Se presentó al Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Emergencia Sanitaria, que faculta al Poder Ejecutivo dictar medidas restrictivas al desplazamiento y obligar al uso de mascarillas.
El Poder Ejecutivo presentó ayer una propuesta de reforma de la ley de Emergencia Sanitaria, que busca establecer sanciones con penas privativas de libertad a funcionarios responsables de la inmunización irregular o que trafiquen con las vacunas. La iniciativa ya fue enviada al Congreso, y se insistió que sea tratada “lo antes posible”, según informó Hernán Huttemann, jefe de Gabinete Civil de la presidencia, quien anunció la medida en el Palacio de Gobierno.
“Esta propuesta lo que busca es que tengamos hoy un ordenamiento estable, ordenado con respecto a las medidas sanitarias. Por eso, tratamos de dejar bien en claro cuáles son las facultades y las competencias de los distintos órganos de control como la Policía Nacional, el Ministerio de Salud; y por otra parte, se establece que las intervenciones se pueden dar en los lugares públicos y en los lugares privados de uso público”, sostuvo Huttemann.
Agregó que el proyecto de ley plantea un régimen sancionatorio nuevo para quienes incumplan las normas de emergencia sanitaria. Las sanciones van desde 5 hasta 300 jornales mínimos. “Prevé, en su artículo 23, un tipo penal que establece que todo funcionario que, valiéndose de su cargo o posición, lograse o intentase que una persona se beneficie indebidamente de la vacunación contra el Covid-19, será pasible de una pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años”, resaltó el jefe de Gabinete del Ejecutivo.
Añadió que, del mismo modo, en el siguiente artículo se determina el tipo penal para personas que hurtan vacunas para su posterior comercialización con penas de 2 a 6 años de cárcel y la misma cantidad de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Huttemann también aclaró se trata de una ley temporal dirigida al combate contra el Covid-19. “Una vez que la emergencia sanitaria culmine, la ley queda sin efecto”, dijo. Insistió que lo que se busca es evitar el colapso sanitario, y dar cumplimiento al artículo 68 de la Constitución, que impone al Estado la obligación de responder con un sistema sanitario preparado en caso de catástrofe.
Potestad. La propuesta también señala las atribuciones que tendrá el Poder Ejecutivo para combatir la pandemia. Entra ellas, apunta a limitar la circulación de personas o vehículos en la vía pública, y declarar obligatorio el uso de sistemas adecuados de ventilación, el lavado de manos, el uso de mascarillas higiénicas y el distanciamiento social.
También prevé que el presidente pueda declarar imperativo el uso de sistemas adecuados de ventilación y mascarillas higiénicas en el transporte público y privado, y limitar la cantidad de personas que puedan permanecer en estas unidades. Además, se pretende limitar la reunión de personas en los eventos sociales, culturales, artísticos, deportivos y religiosos; y disponer el aislamiento de las personas con Covid-19; entre otras medidas.
Fuente: Diario ULTIMA HORA
