Un encargado de despacho de la ex senadora Zulma Gómez, fallecida en julio de 2022, sigue percibiendo salario por encargarse de sus oficinas en la Cámara Alta. Las asignaciones ligadas a los parlamentarios suman un llamativo recurso de contrataciones bajo la denominación de servicios personales, que no tienen una descripción específica y se añaden a su séquito de contratados que suman en asesores, asistentes y jefes de despacho.
Javier Zacarías Irún, Lilian y Arnaldo Samaniego, Celeste Amarilla, Kattya González son los que encabezan las listas con estas contrataciones, donde cada salario se encuentra entre los G. 3.000.000 y G. 6.000.000. En las planillas de diciembre de 2023 se encuentra esta práctica repetida por varios legisladores.
Javier Zacarías Irún cuenta con cuatro funcionarios que le brindan servicios personales; cada uno tiene una asignación de G. 3.000.000. No se adjuntan datos sobre funciones ni nivel académico. Esto incluso cuando ya su despacho cuenta con un jefe, asesor e incluso un asistente. El despacho del parlamentario suma al mes unos G. 17.200.000.
A Lilian Samaniego la acompañan otros cuatro funcionarios para servicios personales, entre ellos la hermana del ex presidente Nicanor Duarte Frutos, Blanca Nilda Duarte Frutos, con una asignación de G. 7.500.000; Juan Manuel Gauto G. 4.200.000 y Amanda Paredes Viera G. 4.200.000. El despacho de Samaniego suma con esta designación G. 20.000.000.
Arnaldo Samaniego cuenta con el acompañamiento de dos servidores personales con salarios de G. 3.000.000 cada uno.
Mientras que en la banca del Partido Liberal, Hermelinda Alvarenga de Ortega asignó a servicios personales en su despacho a dos contratados, unos por G. 4.200.000 y otros por G. 12.000.000.
La senadora del Partido Liberal Celeste Amarilla cuenta con tres contrataciones que suman G. 16.000.000; cada prestador de servicios personales cobra entre G. 5.000.000 y G. 6.000.000. En tanto la representante del Partido Encuentro Nacional tiene dos, con salarios de G. 3.000.000 cada uno.
Muchos de estos aparentes asistentes recibieron remuneraciones que sumaron hasta cinco meses en conjunto llegando hasta a G. 20.000.000 cobrados en diciembre. El pago discrimina salario y bonificación por administración de sistemas.
ENCARGADOS DE DESPACHO SIN PARLAMENTARIOS. En la planilla de pagos de salarios de diciembre de 2023 se encuentran aún percibiendo salarios encargados de senadores hasta fallecidos, como es el caso de la senadora Zulma Gómez, que sigue recibiendo, sin embargo, la asistencia de un auxiliar de mantenimiento que percibió hasta diciembre bonificaciones por G. 2.500.000. Aunque la titular del despacho dejó de serlo en julio el 2022.
Así mismo persisten los pagos a los jefes de despacho de la ex senadora Mirta Gusinky y Tony Apuril, quien no ingresó para el periodo del 2023; repetidamente, en planillas se encuentra la asignación de G. 3 y 4 millones bajo esta asignación. Llamativamente las personas no figuran como permanentes en tanto no fueron apartadas de un cargo que ya no existe.
En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también se produce un presunto caso de nepotismo. La hermana de la ministra Carolina Llanes, actual vicepresidenta, fue designada directora, solo cuatro años después de que su hermana fuera electa por el Senado para integrar el máximo organismo judicial.
Se trata de Nury Mabel Llanes Ocampos, responsable de la Dirección de Bienestar del Personal, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos.
En la Resolución 2766, publicada en octubre del 2022, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, integrado por los ministros Alberto Martínez Simón y Manuel Ramírez Candia, resolvió comisionar permanentemente a la funcionaria Nury Llanes como directora de Bienestar Personal, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos.
En dicho cargo, la funcionaria percibe un salario de G. 10.557.191. Antes ocupada la jefatura del Departamento de Asistencia Laboral, también dependiente de la Dirección de Recursos Humanos.
Desde que Llanes fue electa ministra de la Corte, su hermana fue ascendida primero a jefa de departamento y recientemente a directora. En este cargo ganaba la suma de G. 7.786.565. Esto representa un incremento salarial de G. 2.770.626.
El Consejo igualmente comisionó provisoriamente al funcionario Emmanuel Augusto Luis Amir Garcete Villalba, como jefe del Departamento de Asistencia Laboral, es decir, como reemplazante de Llanes.
Sin respuestas. En contacto con la ministra Carolina Llanes, nos respondió que se encuentra en Leeds, Reino Unido, por lo que no podía responder nuestras consultas.
Desde el Departamento de Comunicación de la Corte respondieron que el día de hoy aclararían todas las dudas qué tenemos sobre la funcionaria en cuestión.
Por su parte, Yamil Admen, director de Recursos Humanos de la CSJ, se encuentra de vacaciones fuera del país, por lo que tampoco logramos contactar con él.
De forma extraoficial, nos informaron que la funcionaria Llanes forma parte de la Corte Suprema desde el año 1996, cuando ingresó tras la elección de una terna de sicólogos. Nos confirmaron que se trata de la hermana de la ministra Llanes.
Contexto. El pleno del Senado, tras evaluar la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura, eligió en julio del 2019 a María Carolina Llanes Ocampos para ocupar el cargo de ministra de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo Raúl Torres Kirmser.
Los candidatos fueron Linneo Ynsfrán, Alma Méndez Boungermini y María Carolina Llanes Ocampos, quien en votación nominal obtuvo 36 votos a favor. Ynsfrán Saldívar recibió el acompañamiento de solo un congresista. Cuatro años después, su hermana, asciende al cargo de directora.
Declaraciones Juradas. Según documentos de la Contraloría General de la República (CGR), en el 2014, la funcionaria poseía un patrimonio de G. 110 millones. En aquel entonces, se desempeñaba como sicóloga en la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco).
En el 2023, nueve años después, la funcionaria registró un patrimonio negativo de G. 21 millones. La diferencia con la primera declaración fue un incremento en los pasivos de G. 12 a 125 millones, producto de créditos bancarios principalmente.
En las oficinas de la Dirección de Transporte del Senado se podía observar ayer una de las más criollas escenas de la burocracia paraguaya, donde tranquilamente para un trámite sencillo un mismo documento podría viajar repetidamente de ida y vuelta por varios escritorios. En el recinto que aglomera a nueve trabajadores, seis de estos ejercen cargos de jefatura, es decir, son los responsables de unos escasos tres subalternos. La logística de superposición de jefaturas, más allá de lo jocoso, no suena así cuando esto le significa al Estado paraguayo salarios por G. 100.975.145 cada mes
Marcos Antonio Griffith Maidana refirió, en comunicación con radio Monumental, que a su cargo de director le sigue una jefatura y cuatro encargados, mientras que solo cuentan con tres choferes.
La dirección se encarga de unos 23 vehículos y para la atención de estos se dividieron las tareas, desde el control de la salida de vehículos, el seguimiento de rendición de viáticos por viajes en el país, incluso cuando el Senado cuenta con una Dirección de Viáticos con un jefe de Rendición de Viático con un sueldo de G. 14.000.000. También está el encargado de documentación y archivo. Y por último el encargado de Trámites de la Dirección.
Griffith, sin embargo, señaló que no le parecía excesiva la relación de jefes sobre subalternos y que la absorción de un solo jefe significaría una sobrecarga cuando alguno salga de vacaciones. Como director de Transporte su asignación con bonificaciones alcanza G. 24.607.700 para una carga horaria de seis horas diarias, de lunes a viernes.
Explicó parte de la estructura: “Debajo mío hay un jefe de transporte, debajo están los subencargados que son cuatro. Los últimos tres son conductores. Los montos exactos (de salarios) no conozco bien, pero la bonificación es del 30% de su salario. Estamos mínimo seis horas y máximo pasamos las ocho horas. Fin de semana y feriados, sin horas extras”, refirió Griffith.
Los jefes de tres. Bajo Griffith se encuentran Augusto Ysaac Pérez Jara, quien sería el jefe de Transporte y Servicios de la Dirección de Transporte, con una asignación de G. 7.800.000 mensuales. Y le siguen los encargados Darío Mateo Guerrero Rojas, como encargado de Rendición de Viático de viajes al Interior del País con un salario sin descuentos de G. 12.114.775. El encargado de Trámites de la Dirección de Transporte José Manuel Duarte Espínola con G. 11.700.000, quien en planilla de diciembre de 2023 figura como secretario. Además de Enrique Anastacio Guerrero con G. 7.700.000, como encargado del Control de Uso de Vehículos y Plantel de Choferes, con G. 12.752.670.
Y finalmente tres choferes que cobran entre G. 8.000.000 y 8.800.000 cada uno, a lo que se le puede sumar los viáticos por viaje.
En planilla, sin especificar dependencia también se encuentra un pago por “estacionamiento” donde un funcionario recibiría la suma de G. 5.000.000.
Jefes para cada piso. En el área de servicios sorprende la especificación para brindar el servicio, no tanto en la asignación de auxiliares, sino de los directores y jefes. Así se encuentra el coordinador de Mozos con un salario de G. 13.650.000. Jefe de Mozo de la Presidencia G. 8.000.000; jefa de Limpieza Tercer Piso con un sueldo mas gratificaciones de G. 11.700.000.
De servicios, se desprenden varias direcciones que a su vez se encargan de otras direcciones que se reparten piso a piso. Entonces existe un director de Mantenimiento, un Coordinadora de Limpieza de la Dirección de Mantenimiento, un encargado de Limpieza del Primer Piso, otro para el segundo piso de la Dirección de Mantenimiento. También responden a esta línea los que brindan servicios de mozos dependientes de la Dirección de Servicios Generales con Mozo del Segundo Piso de la Presidencia.
Y a todo esto existen contratos específicos a despachos de senadores para servicios de mozos.
El mismo escenario se da en la Secretaría General donde no se observa el cargo de recepcionista, pero sí en de director de recepción.
Jefes de salida que no dan salida. En la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) se encuentra el jefe de Digitalización y Registros de Documentos Salientes que cobra G. 8.450.000 cuando la DGAF cuenta con un jefe de Mesa de salida de documentos que también cobra por procesar estos mismos documentos de salida unos G.13.00.0000.
Nido de jefes. Marcos Griffith, en la Dirección de Transporte que preside junto a otros cinco jefes.
Se cumplen dos semanas del anuncio de un nuevo proyecto que modifica el Fonacide en lo que tiene relación a los recursos para compra del almuerzo escolar, pero no hay novedades sobre los detalles.
Última Hora pudo acceder de forma extraoficial al plan del presidente Santiago Peña, que en esencia establecía la creación de un fondo para centralizar todos los recursos del Fonacide, excluyendo a los intendentes y gobernadores de la gestión del almuerzo escolar.
Pero este anticipo generó un torbellino político que obligó a Peña a retroceder en su proyecto, mientras que Lea Giménez anunció uno nuevo, negando que políticos fueran excluidos. La jefa de Gabinete indicó que la presentación sería en dos semanas, que se cumplen hoy, pero el Ejecutivo sigue sin información alguna.
El “peñismo” técnico no logra cerrar los ajustes y todavía está en la incertidumbre si se planteará la idea original o si habrá adaptaciones para evitar conflictos políticos.
Peña tenía el proyecto guardado y lo anunció como un cambio “radical” del Fonacide, pero finalmente no pudo salir a luz. La idea del presidente era centralizar en una sola caja todos los fondos del almuerzo escolar y que sean manejados por el Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Desarrollo Social, pero la presión política cambió los planes. El ambiente no estaba para confrontar con intendentes y gobernadores que serían despojados de esos recursos.
El ministro de Educación, Luis Ramírez, quien apoyaba al presidente en su intención de modificar Fonacide, reconoció que existen muchos problemas en el manejo del dinero para la alimentación escolar, y que es necesario que una institución central se ocupe de la administración y el control.
Lea comentó que uno de los cambios será la aplicación de la “auditoría recurrente” de la Contraloría, que es el control desde el inicio para evitar la corrupción.
El canciller nacional Rubén Ramírez recibió ayer las cartas credenciales del nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, Ricardo Capella Mateo, en una muestra de que las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro ya han sido restablecidas.
El encuentro fue propicio para el repaso de la agenda bilateral. El embajador venezolano se desempeñó como cónsul general en Barcelona, España, fue alcalde de Nirgua y diputado a la Asamblea Nacional por el estado de Yaracuy.
El pasado 15 de noviembre, los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Venezuela, Nicolás Maduro, han decidido restablecer las relaciones diplomáticas y consulares entre ambas naciones. No obstante, el acuerdo verbal entre ambos mandatarios se dio luego de que Peña haya ganado las elecciones generales en abril pasado.
Ambos países restauraron sus relaciones diplomáticas a cuatro años del cierre de la Embajada paraguaya en Caracas, en el 2019, luego de que el gobierno del ex presidente Mario Abdo Benítez rechazara un nuevo mandado de Maduro.
Paraguay mantiene una deuda de USD 300 millones con la nación caribeña por compras de combustibles en el 2009, que Santiago Peña se comprometió a saldar.
En su momento, el ex mandatario Mario Abdo Benítez se había negado tajantemente a negociar con parlamentarios chavistas la compra de combustibles de Venezuela.
De hecho, Abdo Benítez denunció el pasado 4 de julio, en su última participación como gobernante en la cumbre semestral del jefes de Estado del Mercosur, celebrada en la ciudad argentina de Puerto Iguazú, las “restricciones políticas” que suceden en Venezuela, como la inhabilitación electoral de la opositora María Corina Machado.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el pasado 13 de diciembre la designación de Capella Mateo, quien es ingeniero mecánico de profesión. En tanto, Paraguay aún no nombró al embajador que representará al país en Caracas.
BOLIVIA. Posteriormente a la presencia de Capella, Ramírez Lezcano recibió en audiencia al embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia, Rufino Pasquito Tarumbara, quien presentó copias de sus cartas credenciales. En la ocasión, conversaron sobre los principales temas bilaterales, destacando las buenas relaciones entre ambos países.
El embajador Rufino Pasquito Tarumbara fue asambleísta departamental de Chuquisaca, rector de la Universidad Indígena Boliviana (Unibol) Apiaguaiki Tüpa.
La ceremonia se realizó en la sede de la Cancillería Nacional con presencia de varias autoridades.
Cartas. Rufino Pasquito es el nuevo embajador boliviano. GENTILEZA
El Instituto de Bienestar Rural y de la Tierra (Indert) tiene pensado titular 3.500 lotes en este 2024. Así lo indicó el titular del ente rural, Francisco Ruiz Díaz, tras una reunión que mantuvo el día de ayer con todos los gerentes de la entidad, en el marco de la proyección de la entidad para el este año en materia de titulación de tierras para beneficiarios del Estatuto Agrario de todo el país, así como diferentes programas de desarrollo para fortalecer el arraigo rural
“El objetivo es lograr un récord histórico absoluto de 3.500 títulos de propiedad finiquitados a favor de las familias campesinas este año, para dar cumplimiento al mandato del presidente de la República, Santiago Peña, de elevar la meta a un 23 % más de la producción del año anterior”, anunció el titular del ente rural.
Ruiz Díaz evaluó la jornada de trabajo como muy positiva, resaltando que “vamos a impulsar soluciones a varios casos emblemáticos de tierra como Barbero Cué, entre otros, que requieren una coordinación sólida a nivel interno. Nos reunimos toda la alta dirigencia del Indert para coordinar una agenda de trabajo para la titulación masiva, así como acciones para brindar respuestas concretas a la problemática rural”.
“Los avances que estamos teniendo se deben al capital humano, por lo cual coordinamos la realización de encuentros cada mes para revisar el cumplimiento de las metas y hacer los ajustes necesarios para mejorar la gestión a favor de las familias campesinas”, mencionó.
La posibilidad de incluir en el sistema electoral la figura del balotaje, como una puerta de entrada a otros cambios significativos en el Estado paraguayo, alertó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, ya que la única manera de aplicar la segunda vuelta es abriendo una reforma de la Constitución Nacional.
Para el magistrado, esta intención política es peligrosa, no por eventuales cambios de forma, como la reelección o la cantidad de legisladores establecida, que considera lo menos dañino, sino por retrocesos en derechos fundamentales, atendiendo a las nuevas corrientes a nivel internacional que también tienen presencia en Paraguay, además de las intenciones de grupos económicos.
“Los actores políticos decidirán si quieren agregar la figura de balotaje, de reelección o aumentar la cantidad de parlamentarios, eso no afecta. Pero en la parte dogmática, donde se establecen los derechos fundamentales, no necesita de ninguna reforma, nuestra Constitución es de las más avanzadas del mundo. Se inscribe dentro de lo que se denomina neoconstitucionalismo iberoamericano. Ni la de Bolivia ni la de Ecuador son más avanzadas que la paraguaya de 1992”, subrayó Ríos.
La idea le resulta preocupante atendiendo al contexto político. Indicó que en este momento no hay seguridad de llevar un proceso sano y que solo basta observar lo que sucede en países de la región.
“A mí me preocupa que de repente en el marco de una reforma se puedan modificar derechos fundamentales, que tienen que ver con la vida de todos, con nuestra libertad. Me preocupa mucho que ahora se abra la posibilidad de una reforma”, insistió.
El ministro de la Corte aseguró que el avance del fascismo está cercano a la realidad nacional, por lo que sostuvo que lo más sensato sería mantener la Carta Magna en su estado actual. Puso como ejemplo la extrema misoginia de algunos sectores.
“En el mundo hay una corriente antidemocrática muy fuerte, hay una especie de fascismo que adopta discursos radicales. Uno no puede estar seguro de qué es lo que puede llegar a pasar en una Constituyente que tiene que ser producto de una elección popular y no podemos estar seguros de que no aparezcan figuras que tengan mucha incidencia sobre la Constituyente y te modifiquen aspectos sagrados que protegen derechos básicos”, reflexionó Ríos.
Antecedente. La idea de una reforma constitucional partió de algunos referentes opositores, luego de las elecciones en Argentina, que pusieron a Javier Milei como presidente gracias al balotaje. El senador liberal Salym Buzarquis fue el primero en anunciar un proyecto, supuestamente, como una forma de derrotar al Partido Colorado.
El balotaje abre puertas a una reforma constitucional y desde el cartismo no se hacen cargo de la iniciativa, pero admiten que hay cosas que deben cambiar en la Carta Magna.
Sin la mayoría colorada, es imposible el proyecto y los únicos que hasta ahora abrieron la posibilidad de impulsar este cambio fueron los liberales.
Pero si se convoca a una Constituyente, las propuestas que interesan al cartismo son claras, y una de ellas es añadir facultades a la figura del vicepresidente, similar a lo que sucede en Argentina.
Para el oficialismo, el vicepresidente Pedro Alliana es un actor importante y su rol político en el Congreso dio rumbo a proyectos del Ejecutivo, como el caso de la Ley de Jubilaciones y Pensiones. Tiene gran liderazgo tanto dentro del Estado como en el Partido Colorado.
El senador Derlis Maidana sostuvo que además quieren reformar las funciones de la Policía Nacional.
“No está en la agenda la reforma constitucional. Ahora me parece que la Constitución puede ser revisada. Uno de esos cambios podrían ser las funciones del vicepresidente, creo que debe ser mucho más protagónico en el Parlamento como en Argentina que preside el Congreso”, comentó Maidana.
El sistema de lucha contra el crimen organizado es otra reforma de interés que señaló el senador. “Entre los cambios que se podrían trabajar están el funcionamiento de la Policía Nacional, el funcionamiento de los organismos de defensa y lucha contra el crimen organizado, ya que los delitos desde el 92 son muy diferentes. Establecer claramente cómo debe ser la política de defensa nacional”, remarcó.
A mí me preocupa que en el marco de una reforma se puedan modificar derechos fundamentales que tienen que ver con la vida de todos.
Uno no puede estar seguro de lo que puede pasar en una Constituyente, que aparezcan figuras con incidencia. Víctor Ríos, ministro de la Corte.
En el orden del día de la Permanente, mañana, figura el pedido de sesión extraordinaria del Senado para tratar el desafuero de Hernán Rivas, pero el líder del cartismo Basilio Núñez ya confirmó que la convocatoria sería recién el 15 de febrero porque varios de sus colegas están de viaje.
Aseguró que el propio Rivas pediría que le quiten los fueros, y habría acuerdo de una mayoría para acompañar.
Además, dijo que incluirían otros puntos, entre ellos, los proyectos sobre la carrera civil y el de nepotismo, en esa misma sesión extraordinaria.
“Conversamos con el colega Rivas. Él va a pedir su desafuero y la bancada va a apoyar”, fue su compromiso.
“Eso se va a tratar en la Permanente y la postura nuestra, hablando ya con los diferentes colegas, es que esté incluido en el orden del día en la fecha, en febrero”, dijo.
“Se va a tratar con los otros puntos que fueron pedidos; por ejemplo, la ley del agente penitenciario; de mi parte, voy a pedir la inclusión de la ley de la carrera civil y la ley de nepotismo”, manifestó.
“Específicamente, el 15 de febrero”, respondió, cuando se le consultó sobre la fecha exacta de la sesión extraordinaria. “Estaba mirando que es una fecha indicada porque cae jueves. Varios colegas no están o están de viaje y pidieron estar”, comentó.
“Queremos asegurar el cuórum. Ya es un hecho concretado. Nadie va a salir en contra”, alegó el colorado.
“Siempre dijimos que tiene que ser el Poder Judicial el que defina este caso, donde no se configura un tráfico de influencias”, remarcó, siempre en defensa de Rivas.
“Interesante, para que ese tiempo, también los colegas que estamos o que están de viaje, vamos a compartir, aunque sea digitalmente, para que se ponga en contexto y se estudie la ley del agente penitenciario que tiene más de 150 artículos”, indicó.
En cuanto al proyecto sobre la carrera civil, especificó que tiene 156 artículos.
Bachi defendió su proyecto sobre modificaciones a la ley de nepotismo, alegando que está abierto a sugerencias, y que hay cambios porque se incluye la injerencia directa.
Conversamos con el colega Rivas. Él va a pedir su desafuero y la bancada va a apoyar. Eso se va a tratar en la Permanente. Basilio Núñez, ANR-Cartismo.
En la Cámara de Diputados se produce otro caso de nepotismo. Alexis Penayo y su esposa Carolina Barrios se encuentran desempeñando funciones en la Cámara Baja. Alexis es hijo del ex diputado Atilio Penayo.
Según la planilla de funcionarios comisionados a la Cámara de Diputados a diciembre del 2023, Atilio Rubén Penayo Musa, se encuentra comisionado desde el Ministerio Público y presta servicios en el despacho legislativo de la diputada Jazmín Narváez. Este cobra un salario de G. 9.500.000.
Su esposa Nelly Elena Carolina Barrios, por su parte, percibe un salario de G. 18.229.000. Ella ejerce el cargo de directora de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Penayo Ortega fue diputado nacional en el periodo 2008 – 2013 y formó parte de la Asociación Nacional Republicana (ANR). La pareja, cada mes, cobra la suma de G. 27.729.000. Mientras que de forma anual percibe G. 360.447.000.
Declaraciones Juradas. Según sus bienes patrimoniales, actualmente Alexis Penayo posee inmuebles por G. 550 millones y deudas bancarias por G. 112 millones, lo que da como resultado un patrimonio de G. 438 millones. La primera declaración jurada presentada por el funcionario data del 2015. En aquella oportunidad, hizo figurar bienes patrimoniales por G. 74 millones y deudas por G. 29 millones, cuyo patrimonio asciende a G. 45 millones.
Esto representa un crecimiento patrimonial de G. 49 millones al año. Antes de formar parte de la Cámara de Diputados, Penayo se desempeñó como asistente fiscal en el Ministerio Público.
Su esposa Carolina Barrios registró en sus declaraciones juradas del 2022, activos por G. 790 millones y deudas por G. 246 millones, lo que arrojó un patrimonio de G. 545 millones.
Su primera declaración jurada la registró en el 2013. En ese entonces, informó que solo tenía como activos un vehículo de G. 36 millones. Además, poseía una deuda de G. 66 millones, dando como resultado un patrimonio negativo de G. 30 millones.
Dadas estas declaraciones presentadas, un crecimiento patrimonial de G. 64 millones cada año en promedio.
Respuesta. Nos comunicamos con Carolina Barrios, para conocer cuáles son sus aptitudes, conocimientos y hoja de vida que la califiquen para ocupar el cargo de directora de una comisión.
La misma respondió que es funcionaria con una antigüedad de más de 12 años.
“Soy abogada, estuve en la Asesoría Jurídica, también en la Comisión de Obras y luego fui designada como Directora de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el 2022 y permanezco en el cargo por la gracia y el favor de Dios en este periodo”, explicó.
MÁS CASOS. Al igual que el caso Penayo, existen otros ex legisladores donde sus familias están cobrando un salario del Estado, a pesar de ya haber abandonado sus funciones parlamentarias.
La ex esposa del ex diputado liberal del Departamento Central, Héctor Lesme (2013-2018), María Regina Barrios, percibe un sueldo de G. 19.700.000. Ingresó a la Cámara Baja con el cargo de directora de Administración que ocupó durante la presidencia de la Cámara por parte del diputado Carlos López.
En esta lista, también aparecen las hijas de la ex diputada liberal, Ramonita Mendoza. Adriana Elizabeth Recalde Mendoza, figura con un ingreso total de G. 16.350.000, siendo funcionaria permanente.
Con asignaciones de G. 11.000.000 a G. 35.000.000, el Senado es un festín de altos cargos. Un director o jefe por cada 3 funcionarios es la relación laboral en la Honorable Cámara de Senadores, según los salarios percibidos hasta el mes de noviembre de 2023, disponibles como información pública. Las jefaturas con altos sueldos se crearon incluso por las actividades más inverosímiles y muchos acceden a estos altos rangos para finalmente ejercer labores menores no especificadas, como asistencias y coordinaciones. O simplemente trasladan sus beneficios por medio de comisionamientos a municipalidades de todo el país.
Con 21 directores generales, 185 directores y 157 jefes para una población que ronda los 1.200 funcionarios, el Senado muestra una estructura creada a medida y servicio de los intereses políticos que se cobran favores, asignando directores, jefes, encargados y coordinadores para escasos subalternos.
Se encuentran en el rango de asignaciones con elevada responsabilidad 363 funcionarios que tendrían a su cargo la gerencia de unos 837 subalternos, dando una relación jefe-empleado de 2,3 personas por cada jefe o director.
En la masa de funcionarios se encuentran personas con rangos de directores que ejercen igualmente funciones de asistentes no especificados en las planillas de pago. Es decir, mantienen sus salarios que triplican el salario mínimo por funciones que ya no cumplen. En el rango de jefe de departamento se encuentra a quienes cumplen el servicio de “asistente”, cargo que tiene en promedio una asignación de G. 3.500.000 a G. 5.000.000.
A medida. Entre las jefaturas más llamativas se encuentra la de jefe de mozo del 1er. piso y la del 2do. piso con una asignación de G. 11.050.000 por cada uno. Y con rango de encargados dependientes de directores y jefes, como la Dirección de Transporte, que cuenta con un jefe y a su vez con un “Encargado de Control de Uso de Vehículos y Plantel de Choferes de Dirección De Transporte”, con un sueldo más bonificaciones que alcanza los G. 10.400.000.
Igual caso se observa con una Dirección General de Comisiones, que figura en el organigrama principal. Sin embargo, las más de 20 comisiones asesoras vuelven a tener sus direcciones, coordinadores y jefes.
Y parecido a un trabalenguas se encuentra al Encargado de Acompañamiento al Personal de la Dirección de Bienestar y Control del Personal, ejercido por Patricia Rolón Vicioso, hermana del ex viceministro de Salud Julio Rolón Vicioso.
Triste acomodo. De 185 funcionarios que ostentan el rango de directores, se identifican solo 5 con número de resolución de ingreso a través de concursos públicos de méritos. En la larga lista de altos rangos se observa que esta selección de jefes no supera ni los 30 asignados bajo esta modalidad y el nivel académico de la mayoría llega a bachilleres.
Los salarios para los funcionarios de la Cámara Alta igualmente superan muy por encima de los montos mínimos que percibe la mayoría trabajadora del país, o sea, de unos dos 2 millones de paraguayos que percibe 1 salario mínimo, poco más de G. 2.680.373. Para la masa del Parlamento el mínimo es de G. 3.500.000.
de senadores que ya no están. Jefe de despacho, asesores y hasta encargados de oficina siguen figurando en la lista de pagos mensuales. Ente los funcionarios se encuentran los asignados a Mirta Gusinky, senadora hasta el 2021, y Tony Apuril, quien quedó fuera en las últimas elecciones. En el caso de Gusinky aún se abona por su encargado de su oficina y en el de Apuril figuraría como su encargado de despacho. Ambos contratados por jornales cobraron G. 2.500.000.
Con todo. Funcionarios llegan a altos cargos y se llevan sus dietas a otras instituciones.
Las Cifras
363 funcionarios cobraron en el rango de directores y jefes para una numerosa población.
157 jefes dependen de direcciones que a su vez cuentan con encargados que realizan similares funciones.
1.200 sería el aproximado de funcionarios del Senado, según planilla del mes de noviembre.
25 serían los funcionarios que cuentan con identificación de ingreso por concurso entre altos mandos.
187 personas cobran entre G. 11.000.000 a G. 35.000.000 como directores cuyas áreas se duplican o repiten.
200 funcionarios se encuentran en relación directa a servicios prestados a parlamentarios en sus despachos.
35.000.000 G. es la asignación más alta, En este monto se incluye un gasto de representación de G. 7.000.000. El monto se acerca al del presidente del Congreso.
Se superponen cargos hasta en las direcciones
Varias son las direcciones creadas dependientes de Direcciones Generales que integran, en conjunto, dos actividades iguales o similares. En la Dirección General de Administración Financiera, se asignó una dirección en dos direcciones generales, una administrativa y la otra financiera.
El director principal es Rubén Vázquez, quien justamente es uno de los que prácticamente iguala en el salario a los parlamentarios, ya que gana G. 31 millones entre salario y los demás beneficios.
Además, se tiene casos de dos personas compartiendo la misma dirección como la de Ceremonial y Protocolo, donde existen dos jefas para visitas internacionales y nacionales con el mismo salario y, por ende, responsabilidad.
Los comisionados tienen gratificaciones, además de salarios de sus instituciones
Entre los directores se encuentran los que ejercen el cargo que traen de otras dependencias del Estado, además de entidades binacionales. Así, en la Dirección General Jurídica a cargo de Miguel Ángel Brítez Pereira, figura un pago de G. 7.427.900 de bonificación por responsabilidad en el cargo y gasto de representación, mientras que el salario, dependiente de Yacyretá no figura.
En esta situación se encuentran los comisionados que suman a sus ingresos ya asignados por sus instituciones de origen.
En el rango de asesores prima la práctica donde las bonificaciones por cada asesor suman unos G. 4.000.000 a G. 6.000.000 millones. Sin contar los salarios de sus instituciones de origen ya asignados.
Práctica recurrente. Funcionarios que llegan a cargos de jefes u ostentan puestos de confianza, se acogen al comisionamiento instalándose en municipios de todo el país, principalmente en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Central e Itapúa. E incluso en dependencias de la Universidad Nacional y las entidades Yacyreta e Itaipú.
A cada uno le acompaña el salario alcanzado durante su relación en las oficinas del Senado.
En la lista de comisionados se encuentra un flujo de 100 personas que pasan indistintamente a otras áreas entre la Cámara de Diputados y el Senado, eso sí, manteniendo intactas sus altas asignaciones, por más que sus nuevas funciones no se encuentren debidamente identificadas en las planillas. Varios están a la espera de resoluciones de traslado permanente. En este punto integran la lista ex asesores de bancadas, ex encargados de despachos de senadores y diputados salientes. Directores, jefes y coordinadores que encabezan altas dietas terminan en puestos de asistentes lejos del real motivo de su vinculación a la función pública.
Surgen llamativos pagos por servicios personales
Al asumido por el propio presidente del Congreso, Silvio Ovelar, como el modelo de colaboradores por los senadores, con encargados de despacho, secretarios y asesores, se encuentra una larga lista de prestadores de “servicios personales” a distintos senadores con pagos por jornal que alcanza los G. 5.000.000.
En el desglose de pagos se encuentra entre los considerados jornaleros la designación de “servicios personales a senadores”. Los salarios van hasta los G. 3.000.000
La liquidación de pagos se identifica a los contratos por jornales y honorarios. Es en esta discriminación que se encuentra la labor de servicios personales.
Así se ve que utilizaron esta vía de contratación para una tarea no descripta en la planilla bajo esta denominación los senadores de la ANR, Colym Soroka, Derlis Maidana, Éver Villalba (PLRA), Hermelinda Alvarenga (PLRA), Javier Zacarías Irún (ANR), Celeste Amarilla (PLRA). Además de Arnaldo Samaniego (ANR), Lilian Samaniego (ANR) Natalicio Chase (ANR), Lizarella Valiente (ANR), Rubén Velázquez (Yo creo) y Ramón Retamozo (ANR)
Se suman también Kattya González (PEN), Esperanza Martínez (Frente Guasu), Derlis Osorio (ANR), Blas Lanzoni (PLRA), Éver Villalba, Dionisio Amarilla, Sergio Rojas, Pedro Díaz Verón, María Varela, Blanca Ovelar, Martín Arévalo (ANR), Édgar López y continúa con Óscar Salomón, Juan Afara (ANR), Basilio Núñez (ANR), Erico Galeano (ANR) y Noelia Cabrera, se presentan pagos bajo el concepto de jornal por contrato de servicios personales.
En la planilla se observa que varios parlamentarios recurren a dos o más de estos prestadores de servicios, que se suman a la ya larga lista de asesores, jefes designados para sus diferentes despachos, que ronda los 170 contratados para estas tareas.
El escándalo de asignaciones para acompañar a los parlamentarios es un tema recurrente que tomó notoriedad con la aparición de los llamados nepobabies, hijos de los parlamentarios que se escudan en cargos de confianza para tomar lugar en las oficinas del Congreso. En la lista se incluye incluso a la hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.
