relación a los demás familiares contratados como asesores de los legisladores, las denunciantes mostraron su indignación. “La pregunta es: ¿Qué tipo de asesoramiento podría brindar una joven a un legislador?, cuando ella ni siquiera ostenta un título universitario, carece de experticia en temas de interés público”.
Explicaron que un asesor en realidad debe ser “alguien que sabe más que el resto”.
“Una forma muy conocida de corrupción (pública o privada) es la de ser designado, aceptar y cobrar un salario por un cargo para el que el agente no está preparado, no conoce la función, no tiene la capacidad de ejecutar la misión para la que es designado”, alegaron las abogadas.
Lesión de confianza
Explicaron que el ordenador de gastos de Diputados y de Senadores, “al realizar estos nombramientos innecesarios e irregulares que no generan ninguna contraprestación a la contratante de sus servicios, incurren en lesión de confianza”.
Ya que, siendo garantes de los bienes, “con su accionar se produce un daño patrimonial”.
El Código Penal, en el art. 192, prevé: “El que, en base a una ley, a una resolución administrativa o un contrato, haya asumido la obligación de proteger un interés patrimonial… causara o no evitara… un perjuicio patrimonial será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”.
Cobro indebido de honorarios
La denuncia habla de “hijos, hijas, esposas, esposos, nueras, yernos, hermanos, hermanas de legisladores nombrados irregularmente y percibiendo honorarios por supuestas labores que configuran cobros indebidos y una merma del erario público”.
En el Art. 313 del Código Penal menciona que “el funcionario público, abogado u otro auxiliar de justicia que, a sabiendas, cobrará en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas, será castigado con pena de hasta dos años o con multa”.
Según la denuncia, “en el hipotético caso que tal cobro indebido no se hubiera producido, la norma castiga la tentativa”.
Tráfico de influencias
“Fue el propio Senador Ovelar quien aprobó el nombramiento de su hijo… Es un intercambio de favores entre dos legisladores. Es un ‘dame esto, te doy aquello. Irrefutable, clarísimo”, dijeron las abogadas en este caso.
La Ley 2523/04, que su art. 7 establece el tráfico de influencias. “El que reciba o se haga prometer para sí o para un tercero, dinero o cualquier otro beneficio… para mediar ante un funcionario público, en un asunto que se encuentre conociendo o haya de conocer, invocando, poseer relaciones de importancia o influencia reales o simuladas, será castigado con hasta tres años o multa”.
