En la Cámara de Diputados se produce otro caso de nepotismo. Alexis Penayo y su esposa Carolina Barrios se encuentran desempeñando funciones en la Cámara Baja. Alexis es hijo del ex diputado Atilio Penayo.
Según la planilla de funcionarios comisionados a la Cámara de Diputados a diciembre del 2023, Atilio Rubén Penayo Musa, se encuentra comisionado desde el Ministerio Público y presta servicios en el despacho legislativo de la diputada Jazmín Narváez. Este cobra un salario de G. 9.500.000.
Su esposa Nelly Elena Carolina Barrios, por su parte, percibe un salario de G. 18.229.000. Ella ejerce el cargo de directora de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Penayo Ortega fue diputado nacional en el periodo 2008 – 2013 y formó parte de la Asociación Nacional Republicana (ANR). La pareja, cada mes, cobra la suma de G. 27.729.000. Mientras que de forma anual percibe G. 360.447.000.
Declaraciones Juradas. Según sus bienes patrimoniales, actualmente Alexis Penayo posee inmuebles por G. 550 millones y deudas bancarias por G. 112 millones, lo que da como resultado un patrimonio de G. 438 millones. La primera declaración jurada presentada por el funcionario data del 2015. En aquella oportunidad, hizo figurar bienes patrimoniales por G. 74 millones y deudas por G. 29 millones, cuyo patrimonio asciende a G. 45 millones.
Esto representa un crecimiento patrimonial de G. 49 millones al año. Antes de formar parte de la Cámara de Diputados, Penayo se desempeñó como asistente fiscal en el Ministerio Público.
Su esposa Carolina Barrios registró en sus declaraciones juradas del 2022, activos por G. 790 millones y deudas por G. 246 millones, lo que arrojó un patrimonio de G. 545 millones.
Su primera declaración jurada la registró en el 2013. En ese entonces, informó que solo tenía como activos un vehículo de G. 36 millones. Además, poseía una deuda de G. 66 millones, dando como resultado un patrimonio negativo de G. 30 millones.
Dadas estas declaraciones presentadas, un crecimiento patrimonial de G. 64 millones cada año en promedio.
Respuesta. Nos comunicamos con Carolina Barrios, para conocer cuáles son sus aptitudes, conocimientos y hoja de vida que la califiquen para ocupar el cargo de directora de una comisión.
La misma respondió que es funcionaria con una antigüedad de más de 12 años.
“Soy abogada, estuve en la Asesoría Jurídica, también en la Comisión de Obras y luego fui designada como Directora de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el 2022 y permanezco en el cargo por la gracia y el favor de Dios en este periodo”, explicó.
MÁS CASOS. Al igual que el caso Penayo, existen otros ex legisladores donde sus familias están cobrando un salario del Estado, a pesar de ya haber abandonado sus funciones parlamentarias.
La ex esposa del ex diputado liberal del Departamento Central, Héctor Lesme (2013-2018), María Regina Barrios, percibe un sueldo de G. 19.700.000. Ingresó a la Cámara Baja con el cargo de directora de Administración que ocupó durante la presidencia de la Cámara por parte del diputado Carlos López.
En esta lista, también aparecen las hijas de la ex diputada liberal, Ramonita Mendoza. Adriana Elizabeth Recalde Mendoza, figura con un ingreso total de G. 16.350.000, siendo funcionaria permanente.
Con asignaciones de G. 11.000.000 a G. 35.000.000, el Senado es un festín de altos cargos. Un director o jefe por cada 3 funcionarios es la relación laboral en la Honorable Cámara de Senadores, según los salarios percibidos hasta el mes de noviembre de 2023, disponibles como información pública. Las jefaturas con altos sueldos se crearon incluso por las actividades más inverosímiles y muchos acceden a estos altos rangos para finalmente ejercer labores menores no especificadas, como asistencias y coordinaciones. O simplemente trasladan sus beneficios por medio de comisionamientos a municipalidades de todo el país.
Con 21 directores generales, 185 directores y 157 jefes para una población que ronda los 1.200 funcionarios, el Senado muestra una estructura creada a medida y servicio de los intereses políticos que se cobran favores, asignando directores, jefes, encargados y coordinadores para escasos subalternos.
Se encuentran en el rango de asignaciones con elevada responsabilidad 363 funcionarios que tendrían a su cargo la gerencia de unos 837 subalternos, dando una relación jefe-empleado de 2,3 personas por cada jefe o director.
En la masa de funcionarios se encuentran personas con rangos de directores que ejercen igualmente funciones de asistentes no especificados en las planillas de pago. Es decir, mantienen sus salarios que triplican el salario mínimo por funciones que ya no cumplen. En el rango de jefe de departamento se encuentra a quienes cumplen el servicio de “asistente”, cargo que tiene en promedio una asignación de G. 3.500.000 a G. 5.000.000.
A medida. Entre las jefaturas más llamativas se encuentra la de jefe de mozo del 1er. piso y la del 2do. piso con una asignación de G. 11.050.000 por cada uno. Y con rango de encargados dependientes de directores y jefes, como la Dirección de Transporte, que cuenta con un jefe y a su vez con un “Encargado de Control de Uso de Vehículos y Plantel de Choferes de Dirección De Transporte”, con un sueldo más bonificaciones que alcanza los G. 10.400.000.
Igual caso se observa con una Dirección General de Comisiones, que figura en el organigrama principal. Sin embargo, las más de 20 comisiones asesoras vuelven a tener sus direcciones, coordinadores y jefes.
Y parecido a un trabalenguas se encuentra al Encargado de Acompañamiento al Personal de la Dirección de Bienestar y Control del Personal, ejercido por Patricia Rolón Vicioso, hermana del ex viceministro de Salud Julio Rolón Vicioso.
Triste acomodo. De 185 funcionarios que ostentan el rango de directores, se identifican solo 5 con número de resolución de ingreso a través de concursos públicos de méritos. En la larga lista de altos rangos se observa que esta selección de jefes no supera ni los 30 asignados bajo esta modalidad y el nivel académico de la mayoría llega a bachilleres.
Los salarios para los funcionarios de la Cámara Alta igualmente superan muy por encima de los montos mínimos que percibe la mayoría trabajadora del país, o sea, de unos dos 2 millones de paraguayos que percibe 1 salario mínimo, poco más de G. 2.680.373. Para la masa del Parlamento el mínimo es de G. 3.500.000.
de senadores que ya no están. Jefe de despacho, asesores y hasta encargados de oficina siguen figurando en la lista de pagos mensuales. Ente los funcionarios se encuentran los asignados a Mirta Gusinky, senadora hasta el 2021, y Tony Apuril, quien quedó fuera en las últimas elecciones. En el caso de Gusinky aún se abona por su encargado de su oficina y en el de Apuril figuraría como su encargado de despacho. Ambos contratados por jornales cobraron G. 2.500.000.
Con todo. Funcionarios llegan a altos cargos y se llevan sus dietas a otras instituciones.
Las Cifras
363 funcionarios cobraron en el rango de directores y jefes para una numerosa población.
157 jefes dependen de direcciones que a su vez cuentan con encargados que realizan similares funciones.
1.200 sería el aproximado de funcionarios del Senado, según planilla del mes de noviembre.
25 serían los funcionarios que cuentan con identificación de ingreso por concurso entre altos mandos.
187 personas cobran entre G. 11.000.000 a G. 35.000.000 como directores cuyas áreas se duplican o repiten.
200 funcionarios se encuentran en relación directa a servicios prestados a parlamentarios en sus despachos.
35.000.000 G. es la asignación más alta, En este monto se incluye un gasto de representación de G. 7.000.000. El monto se acerca al del presidente del Congreso.
Se superponen cargos hasta en las direcciones
Varias son las direcciones creadas dependientes de Direcciones Generales que integran, en conjunto, dos actividades iguales o similares. En la Dirección General de Administración Financiera, se asignó una dirección en dos direcciones generales, una administrativa y la otra financiera.
El director principal es Rubén Vázquez, quien justamente es uno de los que prácticamente iguala en el salario a los parlamentarios, ya que gana G. 31 millones entre salario y los demás beneficios.
Además, se tiene casos de dos personas compartiendo la misma dirección como la de Ceremonial y Protocolo, donde existen dos jefas para visitas internacionales y nacionales con el mismo salario y, por ende, responsabilidad.
Los comisionados tienen gratificaciones, además de salarios de sus instituciones
Entre los directores se encuentran los que ejercen el cargo que traen de otras dependencias del Estado, además de entidades binacionales. Así, en la Dirección General Jurídica a cargo de Miguel Ángel Brítez Pereira, figura un pago de G. 7.427.900 de bonificación por responsabilidad en el cargo y gasto de representación, mientras que el salario, dependiente de Yacyretá no figura.
En esta situación se encuentran los comisionados que suman a sus ingresos ya asignados por sus instituciones de origen.
En el rango de asesores prima la práctica donde las bonificaciones por cada asesor suman unos G. 4.000.000 a G. 6.000.000 millones. Sin contar los salarios de sus instituciones de origen ya asignados.
Práctica recurrente. Funcionarios que llegan a cargos de jefes u ostentan puestos de confianza, se acogen al comisionamiento instalándose en municipios de todo el país, principalmente en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Central e Itapúa. E incluso en dependencias de la Universidad Nacional y las entidades Yacyreta e Itaipú.
A cada uno le acompaña el salario alcanzado durante su relación en las oficinas del Senado.
En la lista de comisionados se encuentra un flujo de 100 personas que pasan indistintamente a otras áreas entre la Cámara de Diputados y el Senado, eso sí, manteniendo intactas sus altas asignaciones, por más que sus nuevas funciones no se encuentren debidamente identificadas en las planillas. Varios están a la espera de resoluciones de traslado permanente. En este punto integran la lista ex asesores de bancadas, ex encargados de despachos de senadores y diputados salientes. Directores, jefes y coordinadores que encabezan altas dietas terminan en puestos de asistentes lejos del real motivo de su vinculación a la función pública.
Surgen llamativos pagos por servicios personales
Al asumido por el propio presidente del Congreso, Silvio Ovelar, como el modelo de colaboradores por los senadores, con encargados de despacho, secretarios y asesores, se encuentra una larga lista de prestadores de “servicios personales” a distintos senadores con pagos por jornal que alcanza los G. 5.000.000.
En el desglose de pagos se encuentra entre los considerados jornaleros la designación de “servicios personales a senadores”. Los salarios van hasta los G. 3.000.000
La liquidación de pagos se identifica a los contratos por jornales y honorarios. Es en esta discriminación que se encuentra la labor de servicios personales.
Así se ve que utilizaron esta vía de contratación para una tarea no descripta en la planilla bajo esta denominación los senadores de la ANR, Colym Soroka, Derlis Maidana, Éver Villalba (PLRA), Hermelinda Alvarenga (PLRA), Javier Zacarías Irún (ANR), Celeste Amarilla (PLRA). Además de Arnaldo Samaniego (ANR), Lilian Samaniego (ANR) Natalicio Chase (ANR), Lizarella Valiente (ANR), Rubén Velázquez (Yo creo) y Ramón Retamozo (ANR)
Se suman también Kattya González (PEN), Esperanza Martínez (Frente Guasu), Derlis Osorio (ANR), Blas Lanzoni (PLRA), Éver Villalba, Dionisio Amarilla, Sergio Rojas, Pedro Díaz Verón, María Varela, Blanca Ovelar, Martín Arévalo (ANR), Édgar López y continúa con Óscar Salomón, Juan Afara (ANR), Basilio Núñez (ANR), Erico Galeano (ANR) y Noelia Cabrera, se presentan pagos bajo el concepto de jornal por contrato de servicios personales.
En la planilla se observa que varios parlamentarios recurren a dos o más de estos prestadores de servicios, que se suman a la ya larga lista de asesores, jefes designados para sus diferentes despachos, que ronda los 170 contratados para estas tareas.
El escándalo de asignaciones para acompañar a los parlamentarios es un tema recurrente que tomó notoriedad con la aparición de los llamados nepobabies, hijos de los parlamentarios que se escudan en cargos de confianza para tomar lugar en las oficinas del Congreso. En la lista se incluye incluso a la hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.
En el Senado y en el Congreso cada vez hay más directores generales y, de acuerdo con la planilla, sus salarios, sumados a otros beneficios, igualan o superan incluso a lo que perciben los parlamentarios.
En total son 29 los que ocupan ese alto rango, de los cuales 21 dependen de la presidencia de la Cámara Alta, y otros 8 del Congreso.
Los directores generales ganan entre G. 15, 17 y 19 millones; a los que se suman los gastos de representación, que en algunos casos llegan a G. 5 millones o más; y también bonificaciones que son hasta G. 7 millones.
Haciendo una suma total, los mismos están percibiendo mensualmente, siempre, según la planilla del Senado, montos de G. 25 millones hasta más de G. 31 millones.
A modo de hacer un paralelismo, hay un monto diferenciado que reciben el presidente y los vicepresidentes del Congreso, en comparación a los otros 42 senadores.
En el caso del titular del Senado, cargo ocupado actualmente por Silvio Ovelar, su sueldo es de un poco más de G. 29 millones; y su gasto de representación un poco más de G. 7 millones. La suma supera G. 37 millones.
En cuanto a los vicepresidentes, primero y segundo, de la Cámara Alta, llegan a G. 36 millones, y los demás, un poco más de G. 32 millones, porque el gasto de representación es menos.
BACHILLERES EN AUGE. Aparentemente, para estar al frente de una Dirección General en el Congreso no hace falta tener ni siquiera un título, ya que figuran algunos que llegaron hasta el bachillerato, y en otros casos ni aparecen sus datos.
Predominan entre los profesionales los abogados; contadores; analistas de sistemas; licenciados en administración o de empresas, en psicología, filosofía y bibliotecología, y también una escribana.
Además de un secretario general, dependiente de la presidencia del Senado, también hay otro secretario. Ambos acompañan al presidente de turno en el momento de dirigir las sesiones.
Hay una Dirección General de Comisiones, que figura en el organigrama principal. Sin embargo, las más de 20 comisiones asesoras vuelven a tener sus direcciones, coordinadores y jefes.
La Dirección General de Administración Financiera, se vuelve a dividir en dos direcciones generales, una administrativa y otra financiera.
El director principal es Rubén Vázquez, quien justamente es uno de los que prácticamente iguala en el salario a los parlamentarios, ya que gana G. 31 millones entre salario y los demás beneficios.
En ese mismo rango están los otros dos directores que están bajo su supervisión; y entre los tres juntos casi alcanzan G. 100 millones.
oficina de información que no informa. Las autoridades del Congreso solían jactarse en forma permanente de contar con una oficina de atención a la ciudadanía y acceso a la información pública. Esto pasó a convertirse también en una dirección general, en la que está al frente la funcionaria permanente Gabriela Cantero Melgarejo, con profesión bachillerato.
A pesar de tener un salario que supera los G. 28 millones, cuando se le solicita informes específicos, como establece la legislación vigente, la misma se limita a “pasar la pelota” a otras direcciones, lavándose así las manos.
La misma está en connivencia con la directora general de Talento Humano, Norma Cardozo Vázquez, quien escuetamente alega, cuando se le piden datos precisos, que todos los datos que se solicitan figuran en la página web del Senado.
Cardozo Vázquez también está en la lista de los que superan el salario de los parlamentarios, ya que percibe más de G. 31 millones.
Rimbombantes. Varias de las direcciones llevan nombres llamativos, pero ni siquiera está especificado qué tipo de funciones cumplen, y en algunos casos quedan como si se crearan a medida.
A pesar que se eliminó la elección del Parlasur, se mantiene una dirección general del Parlamento del Mercosur.
La Bicameral de Presupuesto cuenta con una dirección general propia; al igual que la Comisión Nacional de Recursos Naturales; y el Fondo de Jubilaciones para miembros del Poder Legislativo, que solamente le compete a los mismos. Además, se superponen otras, como la de Ceremonial y Protocolo; y la de Relaciones Internacionales, que trabajan en forma separada.
En el nuevo distrito de Boquerón, desprendido de la ciudad de Mariscal Estigarribia, ocurre un presunto caso de nepotismo.
El jefe comunal, César Ignacio González Brítez (PEN), incluye a tres familiares entre el plantel de funcionarios, además de otro que había dejado de formar parte de la institución en diciembre.
Detalles. Se trata de dos de sus hermanos, Albino Ramón González Brítez, quien se desempeñaba como director de Acción Social, gozaba de un salario de G. 5.500.000 hasta el mes de diciembre del 2023. El otro es Matías González Brítez, quien se desempeña actualmente como encargado de la sección de Recaudaciones, Impuestos Inmobiliarios, cobra un salario de G. 3.500.000. El primero estaba contratado y el segundo está comisionado.
Además, su primo y un sobrino también forman parte de la comuna, Faustino Omar Cuenca González y José González Ruiz, respectivamente. El primero ejerce como director de Planificación Física y Urbanística y encargado de Informática. Goza de un sueldo de G. 6.500.000.
El segundo es José González Ruiz, se desempeña como encargado de Transporte.
Recibe un salario de G. 3.500.000. Ambos están contratados.
La quinta persona contratada es María Isidora González de Morales. La tía del jefe comunal es contadora de la comuna y encargada del patrimonio. Ostenta un salario de G. 7.700.000.
Sumados los tres familiares representan la suma de G. 17.700.000, al mes y G. 230.100.000 al año para el erario.
Intendente. César González, intendente de la comuna, informó que Albino fue desvinculado en el mes de diciembre del 2023. En su reemplazo, como director de Acción Social asumió Sinforiano Martínez, representante de la comunidad Nivaclé.
Dicho hermano del intendente estuvo en el cargo desde junio del año 2022 hasta diciembre del 2023.
Sobre su otro hermano, Matías González, informó que está comisionado en la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, por lo que está cobrando honorarios de esa entidad.
Sobre Omar Cuenca, sostuvo que es analista informático y como la comuna requería un sistema integrado de gestión, le pidió que prestara sus servicios.
Al respecto de su sobrino, José González Ruiz señaló que se trata de su asistente. El funcionario también ejerce la jefatura de Transporte. “Él tiene muchas funciones, es una persona de mi confianza, asiste en todos los viajes”, explicó el jefe comunal.
Finalmente, sobre su tía María Isidora, refirió que también se encuadra en un cargo de confianza. “Ella es contadora. Maneja la parte patrimonial. Todo lo relacionado a la rendición de cuentas”, refiere en sus argumentos.
En el Senado y en el Congreso cada vez hay más directores generales y, de acuerdo con la planilla, sus salarios, sumados a otros beneficios, igualan o superan incluso a lo que perciben los parlamentarios.
En total son 29 los que ocupan ese alto rango, de los cuales 21 dependen de la presidencia de la Cámara Alta, y otros 8 del Congreso.
Los directores generales ganan entre G. 15, 17 y 19 millones; a los que se suman los gastos de representación, que en algunos casos llegan a G. 5 millones o más; y también bonificaciones que son hasta G. 7 millones.
Haciendo una suma total, los mismos están percibiendo mensualmente, siempre, según la planilla del Senado, montos de G. 25 millones hasta más de G. 31 millones.
A modo de hacer un paralelismo, hay un monto diferenciado que reciben el presidente y los vicepresidentes del Congreso, en comparación a los otros 42 senadores.
En el caso del titular del Senado, cargo ocupado actualmente por Silvio Ovelar, su sueldo es de un poco más de G. 29 millones; y su gasto de representación un poco más de G. 7 millones. La suma supera G. 37 millones.
En cuanto a los vicepresidentes, primero y segundo, de la Cámara Alta, llegan a G. 36 millones, y los demás, un poco más de G. 32 millones, porque el gasto de representación es menos.
BACHILLERES EN AUGE. Aparentemente, para estar al frente de una Dirección General en el Congreso no hace falta tener ni siquiera un título, ya que figuran algunos que llegaron hasta el bachillerato, y en otros casos ni aparecen sus datos.
Predominan entre los profesionales los abogados; contadores; analistas de sistemas; licenciados en administración o de empresas, en psicología, filosofía y bibliotecología, y también una escribana.
Además de un secretario general, dependiente de la presidencia del Senado, también hay otro secretario. Ambos acompañan al presidente de turno en el momento de dirigir las sesiones.
Hay una Dirección General de Comisiones, que figura en el organigrama principal. Sin embargo, las más de 20 comisiones asesoras vuelven a tener sus direcciones, coordinadores y jefes.
La Dirección General de Administración Financiera, se vuelve a dividir en dos direcciones generales, una administrativa y otra financiera.
El director principal es Rubén Vázquez, quien justamente es uno de los que prácticamente iguala en el salario a los parlamentarios, ya que gana G. 31 millones entre salario y los demás beneficios.
En ese mismo rango están los otros dos directores que están bajo su supervisión; y entre los tres juntos casi alcanzan G. 100 millones.
oficina de información que no informa. Las autoridades del Congreso solían jactarse en forma permanente de contar con una oficina de atención a la ciudadanía y acceso a la información pública. Esto pasó a convertirse también en una dirección general, en la que está al frente la funcionaria permanente Gabriela Cantero Melgarejo, con profesión bachillerato.
A pesar de tener un salario que supera los G. 28 millones, cuando se le solicita informes específicos, como establece la legislación vigente, la misma se limita a “pasar la pelota” a otras direcciones, lavándose así las manos.
La misma está en connivencia con la directora general de Talento Humano, Norma Cardozo Vázquez, quien escuetamente alega, cuando se le piden datos precisos, que todos los datos que se solicitan figuran en la página web del Senado.
Cardozo Vázquez también está en la lista de los que superan el salario de los parlamentarios, ya que percibe más de G. 31 millones.
Rimbombantes. Varias de las direcciones llevan nombres llamativos, pero ni siquiera está especificado qué tipo de funciones cumplen, y en algunos casos quedan como si se crearan a medida.
A pesar que se eliminó la elección del Parlasur, se mantiene una dirección general del Parlamento del Mercosur.
La Bicameral de Presupuesto cuenta con una dirección general propia; al igual que la Comisión Nacional de Recursos Naturales; y el Fondo de Jubilaciones para miembros del Poder Legislativo, que solamente le compete a los mismos. Además, se superponen otras, como la de Ceremonial y Protocolo; y la de Relaciones Internacionales, que trabajan en forma separada.
El ministro de la Corte Víctor Ríos se mostró preocupado por la superpoblación carcelaria. También cuestionó que se use el Estado para intereses privados como es el caso de las puertas giratorias. Negó que el cartismo tenga intención de sacar ministros y armar una Corte a su medida.
–¿Qué responde a las acusaciones de que la Corte tiene responsabilidad en los casos de nepotismo por otorgar la inconstitucionalidad contra la ley de la función pública?
–No tiene nada que ver eso con probables casos de nepotismo, la Corte nunca dijo que la ley de nepotismo es inconstitucional y se puede practicar el nepotismo en el país. Lo que nosotros otorgamos son medidas cautelares, por ejemplo, para que jubilados puedan volver a ser contratados. Con los votos del ministro Diesel y el mío consideramos que una persona a los 65 años, si se jubila y es experta y una entidad del Estado necesita su servicio, no se le debería prohibir que pueda ser contratada. También tenemos varias acciones de inconstitucionalidad contra la jubilación obligatoria y la Corte, con votos del ministro Santander y el mío, decimos que no corresponde una medida cautelar y que no es inconstitucional porque la Constitución al no establecer un límite de edad para la jubilación dejó eso como competencia del Congreso y del Ejecutivo.
–Pero el mismo presidente dijo que ese era un problema, que pasó por una experiencia igual en el Banco Central, donde se basaron en mecanismos internos para contratar.
–Desconozco el caso del Banco Central, pero las acciones que otorgamos no tienen nada que ver con el nepotismo. No le decimos que pueden contratar a su hermano o a su novio.
–Sobre esa línea y el uso del Estado para intereses privados, ¿considera que debió regularse correctamente la puerta giratoria?
–Cuando fui parlamentario varias veces intenté aprobar la ley de puerta giratoria, que es una vergüenza. Si Estados Unidos, que es hipercapitalista y liberal, vio eso como un problema en el funcionamiento del Estado, imagínense nosotros, es grave que el Estado se utilice como medio para obtener privilegios que no corresponden en un Estado democrático.
–Sobre la injerencia de poderes fácticos en la Justicia, ¿cómo se maneja la Corte con la influencia de sectores económicos y políticos?
–Mi caso es particular, de una banca del Senado pasé a ser ministro de la Corte, entonces se supone que yo tendría que estar permanentemente recibiendo esa presión del mundo político, pero hasta hoy nunca nadie me planteó absolutamente nada en términos de presión. Sí que la gente pide cosas, obviamente. Si hay un conflicto vienen de una parte u otra. Esto es el pan nuestro de cada día. Yo hasta hoy no sentí ninguna presión ni del mundo político ni económico ni de fraternidades ni de gremios. Ahora, que son poderes que existen en la sociedad y que tratan de influir no solamente en el Poder Judicial, sí, pero eso es así aquí en Paraguay y en cualquier lugar del mundo, porque son poderes que existen, tienen intereses y necesitan. Por ejemplo, una corporación importante, un gremio importante, necesita que se aprueben leyes que protejan sus intereses, entonces van a tratar de influir sobre parlamentarios.
–¿Es inevitable aunque hagas reformas?
–Cómo impedís que un gremio importante que influye en la economía nacional, por ejemplo, los importadores, no operen sobre el Ejecutivo o sobre el Legislativo. Pero si uno está en la responsabilidad pública de emitir sentencias judiciales, tiene que tener la suficiente habilidad ética y coraje moral para tomar las decisiones de acuerdo con lo que dicta la Constitución.
–En el caso del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ¿cuál sería la salida ante el desequilibrio de poder y la degradación política?
–Es una decisión política. Si se hace una reforma constitucional, uno puede optar por conservar tanto el Jurado como el Consejo, así como están, o juntar ambos órganos como se hace en Argentina. Pero el problema más grave del jurado lo tiene en sus manos el Parlamento. Por ejemplo, el caso González Daher, que es producto del sistema que el Congreso hasta hoy no pudo modificar, y es el caso de la oficiosidad, que el Jurado de Enjuiciamiento de oficio investigue a los magistrados, entonces le puede suspender sin denuncia alguna. La tentación es grande. Hay deshonestidad, hay abuso de parte del presidente, pero el sistema le permite. Por eso se debe eliminar la oficiosidad. Tiene que haber alguien que impulsa la causa. Pero si nosotros generamos un sistema que genera monstruos no nos asustemos del abuso de poder.
–Sobre la superpoblación de las cárceles, uno de los motivos es el punitivismo, ¿qué solución podría darse a la situación?
–Es un problema político y cultural, el populismo punitivista, que el mensaje es cuanto más dura la pena, mejor, y hay que meter más gente a las cárceles. Paraguay tiene uno de los índices más altos de personas en prisión preventiva con relación a su población y no se soluciona el problema de la inseguridad. Son presas fáciles del crimen organizado. El mejor ejemplo es Rotela.
–¿El operativo en Tacumbú fue una medida necesaria?
–No sabemos si después de lo que ha ocurrido el Estado definitivamente va a recuperar su soberanía en las cárceles o vendrán otros a ocupar el lugar que dejó Rotela, que era el que controlaba la situación. A él se le retiró y como el Estado no se hace cargo, hay presos que pelean por la comida. Acá se cometió el grave error de haber distribuido a miembros del PCC a todas las cárceles del país, y con eso se está facilitando que puedan ir a reclutar soldados en todo el país. Ayudó a que haga metástasis. Cuando la recomendación es que a los miembros de esas organizaciones tan poderosas hay que tenerlos en un centro de alta seguridad y concentrados. No recuerdo en qué momento de la historia de este país a alguien se le ocurrió hacer lo que hicieron, entonces hoy tenemos PCC en Misiones, en Itapúa, en San Pedro, en Pedro Juan Caballero, en Caaguazú. Cuando quieran tomarán la decisión a rajatablas sin que el Estado pueda impedir que decapiten gente y jueguen fútbol con la cabeza. Esto demuestra que la superpoblación carcelaria no es el camino.
–¿Cuál sería la solución?
–Por ejemplo la pulsera electrónica o tobillera es muy interesante, yo soy el proyectista como parlamentario, pero era para que se use con casos de violencia contra la mujer, pero puede aplicarse para otros casos. No es legítimo que el Estado diga que no tiene presupuesto para aplicar.
–Uno de los mayores cuestionamientos hacia este modelo de gobierno fue el copamiento del Estado. Sobre ese punto, ¿es real que dos ministros recibieron la propuesta de ser embajadores para que se pueda armar una Corte funcional al cartismo?
–Esa fue una versión que hubo. De ese tema hablamos los nueve. Nadie dijo que haya recibido ese tipo de ofrecimiento. No hay intención, salvo que el ofrecimiento implique ya una salida decorosa, yo no creo que ningún ministro acepte ir de embajador. A veces se ofrece una salida para más decorosa para no ir por una vía más radical. Salvo que sea una moneda de cambio para evitar un juicio político, no creo que ningún ministro acepte ir como embajador.
No recuerdo en qué momento de la historia a alguien se le ocurrió hacer lo que hicieron, hoy tenemos al PCC en todo el país.
Salvo que sea una moneda de cambio para evitar un juicio político, ningún ministro tiene intención de ir como embajador.
Cómo impedís que un gremio que influye en la economía no opere sobre el Ejecutivo o sobre el Legislativo. Víctor Ríos, ministro de la Corte.
Son varios los elementos que indican que el cartismo formó células políticas que actúan divididas y que convirtieron a Honor Colorado en un movimiento descoordinado en este inicio de año. Existen fisuras internas notorias y afectan a principales referentes.
Entre los problemas que golpean al movimiento se encuentran la disputa entre los más cercanos a Santiago Peña, los que responden a Horacio Cartes y los liderazgos regionales que son del cartismo, pero mantienen su autonomía parcial; la exposición y crítica contra Monserrat Alliana, hija de Pedro Alliana, contratada en la Cámara de Diputados, que dejó en baja al vicepresidente; las molestias de los intendentes y gobernadores por el intento de despojarlos del almuerzo escolar y el escándalo por los casos de nepotismo que causan indignación ciudadana.
Roces. La pelea interna más notoria es la confrontación de los cartistas contra Beto Ovelar. El presidente del Congreso reconoció que en Honor Colorado nadie le apoyó cuando se expuso el caso de su hijo, contratado en Diputados, y que tuvo que renunciar debido a la presión. El senador mencionó que muchos le tiraron palos en el movimiento.
Recientemente, además Yamil Esgaib le cuestionó duramente por la compra de sillas para legisladores que autorizó Ovelar. El diputado calificó el hecho como el peor error y le acusó de perjudicar al partido.
Nepotismo. Los casos de los nepobabies dejaron muy expuestos a los referentes del oficialismo, muchos de los cuales prefieren evitar declaraciones públicas para evitar escraches.
Los contratos sin concurso, con elevados salarios y privilegios de los hijos de autoridades están causando indignación ciudadana y no se avizora solución próxima. El presidente anunció un proyecto de ley del servicio civil para ordenar los contratos en la función pública, pero mientras los funcionarios no renuncien, el repudio continúa.
Fonacide. Santiago Peña tenía previsto anunciar un proyecto de ley que en esencia modificaba varias leyes, principalmente la del Fonacide, para centralizar todos los fondos del almuerzo escolar en una sola caja que sería administrada por el Ejecutivo, pero tuvo que retroceder debido al conflicto con intendentes y gobernadores, ya que estos serían despojados de los recursos para el alimento escolar.
El proyecto quedó sin cerrarse y todavía se debe resolver su seguir adelante o consensuar otras modificaciones.
Silencio de Alliana. El vicepresidente evitó hablar sobre el caso de su hija que es el más sonado en medio del escándalo de nepotismo. Pedro Alliana es el sostén político del gobierno de Peña y su situación debilita al oficialismo.
Entro otras cosas, el caso de Alliana limita al presidente, ya que es un involucrado directo.
En la última entrevista con la prensa, Peña se negó a responder sobre los contratos de hijos y parientes en el Estado, alegando que no estaba en el lugar para hablar del tema.
El intendente liberal del municipio altoparanaense de Presidente Franco, Roque Godoy Jara, presentó el informe sobre el traslado de su hijo, Elías Godoy Torres, también hijo de la diputada liberocartista Roya Torres, luego del requerimiento de la Junta Municipal de dicha ciudad, al revelarse que hacía oficina en la comuna, tras el escándalo de los llamados nepobabies.
En los documentos presentados, y publicados por la 1330 AM Radio Chaco Boreal, se explica claramente que el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien había firmado el nombramiento del joven de 19 años con un abultado salario de G. 9.500.000, también ordenó el “traslado” del mismo a la Municipalidad de Presidente Franco, sin implicar esto un comisionamiento.
Latorre nombró a Elías Martín Godoy Torres, sin concurso y con un sueldo millonario de asesor, en setiembre del año pasado y luego, tras el escándalo por dicho nombramiento, fue “designado” por Resolución DG RRHH N° 14, de fecha 9 de enero de este año, a la Oficina Legislativa Departamental de Alto Paraná, con sede en la Municipalidad de Presidente Franco.
Dicha oficina fue creada por el propio Latorre, a instancias de la diputada Roya Torres, afines de agosto del año pasado, días antes que ingrese Elías Godoy a la Cámara.
La Resolución N°473/23 señala que la diputada Torres solicitó la creación de dicha oficina en la comuna liderada por su marido, el 24 de agosto del año pasado, y cinco días después, ya fue aprobada por Latorre.
“Es necesario precisar que la designación del mismo no se trata de comisionamiento, pues en la Municipalidad de Presidente Franco no figura como en la planilla del cuadro de personal”, señala la respuesta del intendente Roque Godoy, padre de Elías, explicando sobre la creación de dicha oficina.
Requerimiento. La Junta Municipal de Presidente Franco solicitó informes a la Comisión Permanente del Congreso Nacional y al intendente municipal respecto al aparente comisionamiento del joven asesor y sus funciones.
“La especificación de las funciones, únicamente la entidad contratante podrá aclarar la situación, sin embargo, el mismo se encuentra acudiendo de forma diaria, desde el día viernes 12 de enero del corriente año, de 07:00 a 13:00 para cumplir funciones en la oficina habilitada por la Cámara de Diputados, lo cual se puede cotejar con la planilla de asistencia, cuya copia se adjunta”, finaliza el informe del intendente.
Tras el escándalo de su contratación sin concurso y con sueldo millonario, la diputada Torres anunció que su hijo presentaría renuncia, pero luego fue visto en la oficina parlamentaria de la comuna liderada por su padre, desde donde dijo que no renunciaría al cargo.
La gestión previa de su madre con Latorre, en agosto pasado, le aseguró un refugio en la Municipalidad de Presidente Franco, donde es protegido por su padre.
La resolución establece que dicha oficina parlamentaria tendrá vigencia por el periodo 2023 – 2028, con un convenio de cooperación interinstitucional que por ahora no fue revelado si se firmó.
En plena pandemia, el Ministerio Público había imputado a una serie de personas –entre ellas, políticos– que estarían involucrados en un esquema delictivo para autobeneficiarse con licitaciones de la merienda escolar. El ex diputado colorado, Éver Noguera, también estaba en esa lista, pero no pudo ser procesado hasta años después. Finalmente, ahora lo acusan y piden su juicio oral.
Fue la fiscala de la Unidad Anticorrupción, Alma Zayas, la que presentó la acusación en contra del ex político, por los hechos de administración en provecho propio y lavado de dinero, en calidad de cómplice.
SOSPECHAS. El Ministerio Público presume que existía un esquema delictivo, a través del cual Rodolfo Friedmann, durante su administración al frente de la Gobernación, habría aprovechado que entre sus funciones estaba la de ordenar los gastos y firmar contratos con proveedores.
Usando eso, autorizó y suscribió “para su beneficio personal y la de terceros, contratos administrativos en representación de la Gobernación de Guairá y a favor de una empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), en donde él tenía el control y dirección”, pone como antecedentes la acusación.
De esa manera obtuvo ganancias indebidas para sí mismo.
En cuanto a Noguera, él siendo diputado, fue el representante de la empresa frente a la entidad gubernamental.
“Friedmann había contado con la colaboración de Éver Juan Aricio Noguera y Hugo Alexander Torales para la obtención de beneficios indebidos por medio de la adjudicación de la Licitación Pública y de la suscripción de contratos, de forma tal que su nombre no apareciera ligado de forma directa a la empresa beneficiada”, dice la acusación.
Justamente se sospecha que adquirió las acciones de la firma ESSA, en noviembre del 2015, con la finalidad única de operar en el rubro de las licitaciones públicas “y con ello ocultar el verdadero destino de los bienes adquiridos indebidamente por Friedmann”.
El entonces gobernador habría puesto varias condiciones para este contrato, como que Silvio Álvaro Alfaro, su primo hermano, sea accionista y que la contadora sea Lourdes González, ambos personas de confianzas de él.
La empresa abrió cuentas bancarias en guaraníes y en dólares, y los accionistas le insertaron capital para que la empresa “tuviera la capacidad económica y financiera para presentar su oferta”.
IRREGULARIDADES. La Fiscalía tiene consigo el reporte de la Contraloría General de la República, que hace constar de supuestas irregularidades en la adjudicación, pagos, denominación de las direcciones de entregas, pagos anticipados y procedimientos no establecidos en el contrato, además de otros elementos.
“La Contraloría indicó en su lnforme Final lo siguiente: “La Administración Departamental realizó pagos a la Empresa Proveedora de Almuerzo Escolar ESSA… por la suma total de G. 1.843.247.525, sin que a esa fecha la empresa haya entregado íntegramente a las instituciones educativas el almuerzo escolar, adjuntando como respaldo vale de provisión de servicio de almuerzo escolar por total del monto pagado…”, alega la Fiscalía General del Estado.
A PRELIMINAR. En esta misma causa, y un poco más avanzados, están acusados el ex senador y ex gobernador Rodolfo Friedmann, Silvio Álvaro Alfaro Bertolo, Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo y Eduardo Domínguez.
Con respecto a la coprocesada Marly Eliana Figueredo López, esposa de Friedmann, la Fiscalía Adjunta había solicitado el sobreseimiento definitivo, por lo que el juez deberá admitir este pedido, según estipula la ley.
La Fiscalía General podría imputar a las personas que firmaron los documentos que supuestamente avalaron que el senador colorado cartista, Hernán Rivas, cursó sus estudios en la Universidad Sudamericana. Así lo explicó el vocero del Ministerio Público Gunter Krone a la 1330 AM, radio Chaco Boreal.
De hecho, para la Fiscalía todas esas documentaciones presentadas por el legislador son de contenido falso.
“Justamente a aquellos que firmaron los documentos, los títulos o certificados de estudios del señor Hernán Rivas eran de la otra administración o de la administración que asume el cargo de la Universidad Sudamericana y que por un deber de carácter administrativo y civil deben expedir un documento a todo aquel estudiante que han cursado una carrera en dicha universidad y estas personas que han firmado este documento y que han recibido documentación de una administración anterior en la que consta que en teoría que el señor Hernán Rivas ha cursado tales materias obteniendo tales puntajes estaban en la obligación de emitir estas documentaciones”, manifestó.
Sin embargo, el Ministerio Público choca con un inconveniente, y es que muchas de estas conductas ya pueden estar prescriptas por lo que no podrán incluirse en la carpeta fiscal.
“La persecución penal tiene un tiempo de ser perseguible, justamente muchas de las anteriores conductas ya han prescripto, entonces presentar cargos contra algunas personas van a ser desestimadas en el acto”, sostuvo.
“La administración anterior de la Universidad Sudamericana fue la que emitió los documentos en donde supuestamente consta que el señor Rivas cursó los estudios, por lo tanto, estas personas realizaron el trámite administrativo con base en esa información que tenían de la administración anterior”, expresó Krone.
Con esto, dejó entrever que el ex rector de la Universidad Sudamericana, Euclides Acevedo, también podría ser investigado. Acevedo había indicado meses atrás que no administró ninguna facultad de Derecho dentro de la casa de estudios que manejó, donde supuestamente se graduó el senador Hernán Rivas.
Indicó que cuando él tomó la posta no había ninguna carrera de Derecho y que no conoce ninguna Facultad de Derecho de la Universidad Sudamericana.
E l juez de Garantías, Miguel Palacios, comunicó a la Comisión Permanente del Congreso Nacional el pedido de desafuero contra Rivas por su imputación por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
La Fiscalía sospecha que presentó su certificado de estudios y su título como abogado aparentemente falsos para jurar ante la Corte.
Posteriormente, fungió como juez de jueces en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) como representante de Diputados, primero, y del Senado después.
Rivas hizo constar que supuestamente entre el 2010 y el 2015 cursó la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, pero para la investigación no existe documento “que pueda sostener la veracidad de lo que dicho documento certifica”.
El proceso en su contra avanzó después de tres años de haberse presentado la denuncia penal, en junio del 2020. El senador cartista dijo que iba a pedir su pérdida de investidura para someterse a la Justicia, muy a pesar de sus colegas colorados.
