La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el acuerdo de préstamo por USD 75 millones, remitido por el Poder Ejecutivo, destinado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El crédito, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financiará el “Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural”, que contempla la construcción de puentes y el mejoramiento de unos 123 kilómetros de caminos rurales.
La aprobación tuvo una amplia mayoría, aunque el debate estuvo marcado por los cuestionamientos de la oposición y sectores de la disidencia, que denunciaron una distribución direccionada de las obras hacia determinados feudos políticos.
Uno de los principales puntos señalados fue la fuerte concentración de proyectos en el departamento de Caaguazú, considerado bastión político del senador Silvio “Beto” Ovelar. Según el cuadro incluido en el contrato de préstamo, de los siete ítems destinados al mejoramiento de caminos vecinales, tres corresponden a Caaguazú, con un total de 60,15 kilómetros de intervención.
Esto representa casi el 50% de los 123 kilómetros previstos dentro del programa, lo que generó críticas por el aparente favoritismo en la asignación de los recursos. Además, de los ocho ítems relacionados con la construcción o intervención de puentes, dos también beneficiarán a Caaguazú.
Durante la sesión, el senador Ignacio Iramain aclaró que el cuestionamiento no apunta a negar la necesidad de infraestructura en el interior del país, sino a advertir sobre el crecimiento del endeudamiento público y la forma en que se distribuyen los fondos.
Otro de los departamentos beneficiados será San Pedro, zona de influencia política del senador liberal José “Pakova” Ledesma, quien defendió el préstamo argumentando que existe un compromiso con pobladores y comunidades que reclaman desde hace tiempo mejores caminos y puentes.
Además de Caaguazú y San Pedro, el programa también contempla obras en Alto Paraná, Canindeyú, Concepción, Itapúa y Caazapá.
Pese a los cuestionamientos, el Senado dio vía libre al crédito, dejando nuevamente instalado el debate sobre el uso del endeudamiento público y la distribución política de las obras de infraestructura en el país
